Diversos juicios están marcando un hito social y judicial en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, una jueza ha sentado en el banquillo a las grandes tecnológicas dueñas de las redes sociales, para saber si generan adicción entre los más jóvenes, si son tan peligrosas como la industria tabaquera y si necesitan una regulación mucho más exhaustiva.
Una decena de vistas en Los Ángeles intentan averiguar si las redes sociales buscan convertirse en adictivas para los jóvenes, y si eso es delito
Diversos juicios están marcando un hito social y judicial en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, una jueza ha sentado en el banquillo a las grandes tecnológicas dueñas de las redes sociales, para saber si generan adicción entre los más jóvenes, si son tan peligrosas como la industria tabaquera y si necesitan una regulación mucho más exhaustiva.
Familias de chavales enganchados a las redes y asociaciones juveniles han decidido plantarse legalmente. De ahí que Meta (propietaria de WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads), TikTok, Snap (matriz de Snapchat) y YouTube (que es propiedad del gigante Google) se enfrenten a lo largo de este año diversos juicios. Este martes ha arrancado en Los Ángeles el primero de la, al menos, una decena que tendrá lugar en la ciudad: se calcula que los casos, a nivel tanto de los Estados del país como federal, son más de 2.500, tanto de familias como de asociaciones o distritos escolares que temen por la salud mental de los pequeños. Este año se esperan nueve juicios más a partir de denuncias individuales, y un décimo donde todo un distrito escolar, el de Oakland (junto a San Francisco) es el demandante. Según ellos, las redes son un problema público que supone una enorme carga —social, educativa, económica— a la hora de tratar las adicciones de los jóvenes. Y han decidido llevarlo a los tribunales.
La joven californiana K. G. M. (solo se la conoce por sus iniciales), de ahora 20 años, es la primera de ellos y donde muchos han puesto la mirada. Su caso es el de una niña tan normal como tantas otras: veía vídeos en YouTube desde los seis años y con ocho empezó a subir contenido, entró en Instagram con nueve (ahí tuvo su primer iPhone), en TikTok (entonces Musical.ly) con 10 y en Snapchat con 11. A día de hoy, ha pasado por depresión, ansiedad y problemas de dismorfia corporal. Sus abogados tienen claro que los filtros de belleza, el algoritmo, las reproducciones automáticas sin darle al botón de Play y otros tantos elementos del refinado diseño de esas aplicaciones, creado para escrolear durante horas y que llevan al bullying, al acoso sexual y hasta al suicidio, argumentan, han sido definitivas para crear una adicción a las redes que ha derivado en graves problemas.
“Ojalá nunca lo hubiera descargado”, llegó a decirle K. G. M. a su hermana sobre Instagram, como consta en la demanda. La misma hermana cuenta que, si su madre trataba de quitarle el móvil a K., esta entraba en un colapso emocional por no poder acceder a Instagram durante ese tiempo, “como si se hubiera muerto alguien”, recordaba. “Había un momento en que su adicción era tan grande que no podía quitarle el teléfono de la mano”, afirmaba su madre. “Creo que las redes, su adicción a las redes, ha cambiado el modo en que funciona su cerebro”, ha dicho. “No tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil”. La familia exige ahora compensaciones económicas —la cantidad no ha trascendido—, pero también cambios y perdón público por parte de las creadoras y dueñas de las apps.
Por el momento, la semana pasada llegaron a un “acuerdo amistoso” con Snap, según la portavoz de la empresa. El lunes, horas antes de que empezara la selección del jurado para la vista, con TikTok; también se desconocen las cifran. Pero eso no acelerará el juicio, donde los abogados pretenden seguir un guion similar a los grandes juicios contra las empresas de tabaco de los años noventa, afirmando que el producto es mucho más adictivo y con mayores daños a largo plazo de lo inicialmente conocido.
El llamado Social Media Victims Law Center (el centro legal para víctimas de redes sociales), con sede en Seattle (Washington), representa a decenas de estas víctimas. Uno de sus abogados, Matthew Bergman, afirmaba ante varios medios la semana pasada que el público finalmente conocerá “cómo las empresas de redes sociales han dado prioridad a sus beneficios por encima de la seguridad de nuestros niños” mediante “decisiones de diseño deliberadas”: “No se trata del contenido de terceros”, afirmaba. “Hablamos de un diseño no pensado para enseñarles a los niños lo que quieren ver, sino lo que no pueden dejar de ver”. Bergman, que representa también a K. G. M., afirma que este es “un momento de cambio histórico” porque “por primera vez” miles de familias tendrán derecho a exponer sus casos ante un tribunal.
Si los cigarrillos y los opioides fueron la piedra de toque de las adicciones de otro momento, ahora estas están al alcance de la mano y desde la más temprana edad. Y esos niños y sus familias empiezan a ser conscientes de sus efectos secundarios. De ahí que, por primera vez, en la que se prevé como una serie de juicios históricos, algunas de las mayores y más poderosas empresas del mundo tengan que sentarse en el banquillo a dar explicaciones. Pueden quedar libres de pena, pero eso no significa que salgan bien paradas.
