La represión y el miedo siguen imperando en Irán cuando el régimen islámico ha dado ya por finiquitada la última oleada de protestas con una frase lapidaria, pronunciada el miércoles por el fiscal general, Mohammad Mohavedi: “La sedición ha terminado”. Las manifestaciones han sido aplastadas y los iraníes han pagado un precio que no pocos describen como un “río de sangre”, una frase que casi no es una metáfora. La ONG iraní en el exilio HRANA ha confirmado ya 5.002 muertos y sigue investigando otros casi 10.000 casos. El martes, la relatora especial para Irán de la ONU, Mai Soto, calculó, citando relatos de médicos iraníes, que esa lista de fallecidos podría incluir 20.000 nombres “o más”.
Las autoridades imponen una ley marcial de facto. El fiscal general desmiente haber anulado 800 ejecuciones, como anunció Trump
La represión y el miedo siguen imperando en Irán cuando el régimen islámico ha dado ya por finiquitada la última oleada de protestas con una frase lapidaria, pronunciada el miércoles por el fiscal general, Mohammad Mohavedi: “La sedición ha terminado”. Las manifestaciones han sido aplastadas y los iraníes han pagado un precio que no pocos describen como un “río de sangre”, una frase que casi no es una metáfora. La ONG iraní en el exilio HRANA ha confirmado ya 5.002 muertos y sigue investigando otros casi 10.000 casos. El martes, la relatora especial para Irán de la ONU, Mai Soto, calculó, citando relatos de médicos iraníes, que esa lista de fallecidos podría incluir 20.000 nombres “o más”.
Tras tres semanas con internet cortado por el régimen y sin llamadas internacionales, algunos iraníes están pudiendo conectarse desde hace días brevemente a la web o realizar llamadas internacionales (telefonear a Irán desde el extranjero sigue siendo imposible). Lo que describen es una ley marcial de facto, con toque de queda nocturno y presencia masiva de fuerzas de seguridad y paramilitares en las calles, que registran a los viandantes e irrumpen en casas y hospitales para llevarse detenidos a otros manifestantes. De acuerdo con los datos de HRANA, casi 27.000 iraníes han sido arrestados en las protestas. Y esa cifra podría seguir aumentando.
El jueves, el Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos aludió a “detenciones masivas” en Irán, por motivos tan banales como tener una foto de las manifestaciones en el móvil.
“Han tomado a todo un pueblo como rehén”, lamenta Maryam, el nombre falso de una refugiada iraní en España. “Hay padres que están enterrando a sus hijos en el jardín de sus casas para evitar que el régimen se lleve sus cuerpos”, explica la exiliada a este diario.
Este jueves por la noche, esta mujer recibió dos llamadas telefónicas. Era su madre desde Irán, con la que no había podido comunicar desde hace casi un mes. Una duró “30 segundos y la otra dos minutos”, dice. “No digas nada. Estamos bien. No digas nada”, repetía la mujer “una y otra vez”, cuenta esta refugiada, como si supiera que alguien más estaba escuchando. Una amiga de Maryam que también logró conectarse a Internet a través de un satélite Starlink solo acertó a decirle: “Lo que está pasando es inimaginable”.
“Lo que se ve es solo la punta del iceberg”, escribe en un mensaje a este diario un exiliado iraní en Estados Unidos, basándose también en testimonios llegados desde su país. Este ha sido “el período más represivo [de la República Islámica], más allá de lo que podía creer o imaginar. La gente busca a sus seres queridos [desaparecidos] porque muchos no tienen rastro alguno de ellos”.
Como Maryam, el hombre sostiene que algunas familias de los muertos “los entierran en el terreno de sus casas, por miedo a que el régimen les robe los cuerpos”. También dice que “miles de iraníes han quedado ciegos”, una afirmación corroborada, aunque sin dar cifras concretas —que se desconocen— por organizaciones de derechos humanos iraníes en el exilio como HRANA.
Un neurocirujano que vive fuera del país ha difundido en redes sociales una captura de pantalla enviada por un colega de Shiraz, en el sur de Irán. En ella aparece un escáner del hospital universitario Namazi de la ciudad, fechado el 9 de enero, en el que se ve el cráneo de un niño con el rostro horadado por decenas de perdigones metálicos como los que usan las fuerzas de seguridad, incluido en uno de los ojos.
Varias ONG y testimonios recogidos por este diario la semana pasada denuncian a su vez que las autoridades están exigiendo a las familias de las víctimas grandes sumas de dinero para recuperar sus cuerpos. Lo llaman “el precio de las balas” y consiste en reclamar una cantidad por cada proyectil en el cuerpo del fallecido. En ocasiones, esas cantidades ascienden hasta a 5.000 euros, cuando un salario corriente en Irán oscila en torno a los 100 euros mensuales. El régimen iraní lo niega.
