<p>El PP endurecerá al máximo los permisos de residencia por arraigo si llega al Gobierno. Ésta es una de las principales medidas del Plan de Inmigración que presentará <strong>Alberto Núñez Feijóo </strong>mañana martes en Barcelona. El documento reclama, según ha sabido EL MUNDO, «recuperar» el carácter «excepcional del arraigo», «como <strong>mecanismo legítimo, efectivo y comprobable</strong>» para regularizar la situación de personas inmigrantes. De esta manera, sostienen los populares, se incentivará más «la vía legal», que es «la manera digna de llegar a España».</p>
Los ‘populares’ devolverán a esta figura «su carácter excepcional»
El PP endurecerá al máximo los permisos de residencia por arraigo si llega al Gobierno. Ésta es una de las principales medidas del Plan de Inmigración que presentará Alberto Núñez Feijóo mañana martes en Barcelona. El documento reclama, según ha sabido EL MUNDO, «recuperar» el carácter «excepcional del arraigo», «como mecanismo legítimo, efectivo y comprobable» para regularizar la situación de personas inmigrantes. De esta manera, sostienen los populares, se incentivará más «la vía legal», que es «la manera digna de llegar a España».
¿Qué significa esta medida para restringir los permisos? Que el arraigo tiene que dejar de ser «un atajo administrativo para la residencia» y volver a convertirse en «una vía excepcional, sujeta a mérito, que debe servir para reconocer el esfuerzo real de quienes, viviendo entre nosotros, trabajan, respetan la ley y contribuyen a su comunidad», aseguran los populares. «No puede convertirse en una vía automática ni masiva», sino en «una oportunidad individual para quienes han demostrado, con hechos, su compromiso con España», asegura el plan del PP.
Lo que proponen los populares, por tanto, es endurecer los requisitos de permanencia y de estabilidad laboral -ya no valdría con estar estudiando- que son necesarios para acceder a la residencia por la vía del arraigo. «El eje del Plan de Inmigración es que para quedarse hay que contribuir«, resumen fuentes de Génova.
Para el PP, que se haya generalizado tanto esta vía de entrada al país ha desincentivado de manera casi definitiva la entrada regular, con empleo. «Al ser más fácil entrar de manera ilegal y posteriormente acogerse al arraigo que inmigrar legalmente, no hay ningún incentivo para inmigrar legalmente a España», dicen.
Lo que denuncia el principal partido de la oposición es que los inmigrantes entran de manera legal como turistas, con un visado de 90 días, pero rebasan ese periodo, se quedan en España y solicitan el arraigo para lograr la residencia legal. Mientras tanto, como la Policía tiene difícil localizarlos, no se les expulsa.
«El arraigo ha pasado de ser una vía excepcional a ser una vía estructural de entrada en España», explican esas mismas fuentes populares. «Y para los que están de manera irregular estableceremos un régimen transitorio basado en el visado por puntos, para que se pueda resolver pronto su situación, de manera objetivada. Por ejemplo, todo el que tenga antecedentes no se podrá quedar», añaden.
El documento que presentará Feijóo lo explica así: «Fin de regularizaciones generalizadas y sin control: para los extranjeros en situación irregular que actualmente están en España, se abrirá un régimen transitorio, también evaluado por puntos, individualizado, riguroso y reservado a quienes acrediten trabajo, cotización o esfuerzo real de integración». Es decir, que, si gobernase el PP, habría un periodo de adaptación a la nueva norma.
Todo esto va en sintonía con lo que ya anunció la vicesecretaria general de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, el pasado viernes: que el Plan de Inmigración -coordinado por ella- incluirá la «pérdida automática de la residencia a todos los criminales que tengan un vínculo radical o un vínculo criminal violento», porque «no hacerlo es inhumano e insolidario». «Hay que decir muy claramente que la entrada legal tiene que ser el empleo, que no es tiempo de buenismo ni de racismo, sino de orden y de ley y entrada con exigencias», añadió.
De hecho, el PP apoyó en septiembre la tramitación en el Congreso de una proposición no de ley firmada por Vox que pretendía endurecer la legislación para dificultar la regularización a través de la figura del arraigo. «No hay política migratoria más inhumana y más cruel que la política que no existe», defendió la diputada popular Maribel Sánchez, que acusó al Gobierno de «haber renunciado a proteger sus fronteras». «La inmigración ilegal está desbocada y la legal tampoco funciona», defendió.
El permiso de residencia por arraigo es una medida que aprobó en 2024 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero que se ha extendido con fuerza desde la reforma que acometió el actual Gobierno en 2022, en la que se flexibilizaron los criterios de las modalidades existentes -sobre todo, el arraigo familiar se volvió más laxo- y se creó una nueva figura, el arraigo para la formación.
Para acceder a esta última modalidad se requiere acreditar una residencia en España de al menos dos años y presentar un «compromiso de formación», lo que implica matricularse en uno de los centros establecidos por el reglamento. Es decir, ya no es necesario acreditar vínculos laborales, ni lazos familiares. Esta figura del arraigo para formación, para el PP, es «particularmente problemática», porque ya hay casi 70.000 personas con este tipo de permiso de residencia y cada a vez va a más, dada la laxitud de los requisitos.
El arraigo familiar es una autorización de residencia que se concede a extranjeros que tienen un vínculo familiar directo con un ciudadano español o con un residente legal. Es una de las formas más rápidas de regularización ya que no requiere un tiempo mínimo de residencia previo en España.
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