<p><strong>Yolanda Díaz</strong> volvió ayer a agarrarse a la bandera de la Ley Rider y amenazó a la dirección de Uber Eats con abrir una causa de tipo penal contra la compañía si persistía en mantener el modelo de autónomos en sus operaciones en España. <strong>»Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España</strong> y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa», subrayó.</p>
Uber Eats es la única empresa que sigue operando con autónomos, mientras las empresas con riders contratados se enfrentan a una operativa más cara y compleja
Yolanda Díaz volvió ayer a agarrarse a la bandera de la Ley Rider y amenazó a la dirección de Uber Eats con abrir una causa de tipo penal contra la compañía si persistía en mantener el modelo de autónomos en sus operaciones en España. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa», subrayó.
La ofensiva de Díaz llega con varias de sus iniciativas bloqueadas por falta de apoyo y tras conseguir finalmente la laboralización de la plantilla de Glovo, que lucha ahora con la nueva normalidad en un sector en que las horas picos dificultan ajustar el número de riders en servicio.Ahora, reabre un frente que lleva tiempo gestándose, ya que en julio la Inspección de Trabajo abrió un expediente a la empresa estadounidense.
Paradójicamente, fue Uber Eats quien a través de una carta de su entonces director general en España, Courtney Tims, presionó a Díaz para imponer la Ley Rider y obligar a la empresa española a poner en nómina a sus mensajeros. El proceso continúa en curso y la matriz de Glovo estima que podría tener que pagar hasta 860 millones por cotizaciones atrasadas y posibles sanciones, si bien la Audiencia Nacional aplazó la aplicación de sancinoes al considerar que existía una duda legal sobre la laboralidad de los trabajadores, que el tribunal confirmó en la misma sentencia.
Tras denunciar el uso de autónomos por Glovo, Uber Eats terminó cambiando de nuevo su modelo y permitiendo el registro de autónomos, que se combina con flotas. La empresa, al igual que Glovo, defiende la legalidad de este modelo, ya que apunta que permite a estos repartidores por cuenta propia «fijar sus propias tarifas», «aceptar o rechazar pedidos», lo que les confiere «plena autonomía». «Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera», subraya la empresa, que habla de «modelo híbrido».
Algo con lo que no concuerdan ni Díaz, ni la inspección de trabajo que, a tenor de las palabras de la ministra ultima una multa importante contra la empresa estadounidense. No se trata del único choque que han tenido. El pasado agosto, la Audiencia Nacional sentenció la laboralidad de unos repartidores de la empresa, pero, al igual que ocurre con Glovo, la eximió de la multa, que ascendía a más de dos millones de euros, tal y como reveló El Confidencial.
La situación en el sector del delivery dista de ser boyante, ya que el modelo laboral es más caro y, sobre todo, complejo de operar de forma eficiente, como destacan en Just Eat España.
«El modelo de laboralización es intrínsecamente diferente al de los falsos autónomos en términos de costes y flexibilidad, haciendo que la operativa sea mucho más compleja y costosa. Tras sus cambios en el modelo operativo, estamos viendo lo que era de prever: complejidad operativa para quienes contratan y ventajas operativas para quienes siguen usando falsos autónomos», traslada la empresa, que mantiene un juicio por competencia desleal con Glovo, tras recurrir una primera y polémica sentencia en contra, y que critica poco veladamente la impunidad el modelo de Uber Eats.
«En Just Eat España no somos ni jueces ni inspectores de trabajo, pero seguimos viendo falsos autónomos en las calles», subrayan.
En el caso de Glovo, la compañía sigue tratando ajustar su nueva operativa con un modelo que es especialmente complejo en las horas de máxima demanda, lo que ha provocado una menor presencia en ciudades más pequeñas y algunas quejas en la restauración sobre los efectos que está teniendo sobre ella la aplicación de la ley.
Entre ellas, ha sido pública la del CEO de Goiko, Alejandro Hermo, quien se ha mostrado crítico con el impacto de la Ley Rider en su LinkedIn y el impacto que está teniendo en el delivery de su cadena de hamburgueserías..
«Los tiempos de reparto han crecido muchísimo y la comida no llega en la mejor calidad en las horas picos», se lamenta en declaraciones a EL MUNDO. El directivo subraya que el reparto a domicilio es un negocio caro donde el margen se estrecha y en el que además el cliente suele culpar al restaurante de los retrasos y es además el establecimiento quien sufre las cancelaciones.
«Es la tormenta perfecta», asegura el directivo que remarca que se trata de un área muy importante para buena parte del sector de la restauración. Hermo asegura que, para él, el modelo con un par de horas de alta demanda es complicado de gestionar si no es con autónomos. «Hemos pasado de tener un sistema de delivery que funcionaba como un reloj (…) a tener un sistema rígido e ineficiente», apunta Hermo.
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