<p>Dicen que el sonido del dinero es un sonido agradable que puede tener un efecto tranquilizador sobre el sistema nervioso. Pero también puede provocar el efecto contrario. El anuncio del nuevo modelo de financiación que presentó ayer <strong>María Jesús Montero</strong>, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha generado nervios y enfado en algunos sectores y cargos del <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>. Mientras los ministros, muchos de ellos líderes y candidatos en sus territorios, y los líderes autonómicos, salvo <strong>Emiliano García-Page</strong>, defienden la bonanza de una propuesta que supone más ingresos para todas las regiones -casi 21.000 millones más en total-, cargos socialistas de distintas comunidades, si bien admiten que habrá más dinero para todos, muestran su malestar por el hecho de que el nuevo reparto del dinero nazca de un pacto con <a href=»https://www.elmundo.es/e/er/erc-esquerra-republicana.html»>ERC</a> y suponga el privilegio de garantizar la ordinalidad sólo a Cataluña.</p>
El trato preferencial a ERC y el blindaje a la ordinalidad genera malestar en sectores del PSOE, mientras los ministros defienden la bonanza de la propuesta
Audio generado automáticamente con IA
Dicen que el sonido del dinero es un sonido agradable que puede tener un efecto tranquilizador sobre el sistema nervioso. Pero también puede provocar el efecto contrario. El anuncio del nuevo modelo de financiación que presentó ayer María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha generado nervios y enfado en algunos sectores y cargos del PSOE. Mientras los ministros, muchos de ellos líderes y candidatos en sus territorios, y los líderes autonómicos, salvo Emiliano García-Page, defienden la bonanza de una propuesta que supone más ingresos para todas las regiones -casi 21.000 millones más en total-, cargos socialistas de distintas comunidades, si bien admiten que habrá más dinero para todos, muestran su malestar por el hecho de que el nuevo reparto del dinero nazca de un pacto con ERC y suponga el privilegio de garantizar la ordinalidad sólo a Cataluña.
La imagen de Oriol Junqueras a las puertas de La Moncloa anunciando un acuerdo que implica a las comunidades que se acogen al régimen común -quince, más Ceuta y Melilla- y apropiándose del rédito político de haber llevado a ello al Gobierno escuece y mucho entre las filas socialistas. Se trata de un peaje que, admiten fuentes gubernamentales, tenían que pagar, como ha sucedido con otros anuncios que han capitalizado otros socios de gobernabilidad. «No hay problema en compartirlo, son nuestros socios, aunque es verdad que nos complica».
El malestar dentro de las filas socialistas fue este viernes en aumento cuando Montero, que además de ministra será la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, dio detalles del nuevo modelo que propondrá a las regiones el próximo miércoles cuando se reúna la Consejo de Política Fiscal y Finaciera, que es el marco para abordar estos asuntos con las comunidades. «La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no», explicó Montero. Como adelantó Junqueras, tras salir de reunirse con Pedro Sánchez, sólo Cataluña lo tiene asegurado:es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir.
El principio de ordinalidad supone que cada comunidad reciba fondos en función de su aportación al sistema. Así, si una autonomía es la que más recursos inyecta, ha de ser también la que más obtenga. Como consecuencia, el orden es el mismo, tanto en las aportaciones como en la recepción de fondos. En la práctica, este principio supone un límite a la redistribución y, por consiguiente, a la nivelación y la solidaridad.
«Es inaceptable y es contrario a cualquier planteamiento progresista y de izquierdas que defienda un modelo de reparto justo», es el resumen que hacen fuentes socialistas de distintos territorios.
«Pasar de un modelo de redistribución justa de la riqueza que es de todos a un modelo de ordinalidad es, posiblemente, el mayor ataque a la igualdad de los españoles, que sólo esperaría de la derecha más reaccionaria», fue la censura que hizo Page, presidente de Castilla-La Mancha. Sus críticas, aunque en Ferraz y La Moncloa se dan por descontadas, en esta ocasión sí han provocado enfado. El barón socialista considera que es mejor que se celebren elecciones «antes de que avance un atropello de esta naturaleza y decidan los independentistas. Antes de eso prefiero que hablen los españoles y que hablen claro», dijo sobre el nuevo modelo. Desde Asturias también zanjan que la aplicación de la ordinalidad supone «una línea roja».
«El tema de la ordinalidad tal y como lo han presentado no puede ser», se quejan desde una importante federación socialista. «Es un disparate», dicen en otra. Aunque todos en el PSOE esperan a leer la «letra pequeña» del sistema, «no gustan las formas ni suena bien la música», señalan en sectores del partido.
La reforma «no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una negociación bilateral», se quejan desde el gobierno de Asturias, comunidad socialista, ante el pacto sellado con ERC para cumplir con la llamada «financiación singular» catalana y que ahora el Ejecutivo plantea como una reforma integral del sistema.
Según la propuesta del Gobierno, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones. Castilla-La Mancha vería incrementada su aportación anual en 1.248 millones.
Dentro del partido también ha llamado la atención que el nuevo sistema se lance en pleno ciclo electoral, a priori adverso para el PSOE -Aragón, Castilla y León y Andalucía-, y con candidatas muy vinculadas a La Moncloa como Pilar Alegría y la propia Montero en liza. «Es terrible»; «Es una locura a pocos meses de las elecciones». La consigna entre los ministros y candidatos es exponer las bonanzas de un reparto que da más dinero a los territorios para que lo destinen a sanidad, educación, servicios sociales… «¿Quién se va a oponer a que se reciban más fondos para las comunidades autónomas?», es la pregunta con la que tratan de revertir las críticas.
España
