<p>De golpe en golpe. <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts</a> ha asestado este martes otra derrota simbólica a <a href=»https://www.elmundo.es/espana/yolanda-diaz.html»>Yolanda Díaz</a> después de que la semana pasada <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/09/10/68c1aca9fdddffde388b458d.html»>tumbara</a> con sus votos su proyecto estrella como ministra de Trabajo: la <strong>reducción de la jornada laboral</strong> a 37 horas y media. Seis días más tarde de ese episodio, el partido de <strong>Carles Puigdemont</strong> ha vuelto a utilizar ahora sus siete votos para propiciar que el Congreso haya enterrado una proposición de ley de <a href=»https://www.elmundo.es/espana/sumar.html»>Sumar</a> para crear una oficina anticorrupción.</p>
Arruina la ley de Sumar de crear una oficina anticorrupción tras el duro choque de la semana pasada
De golpe en golpe. Junts ha asestado este martes otra derrota simbólica a Yolanda Díaz después de que la semana pasada tumbara con sus votos su proyecto estrella como ministra de Trabajo: la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Seis días más tarde de ese episodio, el partido de Carles Puigdemont ha vuelto a utilizar ahora sus siete votos para propiciar que el Congreso haya enterrado una proposición de ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción.
Se trata de un duro revés para Díaz, que pierde otro de sus emblemas en los últimos tiempos y que había enarbolado para distanciarse de la corrupción en las filas del PSOE. Es una medida que la vicepresidenta segunda venía exigiendo a Pedro Sánchez desde hace más de un año, con la que le presionó en una reunión con él en La Moncloa y que, finalmente, el presidente del Gobierno aceptó incorporar dentro de su paquete para luchar contra la corrupción. Un plan que fue anunciado tras el escándalo de Santos Cerdán.
Pero la oficina no saldrá adelante. Ni siquiera se va a tramitar porque el voto en contra de Junts, unido al de PP y Vox, ha fulminado a las primeras de cambio la proposición de ley (170 votos a favor, 176 en contra y una abstención). Lo mismo que sucedió la semana pasada con la reducción de la jornada laboral, que fue vetada en la primera votación con una mayoría alternativa de la derecha.
Aquel debate desató una dura confrontación dialéctica entre Díaz y Junts, que comenzó en el debate de la jornada laboral cuando la vicepresidenta segunda hizo una intervención muy vehemente y crítica contra el partido catalán, al que llamó representante de los sectores «más reaccionarios» de la patronal. El choque se extendió durante los días siguientes y desató un profundo malestar en Junts, así como preocupación en el PSOE por si se estaban dinamitando los puentes con uno de sus socios esenciales para subsistir.
Ahora Junts se venga de las palabras de Díaz haciendo descarrilar otra de sus iniciativas, la creación de un ente «independiente» que se proyectaba para sancionar, apoyar investigaciones o recibir denuncias de casos de corrupción. Más allá de las razones del rechazo de Junts, la sucesión de golpes del partido independentista a Díaz pone sobre aviso al PSOE de la inestabilidad de sus votos en el Congreso y también pone en entredicho el papel de la vicepresidenta segunda como interlocutora de confianza con Puigdemont. Un rol que ha alimentado ella en muchas ocasiones cuando ha revelado que mantiene contactos habituales con el líder de Junts. Es cierto que los dos labraron una buena relación cuando Díaz fue la primera persona del Gobierno en ir hasta Bruselas para reunirse con el ex presidente catalán. Sin embargo, Junts ha negociado los temas capitales de la legislatura, como la amnistía o el catalán en Europa, con los emisarios del PSOE.
En cuanto a los argumentos de su voto en contra, lo primero es que Junts ha desvinculado su posición del episodio de la reducción de jornada. Fuentes de Junts recelan de la oficina anticorrupción porque ésta tiene «un aroma centralizador muy fuerte». Como ya existe una oficina antifraude en Cataluña, dicen, lo «último» que les interesa es duplicar estructuras con un nuevo órgano estatal que pretenda «controlar» la oficina catalana.
Junts justifica su temor a que el ente caiga en una politización como sucede con el CIS. De modo que el dinero público se utilice para políticas «partidistas» que, además, ahonden en la «descoordinación» y la «duplicidad de estructuras». Durante el debate, el diputado Josep Pagès ha tachado de «ocurrencia» la iniciativa.
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