<p>Ana de la Herrán es inspectora de Hacienda del Estado desde 2006 y presidenta desde febrero de 2023 de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la única que aglutina a funcionarios de este Cuerpo, con casi el 90% del colectivo. En una entrevista con EL MUNDO defiende que los actuales niveles de recaudación tan elevados se tienen que traducir en que los ciudadanos tengan la sensación de que los recursos están bien empleados.</p>
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Asegura que hay que desmontar la idea de que Hacienda sólo va a por los pequeños y no a por los grandes y lamenta que se haya extendido la idea de que los inspectores «están como lobos» cobrando bonus en función de las actuaciones que hacen
Ana de la Herrán es inspectora de Hacienda del Estado desde 2006 y presidenta desde febrero de 2023 de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la única que aglutina a funcionarios de este Cuerpo, con casi el 90% del colectivo. En una entrevista con EL MUNDO defiende que los actuales niveles de recaudación tan elevados se tienen que traducir en que los ciudadanos tengan la sensación de que los recursos están bien empleados.
- ¿Qué opina de la reforma del sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Ministerio?
- A nosotros nos preocupa mucho, sobre todo, la gestión. La ministra señaló que todas las comunidades que tuvieran más demanda en cuanto a competencias de gestión, que sería una posibilidad realizable. Esto implica opciones de que Cataluña pueda seguir demandando más competencias e implica, por tanto, la posibilidad de ruptura de la Agencia Tributaria. Por otro lado, tenemos esas normas que son para la implementación del acuerdo de singularidad fiscal, una de las cuales habla de la modificación del régimen jurídico de la Agencia Tributaria y se entiende que es para adoptar competencias que son estatales. Entonces, nos preocupa.
- ¿Ven posible un desmembramiento de la Agencia Tributaria?
- Sí, podría ser perfectamente factible. Esas normas son el decreto 142/2025 y el decreto ley 15/2025. El primero lo tenemos impugnado; el segundo no tenemos competencia para impugnarlo, pero lo que hace es modificar el régimen jurídico de la Agencia Tributaria. Al final se está abriendo por la puerta de atrás la posibilidad de ruptura de la Agencia Tributaria y por la puerta de adelante se da esa opción a las comunidades de que tengan más demanda de autogobierno y competencias de gestión.
- ¿Han detectado demandas similares de otras comunidades?
- Hay un tema que nos ha preocupado. En Canarias se aprobó un dictamen en diciembre por varios grupos parlamentarios por el cual se va a estudiar la posibilidad de ceder competencias en materia de comprobación de beneficios fiscales del REF, el régimen especial que tiene Canarias, que ahora mismo lleva a cabo la Agencia Tributaria Nacional. Se van dando pequeños pasos en algunos sitios y nos preocupa porque al final se generaría el caos de cesión de competencias. Una cosa es la reforma del sistema de financiación y otra son las competencias de la Agencia, que no deben romperse porque derivaría en un fraccionamiento de la Agencia, en mayores fraudes, una pérdida de eficiencia y eficacia, pérdida de recursos porque eso supone costes indirectos para los contribuyentes… No podemos permitirnos, vamos a decirlo entre comillas, ese lujo.
- ¿Cómo se puede explicar que facilitaría el fraude?
- Porque cuando tú tienes un contribuyente que actúa en dos comunidades autónomas, pero cada una de ellas tiene su propia base de datos, una no sabe qué hace en la otra y viceversa. La falta de información deriva en la posibilidad de que los defraudadores puedan actuar como una mayor libertad y con una mayor ausencia de control. El control tiene que estar unificado y las bases de datos tienen que ser únicas. Eso nos pasa ahora mismo con País Vasco y Navarra.
- ¿No podéis acceder a su información?
- Se comparte pero a petición. No es lo mismo que tenerla en una base de datos a golpe de un click. Eso es un error gravísimo, no se debería permitir. Todo lo que sea unificar es positivo, además es posible generar economías de escala. Para nosotros como funcionarios sería mucho más rápido y más eficaz hacer el control. Ahora con País Vasco y Navarra funciona razonablemente, en el sentido de que ya lleva muchos años, pero habría que eliminarlo, tendríamos que estar todos en la misma base de datos.
