<p>Las cinco asociaciones de jueces y fiscales enfrentadas con el Gobierno llevaron ayer a la Unión Europea sus temores sobre el riesgo que a su juicio suponen las reformas en tramitación para el Estado de Derecho. Tras una huelga de tres días que según sus cálculos tuvo un seguimiento del 70%, sus representantes se desplazaron ayer a Estrasburgo para mantener reuniones con los grupos políticos -todos menos el socialista han acordado un encuentro- y diversas autoridades comunitarias. Entre ellas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, <strong>Henna Virkunnen</strong>. Prevén igualmente un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, <strong>Roberta Metsola</strong>.</p>
Las asociaciones que fueron a la huelga exponen sus preocupaciones en Estrasburgo
Las cinco asociaciones de jueces y fiscales enfrentadas con el Gobierno llevaron ayer a la Unión Europea sus temores sobre el riesgo que a su juicio suponen las reformas en tramitación para el Estado de Derecho. Tras una huelga de tres días que según sus cálculos tuvo un seguimiento del 70%, sus representantes se desplazaron ayer a Estrasburgo para mantener reuniones con los grupos políticos -todos menos el socialista han acordado un encuentro- y diversas autoridades comunitarias. Entre ellas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkunnen. Prevén igualmente un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
En declaraciones en la sede del Parlamento Europeo, la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, indicó que lo que su intención es «llamar la atención sobre la situación de la Administración de Justicia en España», con un Gobierno que ha emprendido unas reformas que pretenden «copar la Justicia».
Su viaje coincide con la presentación del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, en el que la Comisión respalda la intención del Gobierno -se incluye en una de las reformas- de desvincular la duración del mandato del fiscal general de la del Ejecutivo. La medida había sido reclamada desde hace años en los informes de la UE. Según Dexeus, no es sino «una operación de maquillaje», puesto que las reformas que afectan a la Fiscalía inciden en un mayor control sobre ella por parte del poder político. Sostiene que los fiscales, cuando lleguen a asumir la dirección de las investigaciones, tendrán «menos independencia» que ahora, con una figura del fiscal general que se ve fortalecida.
Por su parte, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro González Mariscal de Gante, valoró positivamente el «compromiso» de los grupos parlamentarios y las instituciones: «Hay un compromiso con lo que nosotros planteamos desde el momento en que nos reciben. Nos escuchan, y esto es inédito, no se ha repetido desde, por desgracia, un antecedente tan peligroso como es Polonia para la Unión Europea. Vamos a tener que continuar en el Parlamento Europeo y en todas las instancias que correspondan».
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