El nombre es un regalo que se recibe al nacer y una de las huellas que quedan atrás al morir. Es “un rostro, una voz, una historia”, describe desde Alemania la activista afgana Lalah Osmany. En Afganistán, es también una de las pocas cosas que los talibanes aún no les han arrebatado a las mujeres desde su retorno al poder en 2021. Quién sabe por cuánto tiempo, porque una orden de los fundamentalistas en la provincia de Balj (norte) acaba de prohibir escribir el nombre de las afganas en los documentos oficiales, incluido en las recetas e historiales médicos, según confirman varias mujeres a este diario.
Los fundamentalistas ordenan en una provincia de Afganistán que no se mencione en los documentos oficiales la identidad real de las mujeres

El nombre es un regalo que se recibe al nacer y una de las huellas que quedan atrás al morir. Es “un rostro, una voz, una historia”, describe desde Alemania la activista afgana Lalah Osmany. En Afganistán, es también una de las pocas cosas que los talibanes aún no les han arrebatado a las mujeres desde su retorno al poder en 2021. Quién sabe por cuánto tiempo, porque una orden de los fundamentalistas en la provincia de Balj (norte) acaba de prohibir escribir el nombre de las afganas en los documentos oficiales, incluido en las recetas e historiales médicos, según confirman varias mujeres a este diario.
A los sanitarios de hospitales de esa provincia y a otros empleados públicos se les ha instruido para que se dirijan a ellas con el mismo apelativo: “Bibi”, según se ha sabido gracias a una investigación publicada por el medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian. Bibi significa “abuela” o “anciana” y es un tratamiento de respeto en un país en el que pronunciar el nombre de pila de una mujer, sobre todo en público, se ha considerado tradicionalmente una afrenta al honor de su esposo o de sus hijos.
Sin embargo, precisa Osmany, activista por el derecho a la identidad de sus compatriotas, “la realidad” es que la imposición de esa forma de llamar a las afganas, en teoría respetuosa, obedece a un propósito “turbio”. Sobre todo porque diversos testimonios de “mujeres, médicos y activistas civiles” a los que Osmany ha accedido confirman que “los talibanes no solo han ordenado ahora a funcionarios [de Balj] que dejen de escribir y pronunciar los nombres reales de las mujeres, etiquetándolas a todas como Bibi”, sino que “en muchos casos, se las denomina con términos degradantes asociados a animales como ‘cabra’ o ‘ganado”.
“Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización. Cuando un régimen sustituye el nombre de una mujer y le atribuye uno de un animal, la está despojando de su alma humana y reduciéndola a una mera criatura biológica o a una propiedad [de un hombre]”, destaca la activista. Alude, en parte, a otra costumbre en Afganistán: la de presentar a las mujeres en los documentos oficiales como “esposa” o “hija” de un pariente varón. Así figuran también en las lápidas de sus tumbas, donde no se inscribe su nombre.
En su primer periodo en el poder, entre 1996 y 2001, los talibanes eliminaron la palabra “mujer” de los nombres de las calles y de todos los espacios públicos. En el lustro largo transcurrido desde su retorno a las instituciones, en 2021, las políticas de los talibanes hacia las mujeres “se asientan” sobre “ese único fundamento de negar su humanidad”, subraya Osmany. Y “el primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre”, dice esta afgana.
Desde Kabul, Karishma, una activista que esconde su identidad bajo ese nombre falso, confirma por WhatsApp la orden de los talibanes de la provincia de Balj de borrar el nombre de las mujeres, si bien asegura que, de momento, esa instrucción, muy reciente, no se está cumpliendo. Sin embargo, Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de la ONG Femena, expresa por teléfono desde Estados Unidos su temor de que, como ha sucedido otras veces, a una primera andanada local, a la que al principio la población se resiste, siga un edicto que imponga el veto de los nombres de las mujeres en todo el país.
“Los talibanes son muy creativos a la hora de adoptar prohibiciones para las mujeres”, ironiza Akbar, y el veto de los nombres, “un borrado completo de la identidad femenina”, va “en la misma línea” de los más de 144 decretos contabilizados por Femena para cercenar los derechos de las afganas. Desde el que les impide estudiar desde los 12 años al que les veta la inmensa mayoría de empleos, pasando por la prohibición de hablar en público. También el que legaliza la violación de niñas. El Código Penal de los talibanes castiga con 15 días de prisión romperle un brazo a una mujer, mientras que golpear a un camello se pena con cinco meses de cárcel.
“Una persona sin nombre no puede soñar, no puede poseer bienes, no puede reclamar justicia ni ser recordada en la historia”, lamenta Osmany. Por ello, sostiene: “Llamar a una mujer por su nombre real en Afganistán es un acto de resistencia”.
La activista recuerda, conmovida, una historia “muy triste”: la de un afgano que contactó con ella para contarle que nunca había sabido cuál era el nombre de pila de su madre. A esa mujer “nadie la llamaba por su nombre”, ni siquiera en su casa. Cuando el hombre supo finalmente cuál era ese apelativo, su madre ya había muerto.

