<p>La funcionaria del Gobierno vasco que actúa de enlace con las víctimas del terrorismo y con sus asociaciones, <strong>Nerea Cambra</strong>, dejará su puesto en los próximos días a petición propia. Fuentes autorizadas del Ejecutivo autonómico confirmaron ayer que Cambra ha solicitado su traslado a otra área, aunque desvincularon totalmente su decisión del enorme malestar que en el mundo de las víctimas está generando la cascada de semilibertades que el Departamento de Justicia, al que ella pertenece, está concediendo a presos de <a href=»https://www.elmundo.es/e/et/eta.html»>ETA</a>, entre ellos ex dirigentes históricos como <strong>Garikoitz Aspiazu (‘Txeroki’)</strong> y <strong>María Soledad Iparragirre (‘Anboto’)</strong>.</p>
La funcionaria del Gobierno vasco que actúa de interlocutora con ellas pide su traslado
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La funcionaria del Gobierno vasco que actúa de enlace con las víctimas del terrorismo y con sus asociaciones, Nerea Cambra, dejará su puesto en los próximos días a petición propia. Fuentes autorizadas del Ejecutivo autonómico confirmaron ayer que Cambra ha solicitado su traslado a otra área, aunque desvincularon totalmente su decisión del enorme malestar que en el mundo de las víctimas está generando la cascada de semilibertades que el Departamento de Justicia, al que ella pertenece, está concediendo a presos de ETA, entre ellos ex dirigentes históricos como Garikoitz Aspiazu (‘Txeroki’) y María Soledad Iparragirre (‘Anboto’).
La labor que esta trabajadora social ha desempeñado en los últimos años es muy sensible. En nombre del Gobierno vasco, Cambra mantiene la interlocución con las víctimas de ETA y con las asociaciones que las representan. Las atiende para cualquier tipo de trámite, consulta o queja, de forma que es muy conocida en este sector, y también muy respetada por la empatía que ha demostrado con ellas. Su puesto está adscrito a la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas que dirige Ainhoa Zugasti, a las órdenes de la consejera socialista María Jesús San José.
La despedida de Cambra se produce en un momento delicado, cuando las semilibertades concedidas a presos de ETA, a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, han alcanzado a Txeroki, en febrero, y este mismo martes, a Anboto, que aún tiene que declarar por otra causa abierta en la Audiencia Nacional.
Ambos están condenados a centenares de años de cárcel y no consta que se hayan arrepentido públicamente ni que hayan colaborado con la Justicia, pero están saliendo de la prisión de Martutene (San Sebastián) unas horas al día, de lunes a viernes. En el caso de Txeroki, la Fiscalía aduce que ha demostrado su «compromiso» con las víctimas al haber participado en el «programa de justicia restaurativa» con el que el Gobierno vasco está reuniendo a etarras y víctimas dentro de las cárceles y en un caserío guipuzcoano. También Anboto ha acudido a esos encuentros.
Los detalles del programa, que fue desvelado por EL MUNDO hace dos semanas y que está rodeado de una opacidad absoluta, también han generado malestar en las asociaciones de víctimas, que no habían sido informadas y que temen que su verdadero propósito sea acelerar la salida a la calle de los etarras fieles a Bildu que aún no pueden acceder al tercer grado penitenciario.
El artículo 100.2 es una medida de carácter excepcional que permite al condenado salir unas horas de prisión, pero con los de ETA se ha convertido en una realidad ordinaria. El contexto político es la estable alianza parlamentaria forjada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu y ex miembro de ETA, Arnaldo Otegi, quien en octubre de 2021 dijo: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha censurado públicamente la semilibertad de Anboto. «Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España», ha denunciado Consuelo Ordóñez. A su juicio, «se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las tres cuartas partes de su condena».
Hoy apenas medio centenar de etarras siguen en segundo grado. Desde que Sánchez transfirió la competencia de las cárceles al País Vasco, en octubre de 2021, cerca de cien han obtenido el tercer grado y una treintena, el 100.2, aunque la lista de estos últimos no se hace pública.
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