<p>El Gobierno ha recurrido a la figura del real decreto, prevista constitucionalmente sólo en casos de extrema urgencia, para legislar una regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida afecta a los extranjeros que hayan solicitado asilo hasta el 31 de diciembre y a aquellos que puedan acreditar su residencia en España con algún tipo de documento cinco meses antes de esa fecha. Se concede el permiso de trabajo y residencia durante un año y allanará a los beneficiarios la obtención de la nacionalidad. El Ejecutivo margina la legislación ordinaria en el Parlamento, que impulsó una iniciativa popular (IPL) con el apoyo de todos los grupos menos Vox, y lo sustituye por un acuerdo con Podemos. Defiende «la urgencia» de la medida por sus beneficios económicos.</p>
Los extranjeros han sido una bendición para el PIB, pero si el modelo no avanza hacia una mayor productividad se agravarán las deficiencias que ya existían antes de la regularización del Gobierno
El Gobierno ha recurrido a la figura del real decreto, prevista constitucionalmente sólo en casos de extrema urgencia, para legislar una regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida afecta a los extranjeros que hayan solicitado asilo hasta el 31 de diciembre y a aquellos que puedan acreditar su residencia en España con algún tipo de documento cinco meses antes de esa fecha. Se concede el permiso de trabajo y residencia durante un año y allanará a los beneficiarios la obtención de la nacionalidad. El Ejecutivo margina la legislación ordinaria en el Parlamento, que impulsó una iniciativa popular (IPL) con el apoyo de todos los grupos menos Vox, y lo sustituye por un acuerdo con Podemos. Defiende «la urgencia» de la medida por sus beneficios económicos.
Una manera de medir el PIB consiste en multiplicar las horas trabajadas de una economía por la productividad. En 2018, España tenía 4.734.691 residentes extranjeros y hoy tiene 2.397.633 más. La mayoría de ellos se han incorporado al mercado de trabajo. Según Fedea, constituyen el 57% del empleo generado en los últimos siete años, lo que les convierte en fundamentales con un añadido: el crecimiento vegetativo de la población nativa es negativo. Las familias migrantes gastan prácticamente el 100% de su renta e impulsan la demanda interna. Pero por el lado de la productividad, la aportación es escasa. Se incorporan a empleos de valor añadido muy bajo, al menos en las primeras cohortes.
Lo primero es saber cuántos migrantes se van a regularizar. El Gobierno calcula que medio millón. Funcas eleva la cifra a 800.000. Las cifras no estarán claras hasta que no se inicie el proceso. No existe evidencia previa de que se produzca un efecto llamada como consecuencia de la regularización. En los dos estudios publicados (Ismael Gálvez Iniesta, 2025 y Ferran Elías et al., 2022) no se constata y sí se aprecia un efecto positivo en cuanto al afloramiento de economía sumergida. Lo anómalo es que una iniciativa de un impacto social así sea fruto de un pacto a tres bandas entre el Gobierno, Podemos y Junts y que no vaya acompañado de una memoria económica.
Es la respuesta más sencilla: no. Según un estudio del economista Santiago Calvo, en los últimos tres años los migrantes han asumido la mitad de los empleos nuevos. Pero en algunas comunidades, los datos son abrumadores. En el País Vasco, el 91% de las ocupaciones recientes son de trabajadores nacidos fuera de España. El porcentaje es muy importante también en La Rioja (80%), Aragón (78%), la Comunidad Valenciana (66%), Cataluña (59%) o Madrid (51%), entre otros. Las patronales de casi todas las industrias, especialmente las intensivas en mano de obra, reclaman medidas para atraer más extranjeros. Para quienes crean que el empleo es una cuestión de suma cero, la respuesta es tan simple como la que abría esta pregunta: no. Desde 2018, España ha ganado casi tres millones de afiliados a la seguridad social. Los trabajadores extranjeros no quitan el puesto a los españoles.
El Gobierno se ha apresurado a presentar el impacto positivo de la migración al Estado manipulando un estudio académico. Según la ministra portavoz, Elma Saiz, cada migrante tiene una balanza fiscal positiva de 4.000 euros. Saiz se refiere al cálculo de Ismael Gálvez que detalla que los extranjeros no comunitarios contribuyen con impuestos en 7.762 euros, más de lo que reciben en beneficios sociales. Pero si se incluyen la sanidad y la educación, el saldo ajustado es negativo, 3.036 euros, tal y como ha aclarado el autor. Sucede igual, aunque en menor medida en los españoles, que tienen un saldo negativo de 2.262 euros. Sólo tienen una aportación positiva los migrantes comunitarios.
