En el muelle de Woolwich, uno entre una treintena que conectan los suburbios ribereños de Sídney con el centro de la ciudad, la paz de los viajeros diarios ha sido interrumpida este verano por adolescentes que en el último mes se han dedicado a pescar. Jamie D., un joven de 14 años, cuenta que esta semana, la última de sus vacaciones, se la ha pasado viniendo todas las mañanas. “Creo que estuve durmiendo mejor sin mirar TikTok y después de las fiestas me animé a venir hasta aquí más temprano porque los otros muelles están llenos”, cuenta a mediodía de este jueves, mientras vigila dos cañas y se limpia el sudor de la frente. La vida sin redes sociales le ha mejorado el sueño, pero ha creado otros problemas. “Vengo solo porque es un lío quedar”, dice. “Algunos de mis amigos se abrieron nuevas cuentas en Snapchat, pero mis padres no me dejaron intentarlo”.
El Gobierno celebra haber desactivado casi cinco millones de cuentas de menores de edad casi un mes después de implementar una ley pionera que restringe el acceso hasta los 16 años
En el muelle de Woolwich, uno entre una treintena que conectan los suburbios ribereños de Sídney con el centro de la ciudad, la paz de los viajeros diarios ha sido interrumpida este verano por adolescentes que en el último mes se han dedicado a pescar. Jamie D., un joven de 14 años, cuenta que esta semana, la última de sus vacaciones, se la ha pasado viniendo todas las mañanas. “Creo que estuve durmiendo mejor sin mirar TikTok y después de las fiestas me animé a venir hasta aquí más temprano porque los otros muelles están llenos”, cuenta a mediodía de este jueves, mientras vigila dos cañas y se limpia el sudor de la frente. La vida sin redes sociales le ha mejorado el sueño, pero ha creado otros problemas. “Vengo solo porque es un lío quedar”, dice. “Algunos de mis amigos se abrieron nuevas cuentas en Snapchat, pero mis padres no me dejaron intentarlo”.
Este ha sido un verano inusual para millones de adolescentes australianos. El pasado 10 de diciembre, el Gobierno laborista activó una ley pionera que veta el acceso de menores de 16 años a una decena de plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat, con la amenaza de multar con hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) a aquellas que no tomen “pasos razonables” para verificar la edad de sus usuarios y suspender cuentas de menores. A mediados de este mes, el primer ministro Anthony Albanese anunció que ya se habían desactivado unos 4,7 millones de usuarios entre las diez plataformas vigiladas por la ley: Instagram, Facebook, Threads, X, TikTok, Reddit, Snapchat, Threads, Reddit, Kick, Twitch y YouTube.
“Sabemos que ha sido difícil para muchos. Todo cambio lo es”, dijo Albanese en una comparecencia en el Estado de Queensland, en el noreste del país. “Pero durante estas vacaciones, los jóvenes han andado en bicicleta, han estado leyendo libros, quedando con amigos y familiares. Interactuando. Esto ha marcado una enorme diferencia para ellos”. El primer ministro también calificó el primer gran proyecto de su segundo mandato como “una fuente de orgullo australiano” que otros Gobiernos han empezado a imitar. La Asamblea Nacional de Francia aprobó hace unos días un proyecto similar, y países como Nueva Zelanda, Dinamarca o Malasia también analizan hacerlo.
Los adolescentes, sin embargo, han encontrado sus grietas. El verano ha estado plagado de jóvenes pescando en los muelles de Sídney, o de noticias de cuadrillas de jóvenes que invaden campos de golf con sus bicicletas en otras ciudades, pero también de otros que han eludido los controles faciales de redes como Snapchat, que han conseguido abrir nuevas cuentas de TikTok o Instagram, o que siguen enganchados a los vídeos de YouTube sin necesidad de iniciar sesión con sus usuarios.
El Gobierno australiano celebra sus cifras, pero sabe que juega un partido largo. “No esperamos que las leyes de seguridad eliminen todas las infracciones. Si así fuera, los límites de velocidad no servirían porque todavía hay gente que los incumple”, dijo en la misma comparecencia del pasado 16 de enero la comisionada de Seguridad Digital, Julie Inman Grant. “No se trata de limitar el acceso de los jóvenes a la tecnología. Se trata de evitar que las empresas depredadoras de redes sociales accedan a nuestros hijos”.
Las autoridades no han detallado el porcentaje de cuentas bloqueadas por cada plataforma. Meta, sin embargo, afirmó a mediados de mes haber eliminado medio millón de usuarios pertenecientes a menores de 16 años: 330.639 cuentas de Instagram, 173.497 perfiles de Facebook y 39.916 cuentas de Threads. La compañía acompañó las cifras con una crítica al Gobierno. “La premisa de la ley, que impide a los menores de 16 años tener una cuenta en redes sociales para evitar una ‘experiencia algorítmica’, es falsa. Las plataformas que permiten a los adolescentes usarlas sin iniciar sesión aún utilizan algoritmos para determinar el contenido que podría interesar al usuario, aunque de una forma menos personalizada y que puede adaptarse adecuadamente a su edad”, publicó en un blog.
El algoritmo preocupa a algunos padres que se han rendido ante las redes. Marie Easton, madre de dos jóvenes en Nueva Gales del Sur, centro este del país, cuenta que ha perdido la batalla contra YouTube a pesar de que ya no tiene que pagar sus usuarios en modalidad Premium. “Es incluso peor”, dice. “Antes veían todo lo que querían sin anuncios. Ahora siguen mirando vídeos, pero cada dos minutos se cuelan los anuncios de juegos para el móvil o de sitios de apuestas”.
Meta sostiene que la ley “aísla a jóvenes vulnerables, impidiendo que accedan a otras comunidades en línea” y “empuja a los adolescentes a otras redes y a sitios de internet con menos regulaciones”. La crítica ha sido la más grande que ha enfrentado el Gobierno, que a finales de diciembre ya fue demandado por otra plataforma, Reddit, ante la Corte Suprema australiana.
Reddit, un foro enfocado en discusiones sobre temas específicos que se alimenta de texto, vídeo e imágenes, espera que la Justicia admita que la norma viola los derechos constitucionales de los adolescentes a la libertad de comunicación política —un argumento que grupos libertarios y activistas digitales ya han llevado a la Corte—, pero también sostiene que su plataforma no debería ser regulada, ya que no anima la interacción social entre usuarios anónimos. La Corte resolverá ambas demandas el mes próximo.
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