Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, su ministro de Defensa durante casi toda la guerra de Gaza, se han convertido este jueves en los primeros dirigentes de un país democrático apoyado por Occidente con órdenes de arresto por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La decisión, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza desde octubre de 2023, los coloca en la misma liga que el presidente ruso, Vladímir Putin, y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania; de mandos de una milicia libia por un caso que implica fosas comunes con cientos de cadáveres; de dictadores como el sudanés Omar al Bashir o de un señor de la guerra tan cruel como el ugandés Joseph Kony. Todo un golpe simbólico a la imagen del país, que tiene además una causa abierta por presunto genocidio en el Tribunal de La Haya y ha visto cómo era declarada ilegal su ocupación y colonización de Cisjordania y Jerusalén Este desde hace décadas. Ahora, la doble petición de arresto del TPI plantea un dilema individual a varios de los 125 Estados miembros: priorizar el respeto a la decisión (están técnicamente obligados, pero depende de su voluntad, porque no hay autoridad para imponerlo) o su alianza con Israel, con el consiguiente riesgo de ser acusados de doble rasero.
La instrucción del Tribunal Penal Internacional pone en aprietos a los países aliados de Israel, que afrontarán el dilema de tener que detener al primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant si viajan a sus territorios
Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, su ministro de Defensa durante casi toda la guerra de Gaza, se han convertido este jueves en los primeros dirigentes de un país democrático apoyado por Occidente con órdenes de arresto por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La decisión, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza desde octubre de 2023, los coloca en la misma liga que el presidente ruso, Vladímir Putin, y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania; de mandos de una milicia libia por un caso que implica fosas comunes con cientos de cadáveres; de dictadores como el sudanés Omar al Bashir o de un señor de la guerra tan cruel como el ugandés Joseph Kony. Todo un golpe simbólico a la imagen del país, que tiene además una causa abierta por presunto genocidio en el Tribunal de La Haya y ha visto cómo era declarada ilegal su ocupación y colonización de Cisjordania y Jerusalén Este desde hace décadas. Ahora, la doble petición de arresto del TPI plantea un dilema individual a varios de los 125 Estados miembros: priorizar el respeto a la decisión (están técnicamente obligados, pero depende de su voluntad, porque no hay autoridad para imponerlo) o su alianza con Israel, con el consiguiente riesgo de ser acusados de doble rasero.
Una de las primeras consecuencias prácticas es que Netanyahu y Gallant tendrán que asegurarse, antes de tomar un avión, de que no serán arrestados al aterrizar. Es el caso de todos los países de la Unión Europea (sostén histórico del TPI) o del Reino Unido, que le viene proveyendo de armas. Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica, como ha sucedido en casos previos. Mongolia, por ejemplo, recibió en septiembre a Putin, pese a que ha firmado el Estatuto de Roma, que dio a luz al tribunal en 2002.
Anthony Dworkin, analista político sénior en el think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, con sede en Berlín, cree que los países comunitarios “deberían dejar claro que apoyan plenamente al TPI como órgano judicial independiente”, “confirmar que ejecutarán las órdenes de detención” y “evitar cualquier declaración que socave al tribunal o cuestione su legitimidad”. “Especialmente”, añade tocando uno de los puntos que más lastra la imagen de Occidente en el mundo árabe-musulmán, “tras el fuerte apoyo europeo a la orden de arresto del TPI” contra Putin, en marzo de 2023, muy poco después de la invasión de Ucrania. Países Bajos, por ejemplo, ha anunciado que lo arrestaría, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia ha evitado responder a una pregunta directa sobre el tema, calificándolo de “cuestión jurídicamente compleja”. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha recordado la obligación.
El asunto no se queda en los arrestos, ya que los firmantes del Estatuto de Roma “tienen la obligación de colaborar con el tribunal”, lo que puede influir en su apoyo político, económico o armamentístico a Israel, recuerda Alonso Gurmendi, especialista en Derechos Humanos en la London School of Economics. “Creo que se va a activar por ello más de un mecanismo nacional”, añade. Alemania, por ejemplo, es el segundo proveedor de armas a Israel en la guerra de Gaza. Y, a diferencia del primero (de largo), Estados Unidos, sí es un Estado miembro.
Espaldarazo al Sur Global
“Lo que estaba en juego era si la institución misma estaba a la altura del desafío. La institución ha respondido. En el marco de cómo funciona el mundo, si Occidente reacciona diciendo ‘no lo voy a cumplir’, quien se desprestigiará será Occidente, no la corte”, señala. Gurmendi ve, además, un espaldarazo al esfuerzo de países del Sur Global “interesados en el cumplimiento del derecho internacional”, entre los que menciona a Chile, Brasil o Sudáfrica (que presentó la denuncia por genocidio contra Israel en La Haya), que ha facilitado que “haya personas en lugares clave que pueden enfrentarse a estos casos sin que mueran antes de llegar al lugar estratégicamente correcto”.
Si, desde hoy, hay una orden de arresto internacional sobre los líderes israelíes es porque los crímenes que se le atribuyen se cometieron en territorio de Palestina (Gaza), que forma parte del tribunal desde 2015. De no ser el caso, Netanyahu y Gallant podrían estar en una situación similar a la del dirigente sirio, Bachar El Asad, o de los líderes de China, a los que algunos grupos intentan llevar ante la justicia por presuntos delitos internacionales de gravedad. Pero como ni Damasco ni Pekín lo integran, el tribunal carece de jurisdicción y los intentos se centran en buscar recovecos a través de otros Estados o tribunales nacionales.
El primer ministro israelí podrá viajar, a priori sin problemas, a países importantes con los que Israel ha ido estrechando su relación (a golpe, en muchos casos, de venta de armamento), como India. Y, por supuesto, a su gran aliado, Estados Unidos, que ni integra al tribunal ni le reconoce competencia en este caso.
Pero no tendrán un margen enorme, ya que Israel se autopercibe como parte del mundo occidental y tiene, por ejemplo, en la UE a su principal socio comercial, con un acuerdo de exención de aranceles y proyectos de cooperación científica y educativa. Entre el resto de países que no han firmado o ratificado el Estatuto de Roma, bastantes son enemigos (Irán), rechazan reconocerlo (la mayoría del mundo árabe) o nunca han estrechado del todo el vínculo, por sus diferentes alineamientos geoestratégicos, como China y Rusia.
Luego está lo simbólico: las fotos, los apretones de manos… Las órdenes de detención, señala Dworkin, “plantean la cuestión de cómo deberían interactuar con Netanyahu” los representantes de la UE, que evitan todo contacto con otros líderes acusados de crímenes internacionales o cuyo arresto ha pedido el TPI. Es lo que sucede, por ejemplo, con el expresidente de Kenia Uhuru Kenyatta, elegido tras la emisión de una orden de arresto en su contra, recuerda.
El dilema no se limitará a viajar o no a Israel, ni a las visitas bilaterales, sino que sobrevolará otros foros, como la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra cada septiembre en la sede de Nueva York. Ya este año la intervención de Netanyahu estuvo marcada por la polémica: numerosos delegados abandonaron la sala cuando tomó la palabra.
Internacional en EL PAÍS