<p>La ofensiva gubernamental liderada por <strong>Yolanda Díaz</strong> para implantar la denominada <strong>»democracia económica» </strong>en el seno de las corporaciones privadas no es una reforma periférica, sino ataque frontal a lo que resta de economía de mercado en España. Representa la penúltima estocada de una izquierda gobernante que, en su deriva colectivista, busca desmantelar los pilares de la economía de mercado. El intento de imponer, entre otras cosas, la inserción forzosa de agentes sindicales en los consejos de administración es una expropiación regulatoria del control de las compañías, fracturando el derecho de propiedad; esto es, el soporte institucional para cualquier forma de coordinación económica racional.</p>
El intervencionismo del Gobierno para nombrar consejeros en empresas privadas es una muestra más de su populismo.
La ofensiva gubernamental liderada por Yolanda Díaz para implantar la denominada «democracia económica» en el seno de las corporaciones privadas no es una reforma periférica, sino ataque frontal a lo que resta de economía de mercado en España. Representa la penúltima estocada de una izquierda gobernante que, en su deriva colectivista, busca desmantelar los pilares de la economía de mercado. El intento de imponer, entre otras cosas, la inserción forzosa de agentes sindicales en los consejos de administración es una expropiación regulatoria del control de las compañías, fracturando el derecho de propiedad; esto es, el soporte institucional para cualquier forma de coordinación económica racional.
El asalto a la gobernanza corporativa impulsado por la coalición social-comunista liquida el principio de soberanía individual y de propiedad privada para subordinar la generación de riqueza al servicio de los dictados gubernamentales para crear un laboratorio de ingeniería social colectivista. Al diluir el nexo entre la asunción del riesgo y el poder de decisión empresarial, el Gobierno no solo compromete la viabilidad de las empresas, sino que institucionaliza la irresponsabilidad fiduciaria, sustituyendo la lógica del valor por la tiranía del consenso ideológico forzado.
Bajo la retórica de redistribución del poder, las iniciativas gubernamentales destruyen la gobernanza corporativa. El deber de los administradores, que por definición debe converger en la salvaguarda de los intereses de los accionistas, únicos portadores del riesgo residual y garantes de la solvencia, queda fracturado por una intrusión exógena. La inserción obligatoria de representantes sindicales transmuta el consejo de administración de un órgano de alta dirección técnica en un enclave de agitación y negociación política (Jensen, M. y Meckling, W.,‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure’, Journal of Financial Economics, 1976).
Esta mutación crea una divergencia de incentivos insalvable: mientras la sostenibilidad de la firma exige visión estratégica a largo plazo, el factor trabajo, instrumentalizado por la praxis sindical, prioriza la extracción de rentas inmediatas, la rigidez operativa y la captura de beneficios a corto plazo. Esto constituye un gravamen implícito sobre la formación de capital y activa un proceso de subinversión que erosiona la competitividad estructural de las empresas (Grossman, S. y Hart, O., ‘The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration’, Journal of Political Economy, 1986).
Por añadidura, esa interferencia supone una elevación drástica de los costes de transacción. La democracia se fundamenta en el principio de «una persona, un voto», pero la eficiencia corporativa descansa sobre el principio de proporcionalidad entre riesgo y control; romper este nexo causal implica que la autoridad se ejerce sin responsabilidad financiera, lo que genera una ineficiencia estructural y social. Asimismo, la introducción de la «democracia económica» impactaría de forma negativa en la valoración de los activos. Los mercados de capitales descuentan la inseguridad jurídica incrementando la tasa de descuento aplicada a los flujos futuros. Al elevarse el coste de capital propio, las empresas nacionales pierden competitividad, provocando una fuga de capitales hacia mercados donde la propiedad aún es respetada.
A ello se suma una insalvable tacha de inconstitucionalidad. La imposición de agentes sindicales vulnera frontalmente el núcleo esencial de la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. Al vaciar de contenido a la facultad de autoorganización del empresario, el Estado incurre en una arbitrariedad normativa que desborda el interés general para servir a un sectarismo faccioso. No existe proporcionalidad ni necesidad que justifique que el poder público dicte quién debe sentarse en el órgano de decisión de una entidad privada, interfiriendo en el derecho de sus dueños a elegir a sus mandatarios. Es, en puridad, una expropiación sin justiprecio de las facultades dominicales más elementales.
La recurrencia retórica a la Mitbestimmung germana es una broma. Este modelo de codeterminación está ligado a una arquitectura de gobernanza corporativa dual, cuya lógica operativa resulta incompatible con la imposición de un representación sindical forzosa en los consejos de administración. En la práctica, la implementación de este esquema ha precipitado una erosión sistemática del valor empresarial: la captura política de los órganos de decisión no solo bloquea las reestructuraciones estratégicas necesarias en mercados competitivos, sino que incrementa exponencialmente los costes de transacción y reduce la rentabilidad sobre el capital.
Esta iniciativa del Gobierno social-comunista es el epílogo de una deriva intervencionista ajena a la realidad y cuajada de ignorancia y sectarismo. Con ella, el Gobierno no democratiza la economía, sino que burocratiza las empresas y expropia el control de los activos privados. Es una expresión de populismo que condena al tejido productivo al estancamiento y envía un mensaje letal a la inversión. Las empresas han de permanecer como un nexo de contratos privados, protegidas de la arbitrariedad de un poder político que, en su afán por tutelar cada resquicio de la sociedad civil, termina por asfixiar las fuentes de la prosperidad nacional y destruir los pilares de la libertad.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.
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