El Gobierno y el escudo social

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la prórroga del decreto de suspensión de desahucios alegando que «una persona que de repente no puede pagar el alquiler porque no le da no es un okupa ni un inquiokupa: es alguien que necesita el apoyo de lo público para reflotar su situación». Su intuición es correcta.

Lo que obvia la ministra es que esta noble tarea no recaería sobre el presupuesto público, sino sobre los hombros de ciudadanos particulares, forzados a convertirse en proveedores involuntarios de política social. Lo que el gobierno presenta como un «escudo social» es en realidad un enjambre de escudos humanos, y por eso es cuestionable.

La política social en un Estado de Derecho debe articularse mediante instrumentos públicos: impuestos, presupuestos y compensaciones. Por tanto, es injusto que se diseñen políticas cuya eficacia dependa de trasladar las responsabilidades del Estado a un subconjunto cautivo de ciudadanos. Imaginemos un decreto que permitiera a las personas vulnerables llevarse alimentos del supermercado sin pagar, obligando a los comerciantes a concederles crédito indefinido porque «no son ladrones, son vulnerables». La cuestión no es el objetivo, sino el mecanismo: resolver los problemas públicos requisando bienes privados.

Sin embargo, existe un segundo problema relacionado con la legitimidad política que es menos obvio, pero más profundo. Cabe presuponer una regla básica e informal en los regímenes representativos: los políticos carecen de legitimidad para imponer una carga coercitiva a ciudadanos particulares si -presumiblemente- considerarían esa misma carga injusta si se les aplicara a ellos.

Nuestros políticos no son categóricamente diferentes de los propietarios a quienes fuerzan a convertirse en escudos sociales. A diferencia de lo que ocurre entre el político y el soldado, las diferencias entre propietario afectado y el político son contingentes: ambos son civiles con derechos de propiedad. Y, sin embargo, es poco plausible que el político considerara justa esa imposición si fuera el propietario afectado. Y una regla cuya justicia depende de no aplicársela a uno mismo no es una regla de justicia. En este punto, la acusación de demagogia es predecible. Y errónea. Porque mi argumento no es que los políticos sean malvados por no abrir sus hogares a los más vulnerables. No es un llamamiento a la caridad personal ni al sacrificio simbólico. La acusación es más modesta, y más grave: mi tesis es que están utilizando la coacción para obligar a los ciudadanos a soportar una carga que ellos considerarían inaceptable si se invirtieran los roles. No es populismo, sino una prueba de legitimidad.

Si la vulnerabilidad es una responsabilidad colectiva, debe ser financiada colectivamente. Los políticos tienen la potestad de imponer impuestos, a los que ellos mismos están sujetos. Lo que no tienen derecho es a convertir una tarea pública en una obligación privada. Y menos en una que ellos, como particulares afectados, denunciarían como injusta.