<p class=»ue-c-article__paragraph»>»La energía no es para perder dinero, sino para ganarlo». Bajo este mantra, <strong>Donald Trump</strong> ha desatado un <strong>terremoto en el mercado mundial de energías renovables</strong>. Su reciente reforma tributaria, <i>One Big Beautiful Bill </i>(ley fiscal grande y hermosa), ha roto totalmente unas reglas del juego que en los últimos años habían atraído una ola de capital extranjero a Estados Unidos. Seca de golpe la lluvia de incentivos verdes que aprobó Joe Biden en 2022, a través del <i>Inflaction Reduction Act</i> (IRA), un paquete de incentivos que desató una fiebre inversora mundial que prometía transformar el mix energético de uno de los grandes exportadores mundiales de gas y petróleo.</p>
La reforma fiscal de EEUU ordena una retirada masiva de incentivos que afectará a centenares de proyectos, algunos están a medio construir y muchos están pilotados por empresas españolas que se enfrentan a un verdadero calvario legal
«La energía no es para perder dinero, sino para ganarlo». Bajo este mantra, Donald Trump ha desatado un terremoto en el mercado mundial de energías renovables. Su reciente reforma tributaria, One Big Beautiful Bill (ley fiscal grande y hermosa), ha roto totalmente unas reglas del juego que en los últimos años habían atraído una ola de capital extranjero a Estados Unidos. Seca de golpe la lluvia de incentivos verdes que aprobó Joe Biden en 2022, a través del Inflaction Reduction Act (IRA), un paquete de incentivos que desató una fiebre inversora mundial que prometía transformar el mix energético de uno de los grandes exportadores mundiales de gas y petróleo.
Buena parte de esos inversores que cruzaron el charco en busca del oro verde eran europeos y muchos de ellos, españoles. Tres años después, con cientos de proyectos a medio construir o en tramitación, la Administración Trump ha empezado a anular permisos y créditos fiscales, incluso, ha comenzado a tumbar parques a medio construir. Algunas empresas foráneas han suspendido temporalmente sus planes en EEUU. Confían en que el republicano no dure más de una legislatura. Otras se han lanzado a una contrarreloj para llevar los parques a «puerto seguro». En juego hay inversiones que superan los 27.000 millones de dólares (23.000 millones de euros).
«Entierra la transición verde. Nunca jamás construiremos nuevos paneles solares o parques eólicos en el país». El senador demócrata Christopher Scott Murphy valoraba así en el pódcast Pod Save America el mazazo del reciente plan fiscal a la transición energética de EEUU. En casi cualquier otro contexto, su frase sería una hipérbole, pero en este caso no lo es.
La firma local de análisis de datos Atlas Public Policy confirma un «aumento significativo» de inversiones renovables suspendidas en lo que va de año. «Hemos registrado 18.700 millones de dólares en proyectos manufactureros cancelados hasta septiembre, lo que deja en el aire la creación de casi 24.000 empleos», resumen. En todo 2024, el importe de cancelaciones no pasó de los 3.000 millones.
La firma ha recopilado en exclusiva para Actualidad Económica las inversiones comprometidas por empresas europeas y españolas en EEUU desde 2020. Respectivamente, llegaron a sumar 27.000 millones y 368 millones de dólares solo en proyectos manufactureros, es decir, para levantar fábricas locales de componentes solares, eólicos o de vehículos eléctricos. En lo que va de año, su monitor Clean Economy Tracker ha detectado que las empresas europeas ya han cancelado proyectos por valor de 7.000 millones de dólares.
El MIT y la firma de estudios Rhodium Group corroboran el efecto Trump. En el segundo trimestre de 2025, en pleno debate sobre la reforma fiscal, el valor de proyectos cancelados superó por primera vez en un trimestre al de los anuncios de inversión en el ámbito manufacturero. «Las empresas anunciaron alrededor de 4.000 millones de dólares para proyectos de fabricación, una pronunciada disminución del 59% frente al trimestre anterior y del 44% respecto al mismo periodo de 2024».
Según sus cálculos, la cartera de nuevas inversiones se contrajo en todos los segmentos. Los nuevos proyectos de generación de electricidad limpia a gran escala se desplomaron un 51% respecto al trimestre anterior y las iniciativas de descarbonización industrial cayeron otro 17%.
