«Extremadura votó el doble de Vox y va tener el doble de Vox». Ésta es la frase que ha acompañado a Óscar Fernández Calle desde la noche electoral, hace casi cuatro meses, el 21 de diciembre, cuando la formación de Santiago Abascal, en pleno ascenso, pasó en esta comunidad autónoma de 5 a 11 diputados. Si en el año 2023, fruto del primer pacto entre ambas formaciones en este territorio, Vox se quedó con un asiento (Gestión Forestal, es decir, menos de la mitad de las competencias de Agricultura) en el Consejo de Gobierno de María Guardiola, su presencia ahora en la Junta de Extremadura será mucho más amplia. Para empezar, como adelantó EL MUNDO, el propio Fernández tendrá rango de vicepresidente (falta por desvelarse si Guardiola diseñará otra vicepresidencia, que en este caso podría ser para la actual consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, aunque está por confirmarse de forma oficial).
El pacto programático en Extremadura asume la mayoría de medidas que exigía del partido de Abascal
«Extremadura votó el doble de Vox y va tener el doble de Vox». Ésta es la frase que ha acompañado a Óscar Fernández Calle desde la noche electoral, hace casi cuatro meses, el 21 de diciembre, cuando la formación de Santiago Abascal, en pleno ascenso, pasó en esta comunidad autónoma de 5 a 11 diputados. Si en el año 2023, fruto del primer pacto entre ambas formaciones en este territorio, Vox se quedó con un asiento (Gestión Forestal, es decir, menos de la mitad de las competencias de Agricultura) en el Consejo de Gobierno de María Guardiola, su presencia ahora en la Junta de Extremadura será mucho más amplia. Para empezar, como adelantó EL MUNDO, el propio Fernández tendrá rango de vicepresidente (falta por desvelarse si Guardiola diseñará otra vicepresidencia, que en este caso podría ser para la actual consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, aunque está por confirmarse de forma oficial).
El propio candidato de Vox (que sustituyó como cabeza de cartel a Ángel Pelayo, que volverá a ser senador) asumirá varias competencias desde su puesto de vicepresidente. De entre todas ellas llama la atención es la de ‘Desregulación’ que, aunque el propio Óscar Fernández no quiso aclararlo en la comparecencia de anoche en Mérida, tendrá las competencias sobe inmigración, a la que se le suma Familia y Servicios Sociales. Además, la ‘joya de la corona’ que siempre ha querido la formación e Abascal era la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y esta vez no estará troceada. Vox la asumirá de forma completa, tal y como también adelantó este periódico, que especificó que desde hace semanas los altos cargos de Agricultura venían diseñando en un nuevo decreto las competencias de esta área para la nueva legislatura.
El acuerdo incluye 61 puntos y 74 medidas, que incluyen temas como Energía e Industria; el Sector Primario; Sanidad; Inmigración; Rebaja de Impuestos; Vivienda; Seguridad, Libertad y prioridad Nacional; Educación; Familia, Natalidad y demografía; Gasto Improductivo y Posiciones de Vox en el Gobierno (es decir, las competencias propias que va a tener, incluyedo el senador por designación autonómica que el PP ya tenía otorgado a Laureano León, presidente provincial de Cáceres).
Las bases del acuerdo lo dejan claro desde el inicio: «un gobierno, dos partidos», es decir, un gobierno «de coalición único con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros» y que entre ellos van a actuar con «lealtad, transparencia y comunicación permanente», es decir, que el fin es agotar la legislatura completa (no como en la anterior). Por ello, han pactado también un acuerdo de presupuestos por cuatro años, donde la clave, subrayan, será «el bueno uso del dinero público y la optimación de recursos», en referencia a las subvenciones a organizaciones empresariales y a sindicatos. En concreto, el documento señala la «reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública» con el 50% de todas ellas, «garantizando que los servicios públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los extremeños».
En cuanto a inmigración, el primer apartado no deja lugar a dudas y con un mensaje directo al Gobierno Central: «No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)». Y explica el documento del acuerdo que habrá un «rechazo frontal a la política de inmigración por parte de la Junta de Extremadura al gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso (la Junta) en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrega, acogida o permanencia en Extremadura», todo ello, «desde el primer día de gobierno».
En este mismo apartado, se incluye «la adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos» y destaca que los menores «deben de estar con sus padres», por lo que «ni una plaza de más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible», por lo que no se habilitará -especifica- ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes: «Se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración ilegal» y se endurecerá el «régimen disciplinario» por lo que se dispondrán -dice el acuerdo- de recursos y mecanismos de control necesarios apra impedir que se altere la convivencia y el orden pública, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles, y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad». Por ello se verificará la edad de inmigración con pruebas de determinación de edad, y «supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal», la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos y la supresión de la aplicación del programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí.
De forma paralela, además de un plan para la mejora de la Sanidad extremeña, con la dotación de un plan de infraestructuras sanitarias y mejoras salariales, existe un apartado para el control del etiquetado del producto extranjero, a cumplir antes de finalizar el 2026, en materia sanitaria con la «modificación de la ley de Salud Pública de Extremadura, garantizando el cumplimiento estricto del Reglamento de la UE 1169/2011 del Parlamento Europeo). Esto significa que «la indicación del país de origen o el lugar de procedencia será obligatoria. Esto conlleva dos casos: cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor o cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento y este no sea el mismo que el de su ingrediente principal».
Al margen de eliminar la ecotasa autonómica de Almaraz (como quería Vox aunque Guardiola ya había establecido un plan de disminución al 50% en tres años), el pacto incluye liberal suelo industrial, protección del suelo productivo, blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030, la ejecución del Regadío en Tierra de Barros o un fondo de compensación frente a las imposiciones de Bruselas… Es decir, las medidas que ya anunció el portavoz de Vox en el primer discurso de investidura, fallido, de Guardiola como el «mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde».
El acuerdo también conlleva una rebaja fiscal del IRPF y de numerosos impuestos.
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