<p>El <strong>Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana</strong> (MIVAU) notificó ayer a las plataformas de alojamiento que deberán retirar los anuncios de <strong>53.876 pisos</strong> turísticos ilegales, por no haber cumplido con los requisitos legales para obtener el número único de registro. Esta medida, que identifica cada inmueble de uso turístico o de temporada en España, empezó a funcionar el 1 de enero de 2025 y es obligatoria desde el pasado 1 de julio. Desde entonces, ha recibido un total de 336.497 solicitudes, según los datos de Vivienda: de estas, 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico; y dentro de este grupo, 53.786 han sido rechazadas (20,3%). </p>
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó ayer a las plataformas de alojamiento que deberán retirar los anuncios de 53.876 pisos
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó ayer a las plataformas de alojamiento que deberán retirar los anuncios de 53.876 pisos turísticos, declarados ilegales por no haber cumplido con los requisitos para obtener el número único de registro. Esta medida, que identifica cada inmueble de uso turístico o de temporada en España, empezó a funcionar el 1 de enero de 2025 y es obligatoria desde el pasado 1 de julio. Desde entonces, en la Ventanilla Única Digital se ha recibido un total de 336.497 solicitudes: de estas, 264.998 (78,75%) corresponden a pisos de uso turístico. Y dentro de este grupo, el 20,3% han sido rechazadas.
A nivel de comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista de las regiones con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas: hasta 16.740 viviendas, lo que supone casi un tercio del total nacional (31%). Se aprecia una alta concentración de alojamientos ilegales en los municipios de la Costa del Sol, donde Marbella aglutina 1.802 pisos ilegales, Málaga concentra 1.471, Benalmádena, 926; y Fuengirola, 686. Así, la provincia malagueña lidera este ranking entre las andaluzas con un total de 8.014 viviendas ilegales, seguida de las 2.849 en Cádiz y las 2.533 en Sevilla.
De nuevo en el plano autonómico, Canarias (8.698) se coloca en el segundo puesto de las más señaladas por las medidas de Vivienda. Le siguen Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana (7.499), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y Comunidad de Madrid (1.531), a la que le han retirado un tercio de las solicitadas. En este último caso, además, Vivienda encuentra «la gran anomalía» en los registros: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales (es decir, con contratos inferiores a un año), y solo el 17% como turísticos.
En el lado opuesto, es decir, con menos casos de pisos turísticos sin licencia, se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 13 solicitudes conjuntas. En el plano peninsular, las menos afectadas son La Rioja (136) y Extremadura (181).
Ahora, será tarea de las distintas plataformas retirar los anuncios de estos inmuebles. Entre estas se encuentra Airbnb, que ya ayer envió un comunicado reafirmando su «compromiso proactivo» con la medida del registro único. La empresa de Brian Chesky insiste en que ha notificado a todos sus anfitriones la obligación del número de registro nacional, que en su caso, desde enero se aplican en 70.000 anuncios más. Y en alusión directa al último comunicado de Vivienda, la americana informa que menos del 10% de los casos revocados hasta la fecha tienen un anuncio activo en su web (y que serán, por ello, dados de baja).
El sistema del Registro Único de Arrendamientos asigna un número de identificación a cada inmueble que no tenga un uso residencial. Esta especie de DNI de viviendas debe aparecer en los respectivos anuncios dentro de las plataformas, para un mayor control y transparencia en un sector que no ha dejado de crecer en los últimos años.
Ahora, tras estas primeras identificaciones de alojamientos ilegales, el Gobierno pretende su incorporación al mercado de alquiler residencial. Según expresó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un mitin celebrado ayer en Málaga (Andalucía), las más de 53.000 viviendas revocadas hoy pasarán a ser «alquileres constantes, permanentes, para la gente joven y las familias de nuestro país».
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