<p>La <strong>Universidad Complutense de Madrid</strong> (UCM) ha remitido al juez Juan Carlos Peinado su cálculo definitivo del gasto de fondos públicos en el desarrollo del software para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez: 113.509,32 euros. </p>
La universidad pide al juez Peinado que los informes se incorporen a la causa para poder reclamar las cantidades en el eventual juicio contra la esposa del presidente del Gobierno
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha remitido al juez Juan Carlos Peinado su cálculo definitivo del gasto de fondos públicos en el desarrollo del software para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez: 113.509,32 euros.
Esa es la cantidad que la UCM pide «que conste, desde ahora, a efectos de eventual responsabilidad civil». Es decir, para que pueda reclamar la cantidad en caso de juicio y condena a la esposa del presidente del Gobierno. La plataforma informática nunca llegó a concluirse.
La Universidad, que consta como perjudicada en la investigación del juzgado 41 de Madrid desde el pasado octubre, explica que la cifra corresponde a la suma dos categorías de gastos. La principal responde al desarrollo del software a través de diversos contratos que abonó la UCM y que supusieron un gasto de 108.765,79 euros.
Los otros 4.743,53 euros corresponden al «coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación».
«En fase de instrucción avanzada», concluye el escrito de la UCM, «procede que el Juzgado tenga por aportados los informes y documentación que cuantifican el presunto perjuicio y acuerde, si lo estima necesario, la práctica de cuantas diligencias de prueba resulten necesarias para la comprobación de tales extremos (auditorías complementarias, informes periciales complementarios, comparecencia de responsables contables, etc.), todo ello sin perjuicio de la ulterior valoración probatoria en la fase de enjuiciamiento».
La esposa de Pedro Sánchez está imputada, entre otros delitos, por la apropiación indebida de la plataforma informática que elaboraron para su cátedra tanto la UCM como diversas empresas, que lo ofrecieron de forma gratuita. Entre ellas, Telefónica e Indra. Gómez ha negado que tuviera intención de apropiarse del producto informático o que actuara con ánimo de lucro.
La universidad ha remitido al juzgado otro escrito en el que responde a dos consultas del magistrado. Peinado quería saber «la normativa aplicable o normas internas de contratación previstas para la Cátedra de Transformación Social Competitiva», así como disponer de la «relación de personas que, careciendo de la titulación académica superior, han suscrito pliego de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas».
Esta segunda consulta corresponde a la imputación de Begoña Gómez por un posible delito de intrusismo profesional, al haber firmado ella los pliegos técnicos para el desarrollo del software. La respuesta de la UCM es favorable a la investigada, puesto que precisa que la normativa «no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego de prescripciones técnicas particulares. A eso se suma que en la causa constan correos de la UCM pidiendo a Gómez que firmara ella esos pliegos.
Por otra parte, Indra también ha remitido al juez Peinado un escrito en que comunicaque no ha encontrado «ningún acta levantada» sobre reuniones relacionadas con el ‘software’. El instructor requirió a la compañía, y a otras más, que aportaran las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar sobre el desarrollo de la plataforma digital albergada en ‘transformatsc.org‘.
Indra explica que ha realizado una búsqueda en sus sistemas y comunica que «no existe en los sistemas del grupo ningún acta levantada por empleados relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org».
«Tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid», agrega.
La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. En caso de celebrarse un juicio, lo sería ante un jurado
Los delitos corresponden a tres líneas de investigación: la relación com el empresario investigado Juan Carlos Barrabés; la actuación en la cátedra en la UCM y la participación de su asesora en La Moncloa en sus tareas profesionales privadas.
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