El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este viernes una victoria, otra, al presidente Donald Trump en un caso en el que se estudiaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Era tal vez el más importante del curso judicial, que concluyó en una jornada frenética en la que se publicaron seis fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto que Trump promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular, pero sí limitaron el poder de esos jueces para oponerse a su agenda.
El fallo permite la entrada en vigor parcial del decreto que ordena acabar con la nacionalidad automática para los hijos de los indocumentados, pero no resuelve su constitucionalidad. El presidente celebra la sentencia como “una gran victoria”
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes en el caso de la ciudadanía por nacimiento, tal vez el más importante del curso judicial que concluyó en una jornada frenética en la que se publicaron esee y otros cinco fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump que promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular. Y no lo hicieron, porque lo que buscaba la Administración de Trump era que los magistrados estudiaran si las resoluciones de un juez federal −de, pongamos, Cheyenne (Wyoming)− que contradigan una decisión ejecutiva de un presidente, por ejemplo, Trump, deben tener efectos en todo el país, como ahora, o solo para quienes presentaron la demanda.
Pues bien, el alto tribunal publicó una decisión (6-3) de 119 páginas en la que se muestra dividido ideológicamente: los seis conservadores a un lado; las tres liberales al otro. La opinión mayoritaria la firma Amy Coney Barrett. En ella se dice que cuando esos jueces federales fallen sobre una decisión ejecutiva deben aplicar su decisión “lo más estrechamente posible”. También emplaza al alto tribual a retomar el caso de fondo, sobre el asunto de la nacionalidad por nacimiento.
Puede resultar un asunto excesivamente técnico, un asunto meramente procesal, pero se trata de una sentencia enormemente trascendental. No solo porque reequilibra la relación entre los poderes ejecutivo y judicial y cambia las reglas del juego de un sistema procesal a menudo incomprensible desde una óptica europea, sino también porque allana el avance de Trump por la senda de la ampliación del poder ejecutivo presidencial que ha seguido, ignorando a los otros dos poderes, legislativo y judicial, durante los primeros cinco meses desde su regreso a la Casa Blanca.
En ese tiempo, el magnate republicano ha gobernado a base de decretos y órdenes ejecutivas, que en decenas de casos le han parado los jueces federales repartidos por todo Estados Unidos, un país en el que esos cargos tienen una carga más política que en otros ordenamientos jurídicos y son designados por los presidentes, demócratas o republicanos, y aprobados por el Senado. Tras la decisión del Supremo de este viernes, cuando uno de esos magistrados ordene la suspensión de la aplicación de una decisión ejecutiva esta no implicará automáticamente dejar sin efecto la decisión ejecutiva en los 50 Estados.
El actual presidente no es el primero que ha puesto en duda ese sistema en Estados Unidos. A medida que ha ido creciendo el empleo del poder ejecutivo, desde los tiempos de George Bush, hijo, con él lo ha hecho la capacidad de los jueces federales para contrarrestarlo y la frustración de las sucesivas Administraciones, también de la de Barack Obama y la de Joe Biden.
Trump aprobó el decreto que originó el caso para derogar la ciudadanía por nacimiento, que está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, en su primer día en el Despacho Oval, pero tres jueces federales suspendieron la aplicación de la norma con efectos para todo el país.
Respaldo de las progresistas
En la vista oral del caso, las tres juezas progresistas respaldaron esas resoluciones, mientras que los miembros conservadores se mostraron partidarios de poner límites al poder de los magistrados para suspender normas a escala nacional. Algunos de ellos, sin embargo, sugirieron que en este caso lo veían justificado.
El caso tiene unas implicaciones enormes ante la tendencia de Trump a forzar los límites del poder ejecutivo, con decisiones que han encontrado en los jueces su principal foco de resistencia.
Trump decretó el final del derecho a la nacionalidad por el nacimiento en el territorio de Estados Unidos cuando los padres sean inmigrantes en situación irregular o cuando la presencia de la madre en el país sea legal, pero temporal (como, por ejemplo, una visita o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
Ese decreto va en contra de lo que ha sido durante más de un siglo la interpretación de una enmienda ratificada en 1868, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.
En una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Supremo interpretó de modo amplio la Decimocuarta Enmienda, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Desde entonces, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han adquirido la nacionalidad independientemente del estatus legal de sus padres.
Lo que pretende Trump, como parte de su agenda anitiinmigrante y su retórica xenófoba, es cambiar esa excepción a futuro, no de modo retroactivo. El presidente estadounidense sostiene que los inmigrantes sin papeles no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento. Tradicionalmente, se ha interpretado que sí lo están y que los únicos excluidos son los hijos del personal diplomático o, en un supuesto hipotético, los descendientes de fuerzas de ocupación sobre suelo estadounidense.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
Internacional en EL PAÍS
