<p class=»ue-c-article__paragraph»>La llaman <strong>«capacidad ociosa»</strong> y, a día de hoy y en pleno <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/09/09/68c01902e9cf4a7d138b457c.html»>colapso eléctrico</a>, hay mucha en las redes españolas. Muchísima. Tanta como para conectar, rápidamente y sin apenas coste, demanda equivalente a otra España entera. Red Eléctrica, la empresa que gestiona las líneas de alta tensión, todavía no ha hecho público el mapa de saturación de esta infraestructura, pero en el sector calculan que actualmente existen <strong>alrededor de 50 gigavatios (GW) disponibles y bloqueados</strong> en sus subestaciones, a los que la industria no puede acceder por una traba regulatoria que el Gobierno arrastra desde hace tiempo.</p>
Las líneas de alta tensión podrían acoger alrededor de 50 GW de demanda adicionales, pero la industria no puede acceder a ellas por una traba regulatoria. Transición Ecológica intentó solucionarlo con el decreto ‘antiapagones’ que tumbó el Congreso
La llaman «capacidad ociosa» y, a día de hoy y en pleno colapso eléctrico, hay mucha en las redes españolas. Muchísima. Tanta como para conectar, rápidamente y sin apenas coste, demanda equivalente a otra España entera. Red Eléctrica, la empresa que gestiona las líneas de alta tensión, todavía no ha hecho público el mapa de saturación de esta infraestructura, pero en el sector calculan que actualmente existen alrededor de 50 gigavatios (GW) disponibles y bloqueados en sus subestaciones, a los que la industria no puede acceder por una traba regulatoria que el Gobierno arrastra desde hace tiempo.
Consciente de ello, el Ministerio de Transición Ecológica, que pilota Sara Aagesen, trató de liberar parte de esa capacidad desaprovechada a través de una reforma que incluyó en el decreto antiapagones. Pero el Congreso lo tumbó en julio con el rechazo de un amplio bloque de derecha e izquierda; incluidos PP, Vox, Junts y los cuatro diputados de Podemos.
Esta capacidad ociosa se concentra en la red de transporte o de alta tensión. Sus líneas fueron diseñadas para que grandes centrales de generación volcasen en ellas su electricidad. Originalmente, los consumidores conectados a transporte se contaban con los dedos de una mano. Adif o gigantes industriales como ArcelorMittal eran la única demanda enchufada en esta infraestructura. Pero ahora esto ha cambiado. Hoy acumula un aluvión de peticiones de gran consumo que lo ha desbordado todo, incluida una regulación que ni en el escenario más optimista hubiera previsto este gigantesco apetito.
En la mayoría de las subestaciones de la red de alta tensión hay posiciones para demanda «ociosas». Las posiciones son el equivalente a los enchufes donde se conectan los consumidores. Como históricamente no había casi necesidad de abrir posiciones de consumo, muchas subestaciones tienen todavía capacidad para activar nuevos enchufes. Imaginen una regleta gigantesca en la que hay cuatro enchufes, pero solo uno está funcionando. El problema es que el trámite legal para desbloquear esos enchufes vacíos es enormemente complejo y, sobre todo, largo.
Por ello, Transición Ecológica incluyó en el Real Decreto-ley 7/2025, conocido como decreto antiapagones, una reforma para agilizar el acceso a toda esa capacidad libre que acumulan las subestaciones de Red Eléctrica, La idea pasaba por un modelo de autorizaciones exprés.
El ministerio quiso aprobar un sistema que aceleraba el proceso, con revisiones cada cuatro meses, en vez del modelo actual, que obliga a esperar a la aprobación de la siguiente Planificación de la red de transporte, que se publica cada cinco años y que debe aprobar el Consejo de Ministros. El decreto fue rechazado en el Congreso por el rechazo de la oposición y de alguno de los socios de coalición de Pedro Sánchez. Un duro revés para la estrategia energética del Ejecutivo y para toda la industria.
Las redes eléctricas son una olla a presión. Hace unos días, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP destaparon una congestión sin precedentes en las líneas de distribución (media y baja tensión) que son las que gestionan estas empresas. El 83,4% de sus puntos de conexión están ya saturados. En una treintena de provincias no hay ya capacidad para conectar a ningún nuevo inversor, algo que amenaza el desarrollo económico de casi todas las Comunidades Autónomas.
Red Eléctrica tendrá que desvelar, al igual que lo han hecho las grandes eléctricas, la capacidad disponible en la red de transporte. Todavía no lo ha hecho porque la CNMC aún no ha especificado cómo tiene que hacer los cálculos. Todo apunta a que en transporte se replicará el colapso que se ha destapado en distribución. A pesar de no contar con datos oficiales, según las cifras que manejan en el sector, las subestaciones del operador estatal acumulan alrededor de 50 GW de capacidad ociosa. Fuentes técnicas corroboran que en casi todos los nudos (puntos de conexión) para demanda en la red de alta tensión hay un porcentaje «muy elevado» de capacidad desaprovechada.
La medida que trató de introducir el ministerio en el decreto antiapagones solo resolvía una parte del problema. Fuentes del ámbito supervisor aseguran que hay una segunda traba, aún más importante. Y es que en la red de transporte cada posición (cada enchufe dentro de la regleta) solo puede ser ocupado por un consumidor, independientemente de que este utilice o no toda la capacidad disponible en ese enchufe. Es decir, si una posición tiene margen para suministrar, por ejemplo, 50 MW y el primer consumidor en hacerse con ella únicamente necesita 20 MW, los otros 30 MW quedan bloqueados, aunque cerca haya una industria que quiera aprovecharlos.
Ese modelo de una posición para cada consumidor agrava la problemática de la capacidad ociosa. Mientras industrias, centros de datos, infraestructuras para los vehículos eléctricos… se amontonan a la espera de ser enchufadas, la infraestructura eléctrica nacional está infrautilizada. Y el problema tiene difícil solución.
Aagesen presentó el viernes un nuevo real decreto para reforzar el sistema eléctrico, al que se sumará un plan de inversiones histórico, de 13.500 millones, para el desarrollo de la red de transporte. Pero este nuevo paquete no incluye la citada reforma para agilizar el acceso a capacidad ociosa. El escollo es político. Modificar la Planificación exige una norma con rango de ley y el real decreto que ha lanzado el ministerio no lo es, precisamente, para salvar el bloqueo parlamentario. Urge desatascar el despliegue de redes, aunque ello implique dejar fuera algunas reformas clave.
Con las nuevas medidas, el ministerio prevé dar entrada a 27,7 GW hasta 2030. En palabras de la vicepresidenta, eso supone «multiplicar por 14 la integración de nueva demanda». El paquete de medidas presentado incorpora reformas de calado que han sido celebradas por el sector y por la industria. Por ejemplo, elevar el tope anual a la inversión permitida en redes un 62% hasta 2030. Entre las obsesiones del ministerio está «optimizar la red existente», precisamente, para integrar el máximo consumo con el mínimo coste para el ciudadano. El reto exige, necesariamente, el compromiso político de todo el arco parlamentario.
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