La Audiencia de Madrid juzga este miércoles a la alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, como acusada de prevaricación urbanística y medioambiental por no adoptar ninguna medida tras numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias de un local de la localidad.
Vecinos presentaron numerosas denuncias por el ruido y molestias de un local de la localidad pero no se adoptó ninguna medida desde el Ayuntamiento.
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La Audiencia de Madrid juzga este miércoles a la alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, como acusada de prevaricación urbanística y medioambiental por no adoptar ninguna medida tras numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias de un local de la localidad.
Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis, secretaria del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a quien el juez que investiga el caso PLus Ultra otorga un «papel operativo esencial» en la presunta red de tráfico de influencias en la que ubica al exlíder socialista.
Ahora la alcaldesa socialista se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial junto al concejal de Vivienda, Joaquín Panadero, una ex edil de Medio Ambiente y un técnico de Urbanismo como acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental.
El fiscal, según su escrito de conclusiones provisionales, pide pena de prisión de 3 años e inhabilitación para cargo público con funciones urbanísticas y ambientales durante 12 años, según informa la Fiscalía de Madrid.
En su escrito, el ministerio público sostiene que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos» al desoír sus «numerosas denuncias y quejas» por el funcionamiento de un establecimiento de hostelería de la localidad.
Esta finca, según el escrito, tenía licencia de actividad de restaurante, pero no para el exterior, pese a que «se celebraban todo tipo de eventos, como fiestas, bodas, comuniones y bautizos», utilizando las instalaciones exteriores, vulnerando «el horario de cierre» y «ocasionando graves molestias a los vecinos», con el «empleo de pirotecnia y equipos de música de alta potencia».
La Fiscalía subraya las «numerosas denuncias» que los vecinos interpusieron en el Ayuntamiento (cuantifica hasta 12, «entre otras») y las «múltiples actas de intervención de la Policía Local», que «solo dieron lugar a cuatro expedientes sancionadores del Ayuntamiento».
Sin embargo, el fiscal destaca que en dichos expedientes «no fue adoptada resolución alguna»; están paralizados y los acusados, «como responsables del Ayuntamiento» no ejercieron sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística, ni adoptaron ninguna medida cautelar «ni decisión de restablecimiento de la legalidad urbanística».
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