El chavismo anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela. La noticia, adelantada por EL PAÍS, la ha dado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia. “Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999”, dijo. “Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, añadió tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro.
La presidenta encargada adelanta una nueva ley que se discutirá y aprobará previsiblemente la semana que viene
El chavismo anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela. La noticia la ha dado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia. “Anuncio una ley de amnistia general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo. “Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, añadió tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro. La medida de gracia podría afectar a cientos de prisioneros políticos que aún permanecen en cárceles venezolanas. El anuncio llega casi un mes después del inicio de las liberaciones, que se han producido con cuentagotas desde que fuerzas de asalto estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero. En este tiempo se han liberado más de 600 presos, según el chavismo —302, según los defensores de los encarcelados—.
La medida pretende amnistiar y borrar las causas de los excarcelados. Es un perdón mucho más amplio de los que se están ejecutando estos días dado que los liberados han salido de la cárcel pero siguen sometidos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o incluso acceder a determinados empleos. Son además carne de cañón de extorsiones si vuelven a ser interceptados en algún control policial.
El chavismo lleva año usando a los presos políticos como moneda de cambio. Un aparato represivo orquestado entre los cuerpos policiales y el sistema de justicia ha dejado miles de detenidos en los últimos años. En otros procesos de negociación se han logrado liberaciones parciales de presos e intercambios de prisioneros, pero, en paralelo, se han seguido produciendo detenciones arbitrarias.
El ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha estado en buena parte de esos procesos de negociación con el chavismo. Decenas de familiares desesperados han acudido al exmandatario en busca de su mediación en los últimos años. Su labor, junto a la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el reino de Qatar, que también ha ejercido de mediador, fue alabada por el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez cuando anunció las primeras excarcelaciones.
Aunque no hay precedentes de amnistía, sí ha habido indultos. Los últimos —y los únicos— otorgados por el chavismo se produjeron en 2020, cuando Maduro liberó a 110 opositores presos entre los que se incluyó a una buena parte del equipo del dirigente Juan Guaidó, que lideraba la oposición en ese tiempo. Esta fue la única vez que el Gobierno presentó una lista.
Los beneficiados de aquella medida aparecieron con sus uniformes amarillos de la cárcel en un acto celebrado en la Cancillería, donde se oficializó el perdón. Los defensores denunciaron entonces que la lista se había engordado con la inclusión de presos procesados por delitos comunes y de personas que ya habían sido liberadas en procesos anteriores.
La amnistía general es una exigencia en la que han insistido en las últimas semanas sectores de la oposición y víctimas de la represión chavista. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número significativo” de detenidos apenas cinco días después de la captura de Maduro, pero tanto la sociedad civil como la oposición —dentro y fuera de Venezuela— consideraron la medida insuficiente. No se puede hablar de transición —han dicho varias figuras públicas venezolanas en los últimos días— con la cárceles llenas de personas detenidas injustamente.
Lento proceso
Las excarcelaciones anunciadas por el régimen tras la caída de Maduro se presentaron como masivas, pero se han producido con lentitud y, en muchos casos, sin implicar libertades plenas. Los presos venezolanos liberados permanecen sometidos a medidas cautelares, con prohibición de salir del país o de hablar con la prensa. Solo los detenidos extranjeros han recuperado plenamente su libertad al regresar a sus países de origen.
El proceso se ha desarrollado de forma opaca, sin información oficial que permita saber quiénes serán los beneficiados. Los familiares han exigido sin éxito la publicación de las listas. En algunos casos, las concesiones ni siquiera han supuesto la excarcelación, sino únicamente el acceso a visitas para detenidos que llevaban meses incomunicados.
La ventana abierta por la salida forzada de Maduro del poder ha llevado a los familiares a redoblar la presión para que esta vez se libere a todos. Desde hace semanas organizan vigilias y campamentos a las puertas de las cárceles. La causa de los presos políticos ha reactivado unas protestas que permanecían apagadas en los últimos meses, tras la intensificación de la persecución política.
Días atrás, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela se encararon con la presidenta encargada Delcy Rodríguez por el tema, una escena imposible en otro momento político en Venezuela. La presión interna para el Gobierno ha crecido a la par que Donald Trump aplica tenazas para ejercer como un tutor del chavismo, que continua en el poder con el beneplácito de Washington.
Las ONG defensoras han confirmado que algo más de 300 personas han sido excarceladas en el último mes, pero aún quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes. A esa cifra se suman más de 9.000 personas sometidas a medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados por persecución política. El último balance ofrecido por un funcionario elevó a 808 el número de excarcelados, una cifra que familiares y abogados ponen en duda.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que reúne a familiares de detenidos en las protestas tras las elecciones de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron arrestadas, presentaron hace semana una propuesta de ley de amnistía para la que están recogiendo firmas. Las madres insistieron en la necesidad de buscar “salidas” que “permitan un procesamiento democrático de las diferencias”. Esto pasaría por dejar atrás hechos que han derivado en persecuciones y encarcelamientos por motivos políticos y permitiría incluir a todos, también a quienes se han visto forzados al exilio o a la clandestinidad, a diferencia de los indultos, que solo contemplan medidas individuales.
Esta organización propone pasar página a 12 años de represión y fija como punto de partida de la amnistía el 1 de febrero de 2014, días antes de la primera gran manifestación contra el Gobierno de Maduro, que entonces aún no cumplía un año en el poder. La iniciativa plantea además incluir a activistas sociales, periodistas, integrantes de comités de víctimas, militares perseguidos y dirigentes políticos. En un plazo de 180 días, el Ministerio Público debería, según ese borrador, sobreseer las causas e implementar mecanismos independientes de verificación, garantías de no repetición y medidas de reparación a las víctimas.
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