<p>No sólo las comunidades autónomas están torpedeando la acogida de menores inmigrantes sin acompañar. Tampoco el Gobierno cumple con el mandato del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html»>Tribunal Supremo</a> para dar asilo a 1.000 niños y jóvenes llegados a Canarias desde Mali -principalmente- y que gozan de protección internacional. De hecho, el Ejecutivo central sólo ha acogido a 210 en un centro de tránsito de Las Palmas, y únicamente ha sacado de las islas a 52. El Ministerio de Migraciones se ha comprometido a derivar a otros 100 en septiembre, según ha sabido <strong>EL MUNDO</strong>. Es decir, no se acerca ni por asomo a las cifras que debe cumplir de manera forzosa.</p>
Únicamente 52 solicitantes de protección internacional se han resituado ya en otras autonomías desde la sentencia del Supremo
No sólo las comunidades autónomas están torpedeando la acogida de menores inmigrantes sin acompañar. Tampoco el Gobierno cumple con el mandato del Tribunal Supremo para dar asilo a 1.000 niños y jóvenes llegados a Canarias desde Mali -principalmente- y que gozan de protección internacional. De hecho, el Ejecutivo central sólo ha acogido a 210 en un centro de tránsito de Las Palmas, y únicamente ha sacado de las islas a 52. El Ministerio de Migraciones se ha comprometido a derivar a otros 100 en septiembre, según ha sabido EL MUNDO. Es decir, no se acerca ni por asomo a las cifras que debe cumplir de manera forzosa.
El 25 de marzo, el Tribunal Supremo le dio al Ejecutivo 10 días para acoger a esos primeros 1.000 menores solicitantes de protección -y aún faltan otros 200 por dar de alta en el sistema de protección internacional-. 160 días después, no se ha solucionado ni siquiera un tercio de los casos.
Así lo confirma la documentación a la que ha accedido este diario. En el Informe quincenal conjunto del Gobierno y Canarias, que se cerrará hoy en una reunión entre ambas administraciones, se asegura que «entre el 1 de julio y el 31 de agosto, por la Administración General del Estado se ha prestado asistencia a 275 personas solicitantes de protección internacional no acompañadas». 210 se han trasladado de manera «inicial» al centro Canarias 50-M (110 en julio y 100 en agosto), que es un lugar de «evaluación» de los menores antes de derivarlos.
De hecho sólo 52 solicitantes de asilo se han resituado ya en otras autonomías, en estos cinco meses que han pasado desde la sentencia. Es decir, un pírrico 5%. Uno de cada 20. La distribución es: 10 en Gijón, 12 en Ultzama (Navarra), 10 en en Baena (Córdoba) y 20 a un edificio estatal de Zaragoza.
El problema que tiene el Ministerio de Migraciones es la falta de edificios para recolocar a esos menores protegidos. Los representantes de la cartera que capitanea Elma Saiz han trasladado al Gobierno insular de Fernando Clavijo que en septiembre reubicarán a otros 100 menores. Es una cifra que a la administración autonómica le parece irrisoria, sobre todo por la contundencia inequívoca con la que se pronunció el Supremo.
El documento que van a suscribir Canarias y el Gobierno en su reunión de hoy ha generado fricciones entre ambos. Y mutó en la tarde deayer. El Ejecutivo de Fernando Clavijo exigió eliminar la referencia a que con la reforma de la Ley de Extranjería ya se encauzaba el reparto de los menores que han pedido asilo. «No, son dos cosas totalmente distintas: una cosa es la derivación ordinaria de los menores que tienen que ser acogidos por las comunidades autónomas y otra muy diferente son los que han pedido asilo: de esos tiene que hacerse cargo el Estado, no las CCAA».
Al final, y ante la presión del Supremo -que incluso obliga a grabar y enviarle las reuniones entre el abogado del Estado y los representantes canarios- y de Clavijo, el Ministerio ha cedido y ha eliminado toda referencia al reparto autonómico.
Es importante subrayar la contradicción: el mismo Gobierno que no cumple con diligencia con la sentencia del Supremo se queja -con el argumento incontrovertible del cumplimiento de la ley- de que las CCAA no acogen a menores de Canarias. El Supremo, de hecho, ya ha amenazado con sanciones por incumplir su fallo. «En caso de incumplimiento de lo ordenado», advierte sobre «la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables».
EQUIPARAR. El Govern balear que preside Marga Prohens reclamó ayer al Gobierno que equipare Baleares a la situación excepcional decretada en Canarias y que decrete la «contingencia migratoria».
MENORES. El Ejecutivo autonómico del PP reclama que, en consecuencia, se paralice de forma automática el reparto de menores migrantes llegados a Canarias que, por decreto, el Gobierno de España ha decidido derivar a los servicios de acogida de Baleares, entre otros.
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