- En los últimos años se ha producido un incremento muy fuerte de la recaudación, ¿tiene algo que ver la Agencia Tributaria?
- Después de la pandemia ha aflorado una economía sumergida y eso está muy bien porque al final estar en la formalidad da pie como ciudadano a que si luego tienes cualquier problema que el Estado te pueda amparar. La Agencia Tributaria ha ido mejorando muchísimo a nivel automático, o sea, los controles son mucho mejores que hace unos años. Ha influido también la falta de deflactación que ha hecho subir el IRPF, las modificaciones legales que se han hecho en los impuestos cuando se ha eliminado algunas rebajas en el IVA, por ejemplo. Pero la cuestión es que todo ese nivel de recaudación elevado se tiene que traducir en que los ciudadanos tengan la sensación de que los recursos de más están bien empleados.
- Ahora que habla de los ciudadanos, en los últimos años han surgido muchos movimientos que han puesto en la diana a la Agencia Tributaria, tanto desde la sociedad como desde algunos despachos de abogados incluso… Dicen que van más a por el pequeño contribuyente que a por las grandes empresas como las de la trama de hidrocarburos…
- Nuestro trabajo tiene que traducirse en que los ciudadanos tengan confianza. Esa idea de que vamos solo a por los pequeños y no por a los grandes tenemos que intentar desmontarla de alguna manera porque no es así para nada. Lo que pasa es que trasciende más, y es verdad que se ha ido creando machaconamente por parte de algunos despachos esa idea de que estamos aquí casi como lobos cobrando unos bonus y unas comisiones en función de las actuaciones que hacemos y eso no es verdad. La Agencia Tributaria hace un sinfín de actuaciones de comprobación y también se consigue descubrir mucho fraude por esa vía. Lo que pasa es que es muy fácil poner el foco en los inspectores. Nosotros hemos sido elegidos con un procedimiento muy riguroso y no tenemos a nadie por detrás diciendo: «Tenéis que perseguir esto o lo otro». Realizamos comprobaciones dentro de nuestra actividad en todo tipo de contribuyentes, grandes y pequeños. Ahí, entono el mea culpa porque la norma es complicada y es más complejo para el pequeño contribuyente que para el grande que tiene un despacho o una asesoría jurídica. Hemos demandado una norma mucho más clara, más fácil de entender, incluso más simple en muchos casos. Además, hay una preocupación enorme porque se legisla rápido, se legisla sin reflexionar y a veces es mejor perder el tiempo para hacer las cosas bien que tapar con parches.
- ¿Cómo funcionan exactamente los bonus?
- Dependen de muchísimos indicadores que se usan para medir la productividad. Hay una serie de criterios que hacen que la comprobación sea más complicada, pero no por abrir más actas vas a cobrar. Para nada, eso que no tiene nada que ver con con esa realidad. Nosotros verificamos o intentamos hacer cumplir la ley pero no prevaricando, como a veces nos achacan. Sería una cosa muy sería porque sería un delito.
- ¿El ‘caso Montoro’ ha afectado el prestigio de la institución?
- Un poco sí, porque al final ha puesto en tela de juicio el trabajo que se hace en un organismo tan importante como la Dirección General de Tributos. Si hay alguna situación en la que se ha producido alguna ilegalidad, que se diriman los cargos, pero no puede generar una sombra de duda sobre el trabajo de la Dirección General de Tributos, cuya labor es importantísima porque los contribuyentes plantean sus dudas de interpretación y no podemos estar pensando en que allí había prevaricación día tras día.
- Los abogados se quejan de ya no tienen acceso…
- Claro, es que hemos pasado de un acceso normal a la parálisis absoluta y eso tampoco lo vemos, porque cuando tú estás haciendo eso es que estás dando a entender que se estaba actuando mal. Es un error absoluto.