Tampoco. Es un error querer valorar su impacto económico en función de un cálculo de las balanzas fiscales individuales, como hace el Gobierno y también sus detractores, porque es demasiado cortoplacista. Los migrantes reciben menos beneficios del Estado de bienestar en todas las partidas salvo dos: asistencia social y educación. Y tiene cierto sentido, porque son más jóvenes. Sin embargo, también aportan menos en impuestos directos e indirectos porque ocupan puestos de trabajo peor remunerados en un modelo «extensivo» y de baja productividad. De ahí que sea compatible que los foráneos resulten «esenciales para sostener el empleo y compensar las jubilaciones», como sostiene Fedea, pero que si el modelo no evoluciona, su impacto en el largo plazo no soluciona nada.
La incorporación de 2,5 millones de personas al sistema genera cuellos de botella en los servicios públicos más expuestos. Un caso paradigmático es la Sanidad, donde España ha pasado de gastar 75.917 millones a 102.942 millones, un 35% más o un 11% más cuando se descuenta la inflación. Pero si se mide por paciente, el incremento del gasto es de apenas el 6% porque la población ha aumentado con fuerza. Pese al brutal incremento de la recaudación para financiarlo, en términos de PIB apenas prospera. Además, el empleo y los salarios sanitarios están estancados, según Fedea. Los migrantes aparecen aquí también como alivio transitorio: el 10% de los puestos de trabajo sanitarios están ocupados por ellos.
La formación de nuevos hogares por parte de los inmigrantes agrava los problemas de falta de oferta de vivienda en España y contribuye a la tensión en los precios, según el economista Joan Monràs. La competencia por el techo puede ser un contraindicador muy visible en términos de integración. Como sucede con todos los elementos anteriores, no todos los factores son negativos. Fedea sostiene que la redistribución de migrantes por los territorios más envejecidos ejerce un efecto de «compensación» por lo que se genera una dependencia estructural.
No. A España le resulta beneficioso porque tiene una de las peores tasas de reemplazo del mundo, junto a Corea del Sur y Japón, y el sistema de pensiones de reparto, es decir, las jubilaciones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Pero el invierno demográfico ya abarca a todos los países de Europa, a la mayoría de los de Asia y a todos los de Latinoamérica. Sólo África e India se salvan. Las políticas de natalidad no equilibran la balanza. Los migrantes vienen con el ciclo económico y cuando éste cambia, el stock permanece pero los flujos se detienen. En ocasiones, incluso se invierten. Atraer migrantes sólo es una solución transitoria que, si no se soluciona, agrava los desequilibrios que ya existían.
Los migrantes que reciban el permiso de residencia no pueden votar aún. Otra cosa es que las políticas proinmigración seduzcan a los compatriotas que ya pueden ejercer el derecho al sufragio. Las tendencias electorales de los extranjeros están bastante definidas. Los marroquíes encabezan el voto a la izquierda junto con los argentinos, según un estudio de Opina360. Los venezolanos votan más a la derecha.
Los principales problemas de integración se han producido en provincias donde la inmigración marroquí es predominante, como Murcia o Barcelona. Son el colectivo con más presencia en España (un millón), pero su tasa de desempleo se acerca al 28% frente al 11% de los latinos. Sus sueldos son un 32% inferiores a los de origen español. No todo es racismo. Las familias magrebíes arrojan datos preocupantes y, sobre todo, persistentes. Las rentas de sus hogares no convergen nunca porque las mujeres no se incorporan al mercado de trabajo por una cuestión cultural, pese a que tienen menos tasas de abandono escolar que el resto de nacionalidades (16%, por un 23% de las latinas, según el Instituto Elcano). La tasa de actividad de los hombres es del 87% y la de las mujeres, del 42%. Es una pobreza en parte autoinfligida y que genera rechazo social.
‘Disclaimer’: ante la duda, Kant. «Los inmigrantes son necesarios porque quién si no le va a cambiar los pañales a tu abuelo». Reflexiones de este tipo son erróneas, aunque estén bienintencionadas. Kant enseñó el camino en 1785: «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio». Limpiar eyecciones es un trabajo digno, pero la raíz de la dignidad del migrante nace de su condición de persona, la misma que la del nativo.
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