<p class=»ue-c-article__paragraph»>Preguntado por los disturbios que obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta a España, el ministro del Interior, <strong>Fernando Grande-Marlaska</strong>, explicó que las fuerzas de seguridad tenían dos objetivos. El primero era garantizar el derecho de protesta de los manifestantes propalestinos. El segundo era garantizar la seguridad de los ciclistas y de los espectadores que habían acudido a verlos.</p>
Asombra la evidente despreocupación que mostró Marlaska -y que han seguido mostrando los dirigentes socialistas- ante los fallos de seguridad
Preguntado por los disturbios que obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta a España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que las fuerzas de seguridad tenían dos objetivos. El primero era garantizar el derecho de protesta de los manifestantes propalestinos. El segundo era garantizar la seguridad de los ciclistas y de los espectadores que habían acudido a verlos.
Toda España sabe que ese segundo objetivo no se cumplió. Si lo hubiera hecho, la etapa no se habría cancelado, los ciclistas no habrían afrontado situaciones muy tensas y los ganadores no habrían tenido que improvisar un podio con neveras portátiles en el parking de un hotel. Sin embargo, el ministro no aludió a esto.
Para él, el dispositivo policial fue «absolutamente suficiente», las protestas fueron «pacíficas» y la imagen que se transmitió fue la de «una sociedad comprometida con la paz en el mundo». El ministro deseó, luego, que los 22 agentes de la Policía Nacional heridos se recuperaran pronto; ya se sabe que todo alto cargo de este Gobierno debe ser inmune al principio de no contradicción.
Este no es, sin embargo, el único aspecto desconcertante de las declaraciones de Grande-Marlaska. También asombra la evidente despreocupación que mostró -y que han seguido mostrando los dirigentes socialistas que han hablado sobre lo ocurrido- ante los fallos de seguridad. No es solo que Interior fracasara a la hora de proteger el evento; es que parece darle igual haber fracasado. Esto daría oxígeno a la sospecha, denunciada por los sindicatos policiales, de que el boicot habría contado con la connivencia del Gobierno.
El propio Pedro Sánchez había declarado esa mañana su admiración por quienes querían reventar un acto… cuya seguridad debía garantizar el Ejecutivo que él mismo preside. Pero incluso si no existieran esa simpatía declarada o esas sospechas de connivencia, la actitud de Grande-Marlaska y el resto del oficialismo seguiría siendo muy preocupante. ¿Realmente no importa a las autoridades haber fracasado a la hora de garantizar la seguridad de un evento multitudinario en el centro de Madrid?
Quienes defienden lo ocurrido en La Vuelta suelen responder a este tipo de reparos con el argumento de que el fin justifica los medios. Qué más da que se haya interrumpido una carrera ciclista, dicen, si lo importante es denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. Pero aquí conviene separar los debates, y, en concreto, distinguir entre lo que puede argumentar un manifestante y lo que puede argumentar un presidente o un ministro.
Si se acepta que el Gobierno puede tomarse más o menos en serio la protección de un acto dependiendo de lo que opine sobre sus participantes, o de cómo encaja ese acto en su repertorio de causas preferidas, ¿por qué quedarse solo en el boicot a la Vuelta? ¿Por qué no se podría aplicar ese principio a otros actos o eventos sobre los que Sánchez tenga una posición política definida?
Uno pensaría que asomarse a la pendiente resbaladiza de la arbitrariedad -y en algo tan delicado como la protección del orden público- produciría inquietud, y no la satisfacción que se palpa en algunos sectores cercanos al Gobierno. Quizá todo se explique con aquella frase de Soto Ivars: ojalá gobernase el Partido Popular para que lo entendieran.
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