<p>La previsible ausencia de <strong>Presupuestos Generales del Estado </strong>(PGE) y de su acción correctora para 2026 lastrará inevitablemente las políticas sociales españolas, dado que desde 2010 la inversión de las comunidades autónomas en ellas ha bajado un 8,3%, del 67,4% al 59,1%, del total de sus gastos, según la <strong>Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales</strong>, en un informe hecho público este lunes.</p>
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta sobre las enormes diferencias de inversión en educación y sanidad entre comunidades, con Navarra y País Vasco en cabeza y Madrid, Cataluña y Murcia a la cola
La previsible ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de su acción correctora para 2026 lastrará inevitablemente las políticas sociales españolas, dado que desde 2010 la inversión de las comunidades autónomas en ellas ha bajado un 8,3%, del 67,4% al 59,1%, del total de sus gastos, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en un informe hecho público este lunes.
La entidad, independiente y que ha criticado a gobiernos de todo el espectro político desde hace 30 años, sostiene que en 2024 la inversión social de las regiones, cuyo presupuesto general creció en 9.750 millones, se redujo en 2.364 millones respecto al año anterior. Por ello, alertan sobre la ausencia de políticas sociales de Estado, aparte de las que realizan, de forma «muy desigual», las comunidades autónomas.
La asociación manifiesta en dicho informe la inequidad que la arquitectura autonómica del país introduce en las políticas sociales, señalando a las comunidades que menos invierten en políticas sociales. A la cabeza, Madrid, con 2.702,8 euros por cabeza, seguida de Cataluña con 2.940,8, y de Andalucia con 3.158. En el otro extremo de este improbable hit parade, Navarra con 4.500 euros, País Vasco con 4.343,5 y Extremadura con 4.124,1.
La asociación dirigida por José Manuel Ramírez lleva alertando desde hace 15 años de que lo perdido en 2010, con la Gran Recesión, en cuanto a inversión social, no se ha recuperado.
En aquel tiempo, según la asociación, que cada año hace públicos datos sobre la Ley de Dependencia, las comunidades autónomas gastaban dos de cada tres euros de sus presupuestos en políticas de integración social, educación, sanidad y servicios sociales. La proporción, ahora, cada vez se acerca más a uno de cada dos, al haberse reducido el total en ocho puntos porcentuales.
Los recortes autonómicos fueron especialmente drásticos en 2013, cuando además el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó las reformas y tijeretazos que José Luis Rodríguez Zapatero se había negado a realizar, sostiene Ramírez. El boquete fue en las regiones de hasta 100.000 euros menos de gasto social anual, según sus datos. A partir de ese momento, desde 2014 a 2020, el gasto en las partidas de educación, sanidad y servicios sociales no hizo sino crecer desde esa zona cero de 2013, pero siempre sin recuperar los niveles proporcionales previos.
La ayuda correctora de los Presupuestos Generales del Estado, sostiene la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, solía coadyuvar a equilibrar las partidas y la inversión durante todos esos años e incluso en los posteriores, pero «la ausencia de ellos en 2024 y 2025» ha propiciado un «parón».
Antes, además de lo que hiciera el Estado central, se produjo, siempre según los datos de esta asociación, un importante descenso proporcional en el gasto en políticas sociales por parte de las comunidades autónomas. Sobre todo después de la crisis del Covid, en 2020.
Aunque aquel trance «demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales», desde entonces hasta 2024 el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades sólo fue del 14,5%, mientras que el incremento en el resto de políticas fue el 62%: nada menos que 4,5 veces más. El dato, sentencia la asociación, «evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas».
El aumento de gasto de las comunidades ha venido a subrayar la desigualdad entre españoles, señala la asociación. Todas han aumentado su gasto social en los últimos cinco años, pero de forma completamente desigual. Mientras ese gasto creció en Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%), lo hizo mucho menos en Cataluña, Murcia y Madrid. Este último caso es especialmente preocupante: en cada uno de sus habitantes se invierten 574 euros menos que la media nacional.
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