Cuando logran que les entreguen los restos de su ser querido, las autoridades obligan a las familias a enterrarlos a toda prisa, a menudo de noche y sin celebrar ceremonia alguna. El medio iraní en el exilio IranWire, entre otros, recogeel testimonio de un hombreque aseguraque las familias tienen media hora para dar sepultura a su allegado. Otras veces deben enterrar a su familiar enzonas alejadas de sus lugares de residencia.
HRANA asegura que más de 7.300 iraníes han resultado heridos de consideración. Maryam, siempre citando testimonios de su entorno en Irán, sostiene que muchos de ellos ni siquiera han acudido al hospital por miedo a ser detenidos y que siguen sin recibir asistencia médica. Amnistía Internacional ha denunciado este viernes en un comunicado que las fuerzas de seguridad se llevan a los heridos de los centros médicos, incluso a los más graves.
En vídeos difundidos por iraníes que han logrado salir del país que muestran decenas, si no centenares, de cadáveres en morgues como la Kahrizak, en Teherán, algunos cuerpos tienen aún las vías de los hospitales en los brazos o la cánula de la intubación que asoma de la boca.
La horca
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no atacar Irán, al menos por el momento, ha dado un respiro a un régimen que ha emergido de las protestas aún más debilitado que antes y con el fardo de miles de víctimas en las calles a sus espaldas. El miércoles, el Consejo de Seguridad Nacional del país divulgó una primera una cifra oficial de muertos en las protestas que tildó de “ataques terroristas”: 3.117.
Esa cifra oficial esconde una paradoja que subraya el Instituto de Estudios de la Guerra. La República Islámica trata de “minimizar la magnitud de su brutal represión de las protestas” con ese dato probablemente inferior al real, pero al mismo tiempo admite “implícitamente” que esa represión ha sido “la más mortífera en la historia moderna de Irán”. En las dos anteriores oleadas de protestas, murieron unas 1.500 personas (2019), según ese Instituto, mientras que, en las manifestaciones del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” en 2022-23, los muertos fueron 551, de acuerdo con la ONU.
A quienes sucumbieron a los disparos, incluso con ametralladoras de guerra, con fuego real o perdigones metálicos, se sumarán probablemente en un futuro no muy lejano los manifestantes que morirán en la horca, advierten las ONG iraníes.
Este viernes el fiscal general Mohavedi ha desmentido a Donald Trump, que aludió la semana pasada a la supuesta anulación de 800 ejecuciones de manifestantes por parte del régimen iraní. El mandatario atribuyó de forma implícita a ese anuncio su decisión de postergar un ataque militar a Irán que se consideraba inminente.
“Esa afirmación es completamente falsa; no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado ninguna decisión al respecto”, ha afirmado Movahedi en declaraciones a Mizan, la agencia de prensa del poder judicial iraní. A principios de semana, el fiscal jefe de Teherán, Ali Salehi, había definido ya las declaraciones de Trump sobre las ejecuciones supuestamente anuladas como “tonterías sin fundamento”.
El poder judicial iraní confirma así la mano dura contra unos manifestantes a quienes ha advertido durante las protestas de que serían acusados de un delito sin equivalencia fuera de Irán, la “enemistad hacia Dios”, que conlleva la pena capital.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización de derechos humanos basada en Oslo Iran Human Rights (IHR), que monitorea la aplicación de la pena de muerte en Irán, cree que el régimen iraní engañó a Trump. Sobre todo el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, que aseguró en la cadena de televisión favorita del mandatario, Fox News, que su país no tenía previsto ejecutar a manifestantes. “Básicamente, mintió”, asegura el activista.
Al contrario de lo afirmado por Trump, afirma, hay “señales” inquietantes que apuntan a que “el riesgo de ejecuciones de manifestantes es muy alto”. Amiry-Moghaddam teme que la República Islámica esté “planeando comenzar a ejecutar a un número significativo de manifestantes”.
Uno de esos indicios es particularmente preocupante, remarca el director de IHR. Se trata de la retransmisión televisiva de esas confesiones de manifestantes detenidos que, en Irán, suelen preceder a que sus protagonistas acaben en el patíbulo.
“Hay informes no confirmados de que quizá algunas personas ya hayan sido ejecutadas, por lo que algunas de ellas sin duda lo serán. Serán ejecutadas en secreto”, recalca este activista, que cree que, sin embargo, Irán terminará por anunciar alguno de esos ajusticiamientos.
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