<p>El Gobierno sigue tratando de acorralar al <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>PP</a> con el derecho al <a href=»https://www.elmundo.es/t/ab/aborto.html»>aborto</a>. Si hace sólo unos días planteaba la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/10/03/68df71c0fdddff81798b4576.html»>iniciativa</a> de blindar este derecho en la <strong>Constitución</strong>, para lo cual necesitaría los votos de los <i>populares</i>, ahora el Ejecutivo emplaza a varias comunidades a crear y regular el <strong>Registro de Personas Objetoras</strong> y cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.</p>
Envía una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid y les da un plazo de tres meses para ponerlo en marcha
El Gobierno sigue tratando de acorralar al PP con el derecho al aborto. Si hace sólo unos días planteaba la iniciativa de blindar este derecho en la Constitución, para lo cual necesitaría los votos de los populares, ahora el Ejecutivo emplaza a varias comunidades a crear y regular el Registro de Personas Objetoras y cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Así lo ha trasladado Pedro Sánchez en una misiva que ha enviado a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid. «Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», traslada el presidente del Gobierno.
La Moncloa basa su exigencia en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerdan fuentes gubernamentales que esta norma obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores y que el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad, y es de obligado cumplimiento.
El artículo 19 de esta ley establece la creación de registros de personas objetoras de conciencia. «A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo». Este registro fue añadido a la norma en marzo de 2023.
El Ejecutivo da un plazo de tres meses a estas regiones para crear ese registro, momento a partir del cual advierten de que si no lo han hecho «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».
«Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio», expone Sánchez en la carta remitida a los territorios.
Exponen desde el Gobierno que falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. «El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», señalan.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que ejecutará la petición del Gobierno en el plazo estimado. Sin embargo, no ha ocultado su sorpresa en cuanto a la inmediatez reclamada por el Ejecutivo, después de que la Ley Órganica de Salud Sexual lleve 15 años en vigor.
El barón popular achaca esta cuestión a «la necesidad de Sánchez de desviar la atención de los numerosos casos de corrupción que acechan a su entorno». Una estrategia que Azcón señala como recurrente. Por ello, denuncia que al poner el debate sobre el aborto en el foco «demuestra que no le importan las mujeres, sino que lo que quiere es tapar la información relativa a los sobres de dinero en efectivo que reveló la UCO en su último informe». «No nos vamos a dejar engañar», ha sentenciado.
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