Lo que arranca ahora es la punta del iceberg: hay más de 1.600 denunciantes en California, más de 200 a nivel federal. Se prevé que las vistas duren años. Solo el hecho de sentar a TikTok o Instagram en cada corte sería imponente. Para el juicio de K. G. M. se espera la presencia de Mark Zuckerberg, creador de Facebook hace 22 años y hoy responsable de Meta, su matriz.
Las grandes tecnológicas guardan silencio o esperan. Confían en que la primera enmienda de la Constitución, que trata sobre la libertad de prensa, les protege. En concreto, se escudan, como llevan haciendo años, en la llamada Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones. Por ella afirman que están exentos de responsabilidad con respecto a lo que publican sus usuarios. Pero en este caso los abogados no hablan del contenido, sino de cómo el continente —el propio modo en el que está creada esa red— moldea dicho contenido y, por tanto, afecta al usuario. Algunas se han atrevido a hablar. YouTube ha lanzado un comunicado: “Esas alegaciones no son ciertas”, afirmaba un portavoz. “Darles a los jóvenes una experiencia segura y sana siempre ha sido el núcleo de nuestro trabajo”, explicaba, hablando de controles parentales y filtros.
Meta ha llegado a publicar un largo escrito en su web corporativa, que ha llamado Más allá de los titulares: el historial de Meta sobre la protección de los adolescentes y el apoyo a los padres. La empresa está en el ojo del huracán: el Senado de EE UU les llegó a decir que tenían “sangre en las manos” y de hacer “un producto que mata gente” hace menos de un año. Ahora, en ese texto, hablan de las quejas y afirman que los abogados “simplifican de más un asunto serio”, alegando que “las demandas no reflejan la realidad”. Aseguran haber integrado herramientas antisuicidio o haber creado, por ejemplo, cuentas de Instagram específicas para adolescentes, con muchos más límites.
Pero las pruebas demuestran que no es exactamente así. En noviembre un juez federal ordenó que se desclasificaran más de 5.800 páginas con conversaciones y correos de personal de alto nivel de Meta de los que se extraía que las empresas sabían que sus productos eran altamente adictivos, pero que priorizaban eso antes que la seguridad o la salud mental, pasando por alto los peligros para las familias. Por ejemplo, en 2019 Instagram eliminó algunos de esos filtros de belleza que muestran al usuario con su rostro modificado en ideales imposibles; ese año y el siguiente, varios ejecutivos le pidieron a Mark Zuckerberg que volviera a instaurarlos, pese a que sabían cómo podía afectar a la imagen corporal de los más jóvenes, sobre todo de muchas mujeres. Un ejecutivo incluso habló de que una de sus hijas había tenido problemas de dismorfia corporal. Pero aun así, los filtros volvieron.
De hecho, precisamente el lunes, en otra demanda impuesta en Nuevo México, el fiscal general acusó a Meta y a Zuckerberg de haberse “negado a imponer medidas de protección razonables” para jóvenes. El fiscal, Raúl Torrez, asegura en la denuncia que Meta “no fue capaz de detener la avalancha de material sexual perjudicial y propuestas sexuales dirigidas a niños” tanto en Facebook como en Instagram. Algunos ejecutivos pusieron pegas a esos chatbots, lanzados a principios de 2024 y que planteaban escenarios románticos y sexuales a niños y adolescentes, y llegaron a calificarlos de “indenfendibles”. Hay un correo del ex primer ministro de Reino Unido, Nick Clegg, consejero de Meta y su jefe de políticas globales hasta hace un año, donde muestra clara preocupación porque se produjeran este tipo de interacciones sexuales: “¿Es por eso por lo que realmente queremos que se conozcan estos productos“.
En estas demandas, Meta y otras compañías se escudan en el hecho de que la salud mental no está moldeada por un solo factor, como son las redes sociales, así como en el hecho de que no está científicamente probado que las redes generen adicción. Pero el excirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, llegó a avisar hace unos meses de que “los adolescentes que usan las redes más de tres horas al día tienen el doble de riesgo de padecer síntomas de depresión y ansiedad”. De hecho, él pidió que se colocaran etiquetas de advertencia en las redes similares a las del tabaco. Un estudio del Pew Research Center asegura que uno de cada cinco adolescentes cree que las redes sociales dañan su salud mental. Y la mitad de ellos reconoce que son malas para las personas de su edad y problemáticas en cuestiones como la productividad y el sueño. Algunos Estados, como la propia California —ha prohibido completamente los móviles en las aulas públicas—, o países como Australia —con los 16 como edad mínima para entrar en redes— tratan de ponerle puertas a lo que, al menos ahora, parece el campo.
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