<p>La Fiscalía Superior de Cataluña apoya una demanda contra el Parlament por exigir un nivel desproporcionado de catalán a los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa de la Cámara, que preside el dirigente de Junts, <strong>Josep Rull</strong>.</p>
Apoya un recurso como el que acabó con el Ayuntamiento de Vic condenado por reclamar un conocimiento excesivo del idioma a sus operarios
La Fiscalía Superior de Cataluña apoya una demanda contra el Parlament por exigir un nivel desproporcionado de catalán a los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa de la Cámara, que preside el dirigente de Junts, Josep Rull.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Fiscalía pide «estimar parcialmente la demanda» presentada por la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana contra las bases del concurso convocado para contratar a nuevos chóferes «declarando que el nivel de conocimiento del idioma catalán a exigir en la convocatoria impugnada debe ser el nivel B1 (elemental) y no el que figura en la misma (B2) (intermedio o superior)».
El recurso de Convivencia Cívica Catalana sostiene que el Parlament «está requiriendo acreditar un nivel de conocimiento del catalán que no guarda relación práctica alguna con el puesto de trabajo a cubrir, y que es superior al que la propia legislación autonómica establece». «Lo que realmente está haciendo la Administración demandada [el Parlament] es establecer una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública de aquellos españoles que no puedan acreditar un nivel determinado de conocimiento en catalán (en este caso B2) sin que exista justificación para ello y sin que sea proporcional a las exigencias del puesto ofertado, toda vez que el requisito normativamente existente es inferior (B1, elemental)», añade la demanda.
El Parlament, por su parte, rebate que los chóferes contratados por la institución deben dominar el catalán con nivel intermedio porque las funciones asignadas al lugar de trabajo «comportan interaccionar con cargos representativos».
El Ministerio Público se pone de parte de la entidad demandante y respalda, así, una rebaja del nivel de catalán en un caso muy similar al que acabó con la condena al Ayuntamiento de Vic, que este diario reveló pasada semana, y por la cual se anuló un concurso convocado por el Consistorio en el que también se requería un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento.
El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ordenó al Ayuntamiento barcelonés dirigido por Junts que pasase reclamar el nivel A2 «básico» a los candidatos porque «la elevación del requisito al nivel B2, aplicada de forma indiscriminada y no conectada con las funciones [del puesto de trabajo ofrecido], genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel».
El fallo judicial fue percibido como una afrenta por parte del independentismo, en general, y de Junts, en particular, propiciando una reacción airada tanto de su presidente, Carles Puigdemont, como de su secretario general, Jordi Turull.
«A golpe de sentencias nos van devolviendo al régimen monolingüe que impuso Franco», manifestó el prófugo. «En caso de conflicto, un juez siempre resolverá en contra tuya», añadió. Turull habló de «cruzada de la toga nostra contra el catalán» y alegó que «pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un lugar de trabajo no es excluyente, es garantizar un derecho y nunca es mucho». «Quien excluye son aquellos que atacan y persiguen a nuestra lengua», completó.
Junts convirtió la sentencia judicial en un casus belli contra el Estado. El alcalde de Vic, Albert Castells, anunció que recurrirá la condena -que también obliga al Ayuntamiento a pagar 1.000 por las costas judiciales- y que no se dejará «intimidar». El edil neoconvergente prometió responder a lo que tildó de «ofensiva judicial del Estado español contra la lengua catalana» y fue visitado por la vicepresidenta de Junts, Mònica Sales, para prestarle apoyo público.
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