«Esa idea de que vamos solo a por los pequeños y no por a los grandes tenemos que intentar desmontarla»
- Otra de sus preocupaciones es la Ley de Función Pública y el cambio en el sistema de oposiciones…
- Llevamos casi 8 años con esto, es una especie de pesadilla de la que todavía no nos hemos despertado. Primero, porque nos sorprende muchísimo que no hay un plan. Se ha dicho una cosa al principio, a mitad de camino se ha dicho otra, luego se ha hecho una propuesta absolutamente radical y disruptiva como es la que hizo la anterior Secretaría de Estado de Función Pública -de un máster de 2 años- y ahora directamente lo que se han hecho son parches rebajando los requisitos. En la última convocatoria de oposiciones para inspector de Hacienda se ha eliminado la exigencia del inglés para los opositores de promoción interna sin ningún tipo de explicación. Estamos en la era en la que hay que saber inglés, no entendemos nada. En otros Cuerpos están peor que nosotros, han quitado muchísimo temario. En general hay una obsesión enfermiza por reducir el tiempo que se tarda en acceder a la Función Pública. En mi opinión, lo importante es que ese camino dé lugar a tener un funcionario bien preparado, no que acceda rápidamente y luego te encuentres a un funcionario que no sabe. En nuestro ámbito, por ejemplo, puede cometer errores derivados de una mala praxis en una comprobación porque se desconoce bien el oficio.
- ¿Han trasladado esa visión al Ministerio?
- Es que no han contado con nosotros cuando es lo lógico. No podemos participar en las mesas de negociación porque no tenemos la representación del 10% ni la vamos a tener porque somos un Cuerpo que está en la cúspide. No nos preguntan y les mandamos papeles con ideas y no quieren saber absolutamente nada. Creemos que es un complejo que deben tener los que toman las decisiones, o es ignorancia o es envidia.
- Se ha insistido mucho en que hay que cambiar el proceso memorístico en las oposiciones…
- Sí, es como si la memoria fuera una cosa que se tiene que desprestigiar. Están obsesionados con eso, con rebajar los niveles y también con que procedemos de familias de clase alta. La verdad es que cuando opositas haces un esfuerzo enorme, pero es como que se desprestigia el esfuerzo. Un país que quiera ser rico tiene que cuidar a su capital humano y tiene que buscar la excelencia, y a eso solo se llega con esfuerzo. Eso es lo que nosotros hemos defendido en nuestros funcionarios.
- ¿Las plazas que salen ahora son suficientes para mitigar el envejecimiento?
- Sí, porque se va cubriendo más o menos esa reposición. También es verdad que hay que tener en cuenta que la tecnología es imparable…
- ¿Te refieres a que va a hacer falta menos gente?
- Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero es parecido a cuando se introdujeron los ordenadores y se informatizaron las declaraciones de renta… la gente pasaba de hacer la renta a mano a confirmar un borrador. Lo que está pasando con la plantilla es que hay gente muy joven y gente muy mayor, porque el inspector se jubila con 70 años. Esto se tenía que haber planificado hace años para que hubiera una tasa de reposición natural y los jóvenes aprendieran bien de los más mayores. Ese aprendizaje no se está produciendo de la misma manera. De cara a futuro, intuimos que probablemente habrá mucha parte del trabajo de la Agencia Tributaria que se pueda desarrollar por la tecnología.
- ¿Se está introduciendo la Inteligencia Artificial en la Agencia Tributaria?
- Paulatinamente y con buen criterio, desde mi punto de vista, con muchísima prudencia. Nosotros nos movemos en un espacio informático supercerrado, no podemos acceder a internet como cuando tú estás en un ordenador cualquiera. Yo creo que está bien, porque los niveles de seguridad tienen que ser los que son en la Agencia porque estamos tratando con datos personales, etcétera. En consonancia con eso, la IA se está introduciendo muy lentamente, por ejemplo para traducir textos pero siempre con revisión humana.
- ¿Afecta a su asociación la falta de Presupuestos Generales del Estado?
- Nosotros pensamos que en un país desarrollado tienen que aprobarse los Presupuestos, porque sino da una imagen de que el ciudadano desconfía, no solo de la política, sino de la Función Pública. Es importante trasladar el mensaje de que el dinero público tiene un plan. Al final tiene que haber una claridad de hacia dónde van los ingresos que nosotros estamos todos los días recaudando. Vivimos un momento de mucha tensión en muchos ámbitos y esa tensión en nuestro caso se traduce en una crítica desenfrenada a la Función Pública y en una especie de puesta en cuestión. Nosotros queremos que los ciudadanos confíen en la Administración Pública, en sus funcionarios y en que su proceso de elección es muy exigente y muy riguroso y escrupuloso.
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