“¿Dónde está mi nombre?»
El borrado de los nombres de las afganas es una antigua norma tribal ajena al islam —la sura 19 del Corán se titula “Maryam” (la Virgen María) y su nombre se menciona más de 30 veces— que se mantuvo incluso durante los 20 años que duró el régimen prooccidental que claudicó ante los talibanes en 2021, tras la salida abrupta de las tropas estadounidenses.
En esas dos décadas, la identidad de las afganas siguió ausente de sus tumbas e incluso de las invitaciones de sus propias bodas. Aun así, asegura Akbar, esa situación “no es comparable a lo que sucede ahora. Los nombres de las mujeres no estaban prohibidos y figuraban en algunos documentos [los pasaportes afganos siguen mencionando aún el nombre de sus titulares femeninas]. Las afganas podían trabajar públicamente con sus nombres y estaban luchando para pedir más”.
En 2017, Lalah Osmany lanzó la campaña “¿Dónde está mi nombre?” para que se incluyera el nombre de las afganas en los numerosos documentos oficiales en los que no aparecían, como la partida de nacimiento de sus hijos. Eso le puso “una diana en la espalda”, recuerda, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder. Esta joven, entonces de 25 años, recibió un día la fotografía del cadáver de una mujer sin piel. Los extremistas la habían asesinado y desollado. “Si no detienes esta campaña, este será tu destino”, decía el mensaje que acompañaba la imagen.
“Tenía miedo, pero eso no me detuvo”, confiesa esta mujer cuya campaña logró que el último Ejecutivo afgano antes del retorno de los fundamentalistas aprobara en septiembre de 2020 la inclusión voluntaria del nombre de las mujeres en documentos como las partidas de nacimiento de sus hijos. “En las ciudades y entre la generación más joven, utilizar el nombre de una mujer ya no era un escándalo: se estaba convirtiendo en un símbolo de respeto, modernidad y justicia. Habíamos plantado una semilla de concienciación que crecía rápidamente”, rememora.
Un informe de la Red de Analistas Afganos, titulado ¿Qué hay en el nombre de una mujer? Sin nombre, no hay imagen pública, confirmaba, también en 2017, la relación entre el uso del nombre real de las afganas y su presencia en el espacio público.

Aquello queda ya lejos. Las afganas afrontan ahora la posible negación de su identidad, que también amenaza con conllevar graves repercusiones prácticas. “Imagina un hospital en el que decenas de recetas e historias médicas tienen el mismo nombre, Bibi, o un número. Eso implica un riesgo enorme de errores médicos”, advierte Osmany. Si a esto se suma “la prohibición a los médicos varones de que atiendan a mujeres y niñas” y el veto a las afganas de estudiar profesiones sanitarias, la consecuencia es que los fundamentalistas “están privando a las mujeres de asistencia médica”, deplora la activista.
Khadija Amín es una periodista afgana exiliada en España. Cuando nació su primer hijo —su familia la había casado a la fuerza a los 19 años—, su nombre no se incluyó en la partida de nacimiento del niño. Tampoco en la de sus dos hijos gemelos. Convertida en una popular presentadora de la televisión afgana, en 2021 tuvo que huir de los talibanes. Su marido le arrebató entonces a los tres niños.
En 2024, cuando supo que su excónyuge se había establecido como refugiado en Alemania con los menores, la periodista viajó a Berlín para denunciar al hombre y solicitar un régimen de visitas con sus hijos.
Amín se presentó en una comisaría de la capital alemana para presentar la denuncia, pero no pudo hacerlo. No tenía ningún documento que demostrara que ella es la madre de sus hijos. Los dos años que pasaron hasta que consiguió que un tribunal alemán tramitara su demanda le dieron al hombre tiempo para escapar, llevarse a los niños a Afganistán y apartarlos de ella.
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