Como Estado ocupante de Gaza y miembro de Naciones Unidas, Israel está obligado a “aceptar y facilitar” la ayuda humanitaria a la Franja para asegurar las necesidades básicas de la población. Debe permitir, por lo tanto, la labor de organizaciones de Naciones Unidas en el enclave palestino, y de otras similares “incluso en caso de guerra”. No puede cortar esa colaboración “de manera unilateral”, y tampoco puede utilizar “la hambruna como método de guerra”. Así lo afirma el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en una opinión consultiva emitida este miércoles en respuesta a la petición formulada en 2024 por la Asamblea General de la ONU. Este dictamen no es vinculante, pero sí tiene peso legal y político.
La Haya advierte al Gobierno de Netanyahu de que no use el hambre como método de guerra y que debe respetar la labor y al personal de Naciones Unidas
Como Estado ocupante de Gaza y miembro de Naciones Unidas, Israel está obligado a “aceptar y facilitar” la ayuda humanitaria a la Franja para asegurar las necesidades básicas de la población. Debe permitir, por lo tanto, la labor de organizaciones de Naciones Unidas en el enclave palestino, y de otras similares “incluso en caso de guerra”. No puede cortar esa colaboración “de manera unilateral”, y tampoco puede utilizar “la hambruna como método de guerra”. Así lo afirma el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en una opinión consultiva emitida este miércoles en respuesta a la petición formulada en 2024 por la Asamblea General de la ONU. Este dictamen no es vinculante, pero sí tiene peso legal y político.
Los jueces han señalado a Israel por anteponer las consideraciones sobre su seguridad al derecho humanitario. Es decir, que si veta el apoyo que llega del exterior, debe contar con un mecanismo para suplirlo y cubrir las necesidades de los habitantes de Gaza. “La ayuda solo debe paralizarse de manera temporal y excepcional. Solo en caso de emergencia, pero siempre pensando en el bienestar de la población local”, ha explicado Yuji Iwasawa, presidente del TIJ.
“Nunca se deben alegar argumentos de seguridad para detener ese apoyo para los civiles”, ha subrayado el juez. En este punto, ha recordado que Israel ha prohibido el trabajo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés). “Y eso, a pesar de que ha sido vital para facilitar la ayuda a los civiles en Gaza”. Israel, ha dicho, “debe facilitar la labor de UNRWA y respetar su trabajo y la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados”.
Iwasawa ha recordado que desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 ―en el que fueron asesinadas casi 1.200 personas y otras 250, secuestradas―, “Israel ha restringido el acceso a la ayuda destinada a los civiles con consecuencias catastróficas”. Al haberse frenado el envío de suministros a Gaza, “hay ya evidencia de hambruna, destrucción de infraestructuras y el aumento de las bajas civiles”, ha dicho Iwasawa. El dictamen es importante para este conflicto y para otros porque explica cómo hay que manejar el acceso a la asistencia humanitaria, “ya que la población ha sido atendida de manera inadecuada”. Israel tampoco puede, según el dictamen, desplazar a los civiles o deportarlos, como ha hecho.
Entre el 2 marzo y el 19 de mayo pasados, Israel cortó de nuevo toda la ayuda destinada a Gaza y a sus cerca de dos millones de habitantes, alegando que Hamás se la quedaba y por eso no llegaba a la población. En abril, los abogados de las Naciones Unidas y los representantes palestinos ante el TIJ acusaron a Israel de violar el derecho internacional por haber negado la entrada de apoyo humanitario en Gaza en esas fechas.
Lo que ha entrado en la Franja desde entonces no basta para paliar la catástrofe humanitaria, según la propia ONU. El alto el fuego en el que ha mediado Estados Unidos este octubre, contemplaba la entrada en Gaza de 600 camiones diarios con ayuda, una cantidad que no se ha alcanzado. Funcionarios de Naciones Unidas denuncian que los suministros que Israel deja entrar en el enclave palestino son insuficientes.
Israel no ha participado en las sesiones del caso, pero sí ha remitido un informe muy detallado donde explica su rechazo a la UNRWA porque considera miembros de Hamás a 19 de sus empleados. Según el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, todos participaron en el ataque perpetrado contra Israel por la organización terrorista el 7 de octubre de 2023. De ahí que se les impidiera seguir operando en su territorio.
En agosto de 2024, la ONU anunció el despido de nueve trabajadores de la UNRWA porque pudieron haber estado involucrados en el asalto. Acerca del resto, no había pruebas suficientes para respaldar la acusación israelí. Más de 370 de sus empleados han muerto desde el inicio de la guerra, según UNRWA. El TIJ ha señalado ahora que no ha encontrado pruebas de que la agencia de la ONU haya faltado a su deber de neutralidad.
Este caso ante el TIJ se remonta a diciembre de 2024, cuando la Asamblea General de la ONU urgió a los jueces internacionales a que se pronunciaran sobre las obligaciones israelíes en el territorio palestino ocupado. Israel y Estados Unidos, su más firme aliado, votaron en contra de dicha resolución. En abril, Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, calificó las sesiones de “circo” y dijo que el TIJ estaba politizado. A partir de ese mismo mes, cerca de 40 países ―España entre ellos― han intervenido en esta corte recordando que la seguridad invocada por Israel para defenderse no puede impedir que la ayuda humanitaria llegue a la población gazatí. “En especial los europeos, han planteado argumentos cercanos a Palestina y a su población, aunque en algunos casos ha sido para lavar sus conciencias por lo que no hacen”, señala, al teléfono, Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, y que ha ejercido como letrado del TIJ.
El TIJ ya emitió en julio de 2024 una opinión consultiva determinando que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe concluir inmediatamente. El tribunal también señaló que Israel tenía obligaciones relativas a los derechos humanos para con los palestinos, puesto que es la potencia ocupante. Los mismos jueces están analizando a su vez las alegaciones de Sudáfrica, que ha presentado otro caso denunciando que Israel ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio con sus actos en Gaza.
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