<p>La jueza que investiga la dana de <strong>Valencia </strong>con 229 fallecidos avanza en la instrucción sin dejar de mirar por el retrovisor los movimientos de <a href=»https://www.elmundo.es/espana/carlos-mazon.html»>Carlos Mazón</a>. La magistrada de Catarroja <strong>Nuria Ruiz Tobarra</strong> vuelve a evidenciar en su <a href=»https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2025/10/13/68ecf8e4e4d4d8d9538b4591.html»>último auto</a> que sigue muy pendiente de lo que dice el presidente de la Generalitat, al que ya ha ofrecido varias veces -sin éxito- declarar voluntariamente como investigado. Pese a la negativa de Mazón, cuya condición de aforado conlleva que sólo pueda investigarlo el <strong>Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana</strong>, la jueza mantiene el foco sobre él.</p>
La magistrada tilda de «bulo» la versión del presidente valenciano para justificar el ES-Alert tardío
La jueza que investiga la dana de Valencia con 229 fallecidos avanza en la instrucción sin dejar de mirar por el retrovisor los movimientos de Carlos Mazón. La magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra vuelve a evidenciar en su último auto que sigue muy pendiente de lo que dice el presidente de la Generalitat, al que ya ha ofrecido varias veces -sin éxito- declarar voluntariamente como investigado. Pese a la negativa de Mazón, cuya condición de aforado conlleva que sólo pueda investigarlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza mantiene el foco sobre él.
Hasta el punto de que la magistrada desliza en su último auto, notificado ayer a las partes, que una hipotética declaración como investigado de Mazón es «una garantía, no sólo una carga». Así lo sostiene para argumentar su rechazo a incorporar a la causa las entrevistas que recientemente ha dado el presidente valenciano a varios medios de comunicación, incluida la televisión pública À Punt.
«No se puede sustituir una declaración de investigado, que conlleva la oportuna asistencia letrada con los derechos a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, entre otros, por entrevistas», apunta la jueza a raíz de la petición de Intersindical de incorporar dichas entrevistas a la causa. «Tampoco puede servir como una suerte de declaración testifical», insiste, precisamente porque ya se descartó citarlo como testigo «por la ausencia de garantías», pues «estaría obligado a decir verdad y sin asistencia letrada».
Ahora bien, a la jueza no se le escapa el mensaje que Mazón ha querido trasladar en dichas entrevistas, especialmente en la de À Punt. «El presidente manifestó que no tomó ninguna decisión respecto de la emergencia», según detalla la jueza en su auto.
Las declaraciones del jefe del Consell, además, «refieren una versión de cómo se produjeron los hechos, exculpatoria de la Administración autonómica, fundada en una supuesta ausencia de información proporcionada por parte de las agencias estatales Aemet y la CHJ», agrega la magistrada en relación a la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar, a las que Mazón acusa de omitir información el día de la dana.
Sin embargo, Ruiz Tobarra vuelve a desacreditar no sólo la versión de los imputados, los ex altos cargos de la Generalitat Salomé Pradas y Emilio Argüeso. También la que ha defendido Mazón estos días. Según la jueza, «las afirmaciones que fuera del proceso se viertan por cualquier medio o persona sobre la falta de información de cauces y barrancos (…) se han de situar en la mera ficción o en la autoficción». La jueza tilda directamente de «bulo» la explicación de que el ES-Alert se enviase tarde porque estaba pensado para la rotura de la presa de Forata. Fue lo que dijo el jueves Mazón.
Lo que sí admite la jueza es el requerimiento a RTVE para que remita al juzgado el vídeo grabado el 29 de octubre de 2024 en el que Mazón «informa a varias personas de que se ha decretado una alerta hidrológica, en presencia de dos de sus consejeras». El presidente lo hizo minutos antes de acudir a su polémica comida en el Ventorro, lo que a juicio de la jueza «permite determinar el nivel de conocimiento» que tenía del riesgo la Generalitat.
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