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El Gobierno y la Generalitat ultiman el diseño de la «financiación singular» que permitirá a la autonomía la gestión en 2026 de más de 25.000 millones
Pedro Sánchez se dispone a pagar a ERC el apoyo cerrado que le prestó el miércoles en el Congreso para mantener viva la legislatura pese a las impúdicas evidencias de que la corrupción galopa a sus anchas por las entrañas del PSOE.
Ese pago no es otro que la consumación de la «financiación singular» acordada entre la formación que preside Oriol Junqueras y el PSC el pasado verano a cambio de su respaldo a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El Gobierno y el Ejecutivo catalán están concretando la fórmula para poner en marcha el proceso por el que Cataluña acabará recaudando, progresivamente, el 100% de los impuestos que se generan en la comunidad autónoma, lo que los independentistas tuvieron a bien bautizar como «soberanía fiscal».
En la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará el próximo lunes en Barcelona quedará acordado el traspaso a Cataluña de todo el IRPF generado en la región a partir de 2026. Esta exigencia ya quedó recogida en el acuerdo de investidura de Illa, pero era un mero compromiso al que ahora Sánchez e Illa van a dotar de oficialidad y de la arquitectura legal necesaria para que el cupo catalán pueda ponerse en marcha.
Ese armazón legal se iniciará con el registro de una proposición de ley del PSOE y ERC en el Congreso para impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), paso imprescindible para sacar a Cataluña del régimen común de financiación, como pretende Junqueras. La tramitación de dicha proposición se prevé ya para después del parón estival, lo que explica la obsesión de los republicanos por mantener viva la legislatura. Verla truncada implicaría también el derrumbe de su principal argumento político en la actualidad: el de haber conseguido arrastrar al Estado al reconocimiento de la singularidad fiscal catalana y a la consecuente supresión de uno de los mantras que sustentan el credo secesionista: el «déficit fiscal».
Cuando, en un todavía inconcreto horizonte temporal, la cesión de todos los tributos a Cataluña sea completa, la Generalitat pasará a gestionar 52.000 millones de euros en impuestos. Pero, a partir del año próximo, ya podrá controlar aproximadamente la mitad, gracias a la recaudación de todo el IRPF, el más importante de los tributos. No es casual que ERC exigiera arrancar con la cesión de esta figura. De lo contrario, se exponía a que su acuerdo de investidura con Illa fuera tildado de menor o incluso de un fraude al separatismo, algo que los republicanos no se pueden permitir en su estado de convalecencia.
Sin embargo, el trámite parlamentario del cupo catalán no se antoja sencillo. No está previsto que en la comisión bilateral del próximo lunes quede fijada la cuota de solidaridad que Cataluña aportará al Estado una vez completada la «soberanía fiscal» y ese elemento es crucial para obtener el respaldo de Junts a la modificación de la LOFCA y, por ende, al concierto económico.
Avisa la formación presidida por Carles Puigdemont de que únicamente apoyará la modificación legal que promueva la «financiación singular» si es la Generalitat la que decide, unilateralmente, qué cuota de solidaridad aportará al Estado una vez recaudados todos los impuestos. Los neoconvergentes rechazan que esa cifra pueda surgir de un pacto previo entre el Gobierno y la Generalitat porque entienden que ello perpetuaría el «café para todos» en lugar de saltar a una autonomía fiscal como la del País Vasco, que es la verdadera pretensión de Junts y que también forma parte de las conversaciones que Puigdemont mantiene mensualmente con los emisarios del PSOE en Suiza.
No resulta un escenario descartable, sino más bien previsible, que los herederos de Convergència intenten modificar en esa mesa clandestina los acuerdos salientes de la comisión bilateral para imponerle su marchamo y minusvalorar lo conseguido por ERC, como ya ocurrió con la Ley de Amnistía, inicialmente acordada entre los republicanos y el PSOE y posteriormente modificada a su antojo por Junts para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. El posible enroque de Junts «preocupa mucho», admiten fuentes de la Generalitat, que también reconocen «equilibrios» para no perjudicar la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía.
La nueva cesión de Sánchez al separatismo llevará el sello del Ministerio de Hacienda y, por tanto, de la también vicepresidenta. Que Montero esté a punto de promover desde el Gobierno el quebrantamiento del sistema fiscal español, con el consecuente agravio para el resto de comunidades autónomas mina sus opciones frente al popular Juanma Moreno, que, a buen seguro, subrayará la insolidaridad manifiesta de su rival para con los andaluces.
La argucia del Gobierno para maquillar este agravio consistirá en vender la idea de que la «financiación singular» catalana es plenamente extrapolable al resto de autonomías, como ya hiciera cuando concedió la superquita de 17.104 millones a Cataluña, también por reclamación de Junqueras.
Ese no es un aspecto que preocupe ni incomode a ERC. «Nos da igual lo que hagan con Extremadura», remarcan los republicanos a este diario, en un mensaje que ya trasladaron a Illa el pasado año durante la negociación de su investidura.
No están así dispuestos los independentistas a ceder con el principio de ordinalidad. Gobierno y Generalitat diseñarán un modelo de financiación por el que, una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial, las comunidades más ricas no queden por debajo de las más pobres. Es ésta una reclamación histórica del nacionalismo catalán, que fraguó la pretensión del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, de reclamar el pacto fiscal para Cataluña antes de que estallara el procés.
La implantación del concierto económico también supondrá engordar sobremanera la Agencia Tributaria Catalana para asumir la gestión de los tributos cedida por el Estado. El fisco autonómico cuenta con unos 800 empleados y deberá crecer hasta los 5.000, según cálculos del Govern, para culminar la sustitución del cuerpo de funcionarios de Hacienda en la comunidad.
En mayo, la Generalitat ya acordó la ampliación en 200 efectivos de la Hacienda Catalana, que constituyó una de las estructuras de Estado más destacadas en el planteamiento secesionista elaborado por Junqueras desde la vicepresidencia de la Generalitat y la consejería de Economía, que pilotaba antes del referéndum ilegal del 1-O. Ahora, la entente de Sánchez e Illa con los republicanos servirá para reflotar ese proyecto mientras el socialismo promociona la presunta normalización política de Cataluña de la mano de sus dirigentes.
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