<p>El juez <a href=»https://www.elmundo.es/espana/juan-carlos-peinado.html»>Juan Carlos Peinado</a> ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación en torno a <a href=»https://www.elmundo.es/e/be/begona-gomez-fernandez.html»>Begoña Gómez</a>. Eso supone extender la posibilidad de seguir actuando hasta el 16 de abril de 2026, si bien antes de esa fecha el magistrado podría volver a ampliar el plazo. El instructor atiende así a la petición de las acusaciones populares, agrupadas en torno a <strong>Hazte Oír</strong>, y desecha la petición de archivo de las defensas y la <strong>Fiscalía</strong>.</p>
El magistrado resalta que todavía deben llegar al juzgado varios informes de la Guardia Civil sobre la actuación de la esposa del presidente del Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación en torno a Begoña Gómez. Eso supone extender la posibilidad de seguir actuando hasta el 16 de abril de 2026, si bien antes de esa fecha el magistrado podría volver a ampliar el plazo. El instructor atiende así a la petición de las acusaciones populares, agrupadas en torno a Hazte Oír, y desecha la petición de archivo de las defensas y la Fiscalía.
En la resolución notificada este lunes, Peinado indica que actualmente hay diversas actuaciones «acordadas y pendientes de practicar», que enumera. La UCO tiene pendiente presentar un informe «sobre los convenios de la UCM [Complutense] en relación con el Máster de Transformación Social Competitiva» que dirigía Begoña Gómez, relacionándolos con los de otras cátedras extraordinarias. La misma unidad de la Guardia Civil deberá incluir en el informe su análisis de los trabajos que para la cátedra hicieron de manera gratuita varias empresas (Indra, Google y Telefónica).
Añade que también están por recibirse por parte de la Escuela de Gobierno de la Complutense y de Amazon «los correos electrónicos emitidos y recibidos en relación con los correos asociados a los dominios del Máster», de nuevo para que los analice la UCO.
Igualmente se encuentran en trámite diligencias relacionadas con la contratación por parte de La Moncloa de una asesora para la esposa de Pedro Sánchez. Cristina Álvarez habría participado en tareas profesionales privadas de Begoña Gómez, lo que podría suponer un delito de malversación: «Se está pendiente de que por Presidencia del Gobierno se informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, así como de las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a Cristina Álvarez Rodríguez, así como que remitan copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada a Begoña Gómez Fernández».
Toda esta documentación e informes, cuando se reciban, podrán dar lugar a nuevas gestiones, agrega Peinado, que también podría acordar el cierre de la causa o su envío a juicio antes de la nueva fecha límite de investigación. El plazo máximo de investigación vigente antes de la prórroga vencía este jueves.
A todo lo anterior se suma que acusaciones y defensas han pedido recientemente al juez que acuerde numerosas diligencias. Sobre otras reclamadas hace meses por Begoña Gómez el juez aún no se ha pronunciado y debe hacerlo de manera urgente, según le conminó la Audiencia Provincial de Madrid en un auto dictado la semana pasada.
Peinado recuerda que en ese mismo auto el tribunal revocaba su decisión de investigar la presunta malversación en una pieza separada destinada a un juicio con jurado. Le ordenaba devolverla a la pieza principal, en la que a Gómez se le imputan otros cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional). El juez instructor indica que aún tiene pendiente cumplimentar esas órdenes y reorganizar el procedimiento. Cuando lo haga, todo se agrupará en las diligencias previas 1146/224, abiertas el 16 de abril del año pasado y que ahora se extienden hasta que cumplan dos años.
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