<p>A dos meses de que se cumpla el aniversario de la <strong>dana </strong>que arrasó parte de la provincia de Valencia, en la zona cero preocupa la llegada de las <strong>lluvias de otoño</strong> y eso ha provocado que las administraciones vuelvan a ‘guerrear’ por el avance del estado de los <strong>trabajos antirriadas</strong>. La<strong> Generalitat Valenciana</strong> vuelve a mirar al <strong>Gobierno de España </strong>especialmente en dos apartados que preocupan: el alcantarillado y el estado de los cauces y barrancos. Desde el Ejecutivo de<strong> Carlos Mazón</strong> se considera que las ayudas y las labores anunciadas por <strong>Transición Ecológica</strong> llegan tarde.</p>
Los ayuntamientos recibirán 417 millones para reparar el alcantarillado que aún no están aprobados y la Generalitat reclama más limpieza de los cauces en previsión de los episodios de lluvias del otoño
A dos meses de que se cumpla el aniversario de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia, en la zona cero preocupa la llegada de las lluvias de otoño y eso ha provocado que las administraciones vuelvan a ‘guerrear’ por el avance del estado de los trabajos antirriadas. La Generalitat Valenciana vuelve a mirar al Gobierno de España especialmente en dos apartados que preocupan: el alcantarillado y el estado de los cauces y barrancos. Desde el Ejecutivo de Carlos Mazón se considera que las ayudas y las labores anunciadas por Transición Ecológica llegan tarde.
El Gobierno anunció que destinaría una partida de 500 millones de euros para que los ayuntamientos afectados pudieran recuperar su red de saneamiento, alcantarillado y depuración, cuestiones vitales para asumir nuevas lluvias. Sin embargo, aún no están aprobadas. Eso llegó al gobierno valenciano de Carlos Mazón a ofrecer a los consistorios la colaboración de la empresa pública Vaersa para anticipar los trabajos.
Ese movimiento provocó que ayer se desplazara a Valencia el secretario de Estado, Hugo Morán, para informar a los alcaldes y operadores del ciclo integral del agua de que «como mucho en las dos próximas semanas» estarán firmadas unas ayudas en una primera fase por valor total de 417 millones, un 20% más de lo previsto por el incremento de los precios. Esto significa, por ejemplo, que Paiporta, epicentro de la dana, recibirá 50 millones para trabajos que afectarán a 15 kilómetros de 74 calles del municipio y que, pese a estar todo planificado, no han podido arrancar aún. «Vamos a estar tres o cuatro años sin parar», reconocía el alcalde de Picanya tras la reunión con Morán.
De hecho, el Gobierno da cuatro años a los consistorios para justificar que realicen. Algunos han podido avanzar, con cargo a los 1.700 que ya recibieron para recuperar infraestructuras municipales, pero la mayoría las tienen pendientes. El Gobierno se escuda en que los procesos no se han podido avanzar «porque los plazos son los que son».
Desde la Generalitat no se comprende «que hayan pasado diez meses y los ayuntamientos sigan esperando la aprobación de las ayudas», explicó el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que sigue ofreciendo a Vaersa como la forma más rápida de acelerar los trabajos, una colaboración que el Ministerio no rechaza, si así lo quieren los ayuntamientos.
Otra cuestión que preocupa a la administración autonómica, y a algunos ayuntamientos como el de Valencia, que ya ha actuado por su cuenta, es la limpieza de los cauces de ríos y barrancos. Corresponde a la Confederación Hidrográfica (CHJ), que ya ha retirado 5.000 toneladas solo del lecho de Turia. «Pero siguen apareciendo vehículos en los cauces», se lamenta Martínez Mus que, además, pide que se delimiten de nuevo los cauces para acelerar el plan para crear una gran red de parques inundables que limiten el impacto de futuras riadas mientras llegan las obras hidráulicas por las que tanto clama Carlos Mazón. El Gobierno, de momento, solo prevé el encauzamiento del barranco de la Saleta, que se licitará en 2026, algo que el Ejecutivo autonómico considera insuficiente.
Aunque Morán destacó la «cooperación» técnica «desde el minuto cero», lo cierto es que las dos administraciones se comunican a golpe de declaración pública. De la visita del secretario de Estado, la Generalitat solo arrancó el compromiso de colaborar en la recuperación de L’Albufera con una aportación de 30 millones de euros cuyo destino determinará el plan que se está elaborando.
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