<p>La instalación de un nuevo sistema de alerta temprana fue uno de los compromisos que adquirió el <strong>Ministerio para la Transición Ecológica</strong> tras el paso de la dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. El llamado <strong>SAT </strong>ya estaba instalado en cuencas como la del <strong>Ebro</strong>, pero no en la del <strong>Júcar</strong>, en la que existen barrancos sobre cuyo riesgo de inundación se lleva alertando desde años. Es el caso del tristemente famoso barranco del <strong>Poyo</strong>, cuyo desbordamiento produjo buena parte de las muertes el pasado 29 de octubre y del que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó a las autoridades en la reunión de la emergencia del Cecopi.</p>
La Generalitat pide al Gobierno una «solución inmediata» y no a cinco años ante futuras riadas
La instalación de un nuevo sistema de alerta temprana fue uno de los compromisos que adquirió el Ministerio para la Transición Ecológica tras el paso de la dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. El llamado SAT ya estaba instalado en cuencas como la del Ebro, pero no en la del Júcar, en la que existen barrancos sobre cuyo riesgo de inundación se lleva alertando desde años. Es el caso del tristemente famoso barranco del Poyo, cuyo desbordamiento produjo buena parte de las muertes el pasado 29 de octubre y del que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó a las autoridades en la reunión de la emergencia del Cecopi.
En este sentido, el SAT se contemplaba para «facilitar la emisión de avisos hidrológicos», es decir, como una herramienta complementaria al actual SAIH o Sistema Automático de Información Hidrológica, cuyo funcionamiento ha sido puesto en cuestión por la Generalitat o la propia Guardia Civil (aunque no por la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana). El SAT, sin embargo, todavía no está completamente operativo a mes y medio de cumplirse el primer aniversario de la dana.
Y ello a pesar de que su instalación se adjudicó por la vía de urgencia unas semanas después de la dana. Se trataba, en todo caso, de una «versión inicial» del SAT, según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que su implementación debe completarse ahora con un nuevo contrato que está tramitándose. De esta circunstancia, además, ya ha dado cuenta la CHJ ante la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas.
Pero según denuncia ahora el Gobierno de Carlos Mazón y se desprende de la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato que ahora está en tramitación contempla una inversión de cero euros en 2025. Las inversiones se aplazan al periodo comprendido entre los años 2026 y 2029.
Según la CHJ, «en estos momentos está en fase de licitación, por valor de 1.690.454,64 euros, la ampliación de este sistema [SAT] a toda la cuenca del Júcar, para intentar disponer de modelos predictivos en la gestión de los embalses propiedad del Estado, y la explotación y mantenimiento del mismo». El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica explicaba, además, que el contrato para la explotación del SAT frente al riesgo de inundación tendría una duración de tres años.
Ahora bien, la documentación del expediente contempla «un plazo de ejecución de 36 meses, con posibilidad de prórroga de 24 meses». En total, cinco años. De ahí que se contemple incluso que pueda alargarse hasta 2029. En cuanto a las anualidades, el gasto previsto será de 276.914,44 euros en 2026; 675.773,72 en 2027; 411.534,68 en 2028; y 155.524,72 en 2029.
En palabras del consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, «gracias al Gobierno de Pedro Sánchez los valencianos no estaban protegidos cuando sufrimos los episodios del pasado mes de octubre y, lo que es más grave, siguen sin estarlo hoy». «En lugar de dar una solución inmediata que protegiera a los ciudadanos, nos condena a esperar cinco años más para poder contar con un sistema de alerta temprana», ha lamentado Barrachina.
España
