<p>El gobierno está considerando la creación de una cuenta de ahorro que permita a los particulares, con un doble objetivo, incentivar el ahorro previsional y modificar la composición del patrimonio de las familias españolas, con el fin de que incrementen su ahorro en forma de activos financieros diferentes a las cuentas bancarias. Si bien el incentivo fiscal que podrían tener estas cuentas es aún una incógnita, ejemplos de otros países europeos apuntan a que estos podrían ser considerables.</p>
El gobierno está considerando la creación de una cuenta de ahorro que permita a los particulares, con un doble objetivo, incentivar el ahorro previsional y modificar la composic
El gobierno está considerando la creación de una cuenta de ahorro que permita a los particulares, con un doble objetivo, incentivar el ahorro previsional y modificar la composición del patrimonio de las familias españolas, con el fin de que incrementen su ahorro en forma de activos financieros diferentes a las cuentas bancarias. Si bien el incentivo fiscal que podrían tener estas cuentas es aún una incógnita, ejemplos de otros países europeos apuntan a que estos podrían ser considerables.
Esta medida llega como consecuencia de dos grandes tendencias de la economía española en las últimas décadas. En primer lugar, puede entenderse como una respuesta a la rápida descapitalización de los hogares en España, cuyas medidas de riqueza vienen descendiendo desde el comienzo de la crisis de 2008. Este fenómeno se recoge en el informe de EsadeEcPol «Radiografía de la evolución del patrimonio de los hogares españoles: la dificultad del ahorro para las nuevas generaciones«, que recoge la evolución de la riqueza por grupos de edad en España desde el año 2002, empleando datos de la Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España.
Los resultados son contundentes, y apuntan a un deterioro generalizado que, si bien en los primeros años estaba afectando solo a hogares formados por jóvenes, se está extendiendo hasta hogares más envejecidos. Una prueba de ello son los hogares con un cabeza de familia cercano a la edad de jubilación, de entre 55 y 64 años, cuya mediana de riqueza ha descendido de forma progresiva en todas las ediciones de la encuesta desde 2008 y en 2022 se situaba casi al mismo nivel respecto a 2002. La razón de ello ha sido doble, entre 2008 y 2015 el motivo principal fue el desplome de los precios de la vivienda principal, un activo que la mayoría de los hogares en esos tramos de edad poseían. Sin embargo, desde 2015 la razón de la caída se asocia a una progresiva caída del porcentaje de hogares con vivienda principal en propiedad, que ya ha caído diez puntos respecto a su máximo de 2008 hasta un 78%.
Esta es la tendencia que más preocupa al gobierno, el rápido descenso de los hogares que se encuentran cerca de la jubilación y no cuentan con un patrimonio suficiente, especialmente por no tener su vivienda principal en propiedad. Al igual que con la riqueza mediana, la caída de la vivienda en propiedad ha sido mucho más intensa entre jóvenes, que han pasado de un
70% a un 30%, pero está comenzando a permear progresivamente a grupos de edad más envejecidos a medida que los jóvenes envejecen sin lograr acceso a la propiedad de vivienda. Por ejemplo, en los hogares con cabeza de familia de entre 35 y 44 años, la propiedad de vivienda ya ha caído 20 puntos entre 2011 y 2022, y no parece tener perspectivas de mejora.
Los efectos del crecimiento de hogares en alquiler se están comenzando a notar en otros indicadores. El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora, además de estadísticas de renta de los hogares, una indicador adicional conocido como «alquiler imputado», esto es, el alquiler que los hogares con vivienda en propiedad deberían pagar por su vivienda en el caso de vivir en régimen de alquiler. Se trata de una forma de renta alternativa que, hasta hora, suponía un «ingreso» adicional para la mayoría de los pensionistas. Sin embargo, en los últimos años el alquiler imputado de los hogares cercanos a la jubilación ha frenado su crecimiento en seco, como consecuencia del crecimiento del alquiler en esos grupos de edad.
En última instancia, este deterioro de la propiedad de vivienda principal ha roto una de las características clásicas de la distribución de riqueza en España, su mayor igualdad respecto a otros países europeos. Entre 2002 y 2022, la desigualdad de riqueza neta en España ha crecido ligeramente por encima de 10 puntos en el índice de gini, llevándolo a niveles más comparables de países europeos. Esta situación hace saltar todas las alarmas, puesto que supone que, en cuestión de años, entrarán en la edad de jubilación un número creciente de hogares para los que la pensión pública podría no ser suficiente para cubrir los gastos básicos, entre los que se encuentra la vivienda.
Adicionalmente, la nueva política para incentivar el ahorro que quiere impulsar el gobierno se enmarca en el fuerte debate que se generó hace años, cuando el gobierno limitó los beneficios fiscales asociados a las aportaciones a planes de pensiones individuales, como consecuencia del Spending Review de beneficios fiscales. La consecuencia directa de esa limitación a partir de 2021 fue una caída muy considerable de las aportaciones por parte de los hogares que, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), pasaron de casi 4.700 millones de euros a poco más de 3.000 millones.
Si bien el gobierno, encabezado por el exministro Escrivá, quiso fomentar en su lugar los planes de pensiones de empleo, con menores costes para sus usuarios, la realidad es que los particulares nunca llegaron a dar el mismo uso a ese nuevo instrumento de ahorro. Si bien no se ha hecho ninguna evaluación causal al respecto, las mejores expectativas del impacto del recorte del beneficio fiscal en 2021 es un trasvase hacia el ahorro en vivienda o, más probablemente, en cuentas y depósitos, que ahora el gobierno trata de enmendar.
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