Trump promulgó su reforma fiscal el pasado 4 julio. Aún está por ver el impacto real de la ley. Según recuerdan desde Atlas Public Policy, su efecto en las estadísticas podría dilatarse, porque muchos promotores han optado por pisar el acelerador para no perder los incentivos aún vigentes. Y es que la reforma de Trump ha incorporado un safe harbour o puerto seguro. Los proyectos que sean capaces de empezar su construcción en los siguientes 12 meses o de entrar en operación en 2027 podrán mantener los créditos que obtuvieron en la era Biden. Antes de la Beautiful Bill, la fecha tope para culminar los proyectos era 2032. Ahora, los promotores tendrán que acabar sus proyectos cinco años antes de lo previsto.
El giro ha calado en el mercado español. Naturgy admitió en sus últimas cuentas que lleva «varios meses implementando estrategias para preservar los créditos», tanto para los proyectos en fases más avanzadas como, con las nuevas normas, «para asegurar los créditos fiscales del resto de la cartera menos madura». Acciona ha recortado en 400 MW su objetivo para este año de nueva capacidad verde instalada en EEUU. Lo ha achacado, principalmente, a «la paralización temporal de dos proyectos de baterías en respuesta a un entorno regulatorio más restrictivo». Asegura que su cartera de 1,2 GW en desarrollo tiene garantizados los incentivos y que otro porfolio adicional de 2 GW «podría acogerse a los beneficios de safe harbour«.
Fuentes financieras alertan de que los promotores independientes, con menos músculo financiero, lo tienen más difícil, pues a diferencia de los grandes jugadores muchos no pueden permitirse paralizar proyectos durante años ni redoblar recursos para cumplir los nuevos plazos. Acelerar, en cualquier caso, no garantiza que los parques se salven.
Muchos proyectos están aún en las primeras fases de tramitación, a la espera de permisos de urbanismo, ambientales o de construcción. Estos trámites escapan del control de los promotores. «En estos proyectos son frecuentes los retrasos por muchos factores, de problemas de suministro hasta permisos. En cada caso, los inversores deberán verificar si las nuevas condiciones podrían afectar a su posibilidad para acceder a los beneficios fiscales», explican desde el despacho Uría Menéndez. Con el nuevo marco, cualquier retraso puede hundir la rentabilidad de la inversión.
Como el héroe cervantino, Trump le ha declarado la guerra a los molinos. No quiere más parques eólicos y está dispuesto a impedir que los que están en proceso lleguen a buen puerto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya está maniobrando para retirar la licencia federal concedida a Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, para construir dos megaplantas de eólica marina en las costas de Massachusetts, con una inversión potencial de 6.000 millones.
La mayor eléctrica europea tiene un vínculo histórico con EEUU, su principal destino inversor y donde su principal negocio son las redes. Iberdrola tiene planes para invertir 20.000 millones de dólares en este segmento, y esa es su gran baza para negociar con Trump y tratar de salvar dos de sus activos eólicos más emblemáticos.
Lo cierto es que en España, el golpe de la Big Beautiful Bill va a ser peor de lo que reflejan las cuentas del Ibex energético, pues aquí llegará la onda expansiva de centenares de proyectos y pedidos frustrados de las grandes compañías europeas. En los primeros cuatro días del año embarcaron en el puerto de Motril las primeras unidades de las mayores palas de aerogeneradores que se habían visto nunca en el muelle granadino, y eso que de sus instalaciones salieron en 2024 alrededor de 10.0000 de estas piezas. En total, fueron una treintena de palas de ochenta metros de largo que la danesa Vestas había fabricado en su planta castellanomanchega de Daimiel. ¿Destino? Estados Unidos.
Vestas, que está en el top 3 mundial en su sector, informó al mercado el pasado agosto de una ralentización de pedidos en el segundo trimestre de 2025. El fabricante europeo recibió encargos de aerogeneradores por un total de 2.000 MW entre abril y junio. En valor, unos 2.200 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior los pedidos ascendieron a 3.600 MW, el equivalente a 4.400 millones de euros. Es decir, el volumen de encargos se desplomó un 44%.
El grupo tiene claro el motivo. «La disminución se debió, mayormente, a la falta de pedidos en algunos mercados principales, como EEUU, donde los clientes han estado esperando mayor claridad regulatoria», explicó la empresa. La ralentización que han detectado en Copenhague, inevitablemente, impactará en las fábricas y puertos españoles.
