<p>Los técnicos del Ministerio de Hacienda (<strong>Gestha</strong>) advirtieron este lunes de que se ha producido un <strong>aumento del 18%</strong> en las <strong>denuncias </strong>por <strong>corrupción y fraude en la contratación pública,</strong> una cuestión preocupante que les ha llevado a diseñar 25 recomendaciones para el Gobierno que han compartido con EL MUNDO. </p>
Recomiendan publicar anualmente un listado de las personas condenadas con sentencias firmes por casos de corrupción
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron este lunes de que se ha producido un aumento del 18% en las denuncias por corrupción y fraude en la contratación pública, una cuestión preocupante que les ha llevado a diseñar 25 recomendaciones para el Gobierno que han compartido con EL MUNDO.
En primer lugar, creen que habría que publicar anualmente un listado de las personas condenadas con sentencias firmes por casos de corrupción, «en particular por delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales», y que habría que mejorar la conciencia ciudadana frente a la corrupción y el despilfarro, fomentando el conocimiento general del destino de los impuestos en las principales cifras de los presupuestos, como ocurre en otros países europeos desde hace décadas.
Ven necesarias modificaciones legislativas en algunas leyes para mejorar la situación, como por ejemplo cambiar la Ley de Contratos del Sector Público para restringir las posibilidades de decisiones discrecionales. Proponen también desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados en todos los casos, para dificultar que se produzcan «injerencias políticas o empresariales»; endurecer en la Ley de Contratos del Sector Público los efectos de contratar a empresas condenadas en firme «entre otros delitos, por cohecho, prevaricación o financiación ilegal de los partidos políticos, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio, así como a las sancionadas en firme por infracción muy grave en la protección de las personas denunciantes de la corrupción, entre otras muchas infracciones graves o muy graves». Creen, además, que habría que eliminar el carácter excepcional para que la prohibición de contratar se extienda al conjunto del sector público, y no se circunscriba con carácter general solo al sector público territorial en el que cometió los delitos por los que fue condenada.
Los técnicos del Ministerio que dirige María Jesús Montero consideran que habría que evitar que se externalice la elaboración de los Pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas de los contratos; proponen que la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción para que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público entre los cinco y diez años que el Código Penal prevé para el cohecho, de seis a diez años para el tráfico de influencias y de dos a siete años para los fraudes en cualquier acto de las modalidades de contratación pública, y establecer un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, al margen de las contables, administrativas y penales, así como al órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o ineficientes.
Sugieren, asimismo, aprobar las medidas normativas necesarias para evitar que los entes públicos escapen en mayor o menor medida de los controles a los que deberían someterse por su financiación con recursos públicos y modificar la normativa de financiación de los partidos políticos y la de información patrimonial de los representantes públicos, incluyendo sanciones por su incumplimiento o cumplimiento incorrecto o extemporáneo.
Como medidas preventivas proponen aprobar la Estrategia Nacional de Antifraude con criterios unificados y actuaciones coordinadas entre las Oficinas y Agencias Antrifraude y los Órganos de Control interno; establecer un Sistema de Alertas Rápidas de la corrupción para que las Oficinas y Agencias Antifraude analicen estos fraudes en fases tempranas, asegurando la protección al denunciante, especialmente si tiene relación funcionarial o laboral con la entidad denunciada; y exigir un mayor compromiso de las personas que dirigen las Administraciones públicas con las leyes de Transparencia de sus respectivos ámbitos, limitando las causas de denegación de información que serán siempre serán motivadas sin utilizar argumentos estereotipados, e impidiendo que las Administraciones interpongan recurso contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo por motivos muy excepcionales.
Sus propuestas incluyen también las siguientes medidas organizativas:
- Atribuir con claridad las funciones, competencias y responsabilidades esenciales de los puestos de trabajo que garantice la función fiscalizadora y de control de la Intervención General del Estado y de las Intervenciones forales, autonómicas y locales.
- Potenciar los procedimientos de investigación de irregularidades por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los órganos de control interno de las comunidades.
- Aumentar progresivamente las plantillas de la IGAE, la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales y los Servicios tributarios autonómicos a la media de los países europeos, ya que España tiene un déficit de técnicos para el control que necesita la envergadura de nuestro país, dotándoles de itinerarios de formación especializada.
- Aumentar el personal técnico investigador de las Oficinas y Agencias Antifraude de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.
- Adoptar las medidas necesarias para superar la crisis en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF), provocada por la remodelación de la forma de nombramiento de su director, ceses de funcionarios destacados en la persecución de la corrupción, supresión del comité de ética, los estándares del nuevo código de conducta y la supresión de su consejo de participación.
- Creación de Agencias Antifraude con funciones de investigación en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco, dotándolas de personal y medios suficientes para su finalidad.
- Atribuir funciones de investigación o inspección de las denuncias a las unidades o secciones de los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la comunidad de Galicia (OCEX) y a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
- Recuperar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la comunidad de Baleares (AIB), suprimida por el Parlamento Balear en marzo de 2024.
- Creación de Oficinas Antifraude de ámbito local en municipios de más de 200.000 habitantes, como las ya creadas en Madrid y Barcelona. De esta forma, estas oficinas independientes se crearían para la contratación local de los Ayuntamientos de València, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Vitoria-Gasteiz, La Coruña, Elche, Granada, Terrassa, Sabadell, Oviedo, Cartagena, Jerez de la Frontera, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona y Almería.
- En el caso de L’Hospitalet de Llobregat y Badalona, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona cuenta con un nuevo Reglamento de funcionamiento del buzón ético, aprobado el 02/04/2024.
- Promover la coordinación y colaboración efectiva entre los órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales y con el Tribunal de Cuentas.
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