La mayoría de empresas españolas golpeadas por el giro fiscal van a toparse con un callejón sin salida legal. «En los últimos tres años, empresas internacionales han invertido miles de millones en proyectos de energía eólica y solar en EEUU, contando con esos créditos para financiar inversiones a largo plazo. Con el recorte de incentivos, ¿quién asume las pérdidas? Los desarrolladores, los financiadores o los inversores… Los contratos suelen contener cláusulas que asignan la responsabilidad por cambios legales sobrevenidos, pero anticipamos que los litigios para determinar quién soporta el coste de este giro regulatorio serán inevitables», prevén Carmen Mozón, socia de Energía de Andersen en España, y Jonathan Storms, socio del bufete en la oficina de Houston. Ambos asumen que muchas de esas controversias acabarán en tribunales estadounidenses, pero «no podemos descartar que los inversores extranjeros recurran a arbitrajes internacionales si las resoluciones adoptadas internamente resultan insuficientes o insatisfactorias».
Pero los tribunales estadounidenses tendrán que aplicar la ley nacional, es decir, la norma fiscal de Trump; y la vía arbitral está llena de baches. «Para que puedan plantearse reclamaciones de arbitraje de inversiones contra EEUU, el país tiene que tener un tratado de inversiones aplicable que proteja al inversor que quiere demandar. Hay que tener en cuenta que EEUU tiene muy pocos tratados de inversiones con otros países de ingresos altos como los de la Unión Europea. Entonces, un inversor europeo, en principio, no podría demandar al país ante un tribunal de arbitraje si su país no tiene un tratado de inversiones en vigor con EEUU», explican en Uría Menéndez.
En el otro lado de la balanza, la ley de Trump anticipa ganadores, entre ellos, los gigantes de gas, petróleo o nuclear; que en muchos casos han celebrado la reforma, confirmado sus objetivos financieros y subido en bolsa. También hay vencedores dentro del negocio renovable. «Ahora podemos usar hidrógeno verde, hidrógeno gris, el hidrógeno que deseen. Realmente lo vemos como un verdadero impulso», celebraba Andy Marsh, CEO de Plug Power, el gigante estadounidense de pilas de hidrógeno. En ese barco están también fabricantes patrios de componentes para la industria verde que podrían aprovechar las nuevas restricciones a las importaciones asiáticas para disparar ventas y subir precios.
Incluso entre los ganadores hay nerviosismo. First Solar, el mayor fabricante de módulos solares del país, ha alertado de la letra pequeña del posible traspaso de créditos fiscales, una de las salidas que ofrece la ley Trump a aquellos inversores que no se sientan capaces de acabar sus proyectos a tiempo. Los acuerdos para transferir estos incentivos incluyen cláusulas que obligarían al vendedor a indemnizar al comprador del crédito en caso de que, al final, este no lograse reclamárselo al Estado. La firma ha reconocido ante sus inversores que no puede confiar al 100% en que la Administración Trump mantendrá su palabra y reconocerá los créditos.
Trump ha amenazado a la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el brazo energético de la OCDE, con sacar a EEUU de la institución por afirmar que la demanda mundial de crudo y gas disminuirá a medida que avance el despliegue mundial de energías limpias. ¿Qué hay detrás de su cruzada antirrenovable? «El mensaje de que pierden dinero es una excusa. Las renovables ya son más baratas que los combustibles fósiles», asegura Hammam Alkezmazy, investigador y consultor en sostenibilidad. Las previsiones de Goldman Sachs lo apoyan: «La ausencia de créditos fiscales casi con certeza conducirá a un aumento del 15%-20% (unos 10 dólares/MWh) en los precios de los PPA (acuerdos de venta de energía a plazo)».
Alkezmazy recuerda que el comité de la investidura de Trump recibió más de 19 millones en donaciones de grupos vinculados al negocio fósil. «Las reiteradas declaraciones en contra de las energías limpias reflejan no solo críticas, sino un odio político hacia ellas que ignora sus beneficios económicos». El experto recuerda que, además de la retirada de créditos, la ley fiscal quiere fijar una tasa de hasta el 20% a los ingresos procedentes de EEUU que perciban los inversores foráneos. Ello resta atractivo al país a ojos del capital verde y pone en riesgo los objetivos climáticos.
El experto admite que «no es inédito» que presidentes estadounidenses se enfrenten a organizaciones internacionales, pero sí en la forma en que Trump ha atacado, entre otras, a la IEA. «El conflicto entre su Administración y los defensores de las renovables es una batalla continua. En mayo, fiscales generales de 17 estados y Washington DC ya emprendieron acciones legales contra la orden ejecutiva del presidente que detiene el desarrollo de la energía eólica. Preveo que surgirá más resistencia en el futuro y que más estados, comunidades y organizaciones se unirán al movimiento contra las acciones de Trump», zanja Alkezmazy.
Actualidad Económica
