<p class=»ue-c-article__paragraph»>Primero apareció por allí <strong>María Chivite</strong>, cuando aún no era presidenta navarra, justo un día antes de la jornada de reflexión de las elecciones de mayo de 2019. Los periódicos llevaban tiempo publicando que Erripagaña era «el barrio de los 12.000 vecinos y ningún servicio», y allí se plantó.</p>
La Oficina de Buenas Prácticas cree que la principal rival de Servinabar en el concurso erró aposta para falsearlo y favorecer a la empresa de la que el ex hombre fuerte de Pedro Sánchez tenía el 45%
Primero apareció por allí María Chivite, cuando aún no era presidenta navarra, justo un día antes de la jornada de reflexión de las elecciones de mayo de 2019. Los periódicos llevaban tiempo publicando que Erripagaña era «el barrio de los 12.000 vecinos y ningún servicio», y allí se plantó.
«Chivite nos aseguró que, si ella gobernaba Navarra, aquella promoción no se iba a hacer, que no se podía sobrecargar la zona más», cuentan vecinos a EL MUNDO. «Literalmente nos dijo que ella era socióloga y que no se iba a construir ahí, o convertiría en un gueto».
Chivite no ganó aquella elecciones, pero sí logró sumar para presidir el Gobierno navarro. Y lo que los vecinos se maliciaban -«cuidado con lo que te promete un político, porque va a hacer lo opuesto», reza el adagio- sucedió. El edificio, 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, junto a Pamplona, se construyó.
El 25 de octubre pasado quien se personó fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Que visitó el lugar y loó las bondades de la vivienda pública de alquiler social, con criterios integradores para los más desfavorecidos. Se hizo unas fotos, soltó unas declaraciones y puesto, plam, el sello de «Gobierno de España».
Luego llegó, como sucede últimamente en la política española, la Guardia Civil, y mandó a parar. Pescó varias conversaciones de Koldo García, el ex machaca del ex ministro Ábalos, en las que Santos Cerdán, ex hombre fuerte del presidente Pedro Sánchez en el PSOE, hablaba de presuntas mordidas a cambio de obra pública, y un contrato privado en el que Cerdán se hacía con el 45% de una de las dos empresas -la otra era Acciona– que se habían llevado la adjudicación para construir las 46 VPO de Erripagaina: Servinabar 2000 SL.
Las autoridades, Chivite también, aseguraron entonces que «todo» se había hecho «conforme a derecho» -la presidenta llegó a llorar-, pero que «para colaborar con la Justicia» se ponían bajo la lupa seis contratos de Antxon Alonso con la Administración local.
Y ahora, en cumplimiento de aquel mandato, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha certificado, nada menos, que la promoción que visitaron Chivite y Rodríguez debió ser anulada, y que hay en ella claros indicios de amaño en favor de Servinabar y Acciona.
El término que utiliza la OANA en concreto es el de «colusión»: simular una competición en concurso público, para que, como si de una pelea real se tratara, pero en realidad siendo un teatrillo, se llevara el gato al agua el vencedor secretamente designado. Y, al siguiente concurso, otra empresa diferente.
Anticorrupción ha hallado un claro indicio de «colusión» en el concurso de las 46 VPO de Ripagaina al analizar el papel de la constructora Eraikuntza Birgaikuntza Artapena SL. En realidad, al concurso se presentaron tres ofertas: la de Acciona y Servinabar, la de Eraikuntza y la de otra empresa, Sukia.
Esta última fue excluida rápidamente, tanto que su oferta ni siquiera aparece en el informe de la OANA, y en la parte técnica tampoco lo hizo muy bien: sacó sólo 16 puntos, frente a los 26 de Acciona/Servinabar (recuerden, nuestro caballo ganador) y, ojo, 41 de Eraikuntza.
Esta última era, por tanto, la gran favorita a llevárselo, pero aparentemente cometió un error de principiante: siendo el máximo importe de cobro que podían plantear las constructoras para optar a ganar la obra 8,3 millones de euros según la licitación, Eraikuntza se descolgó pidiendo 9,2. Un motivo flagrante de exclusión del concurso. Como si un jinete ganador se para justo un metro antes de la línea de meta para que se lleve la gloria el segundo.
A la empresa se le dieron 10 días para que pudiera restañar el error. No sucedió, según el informe de la OANA. Que cita una comunicación de la Comisión Europea de 2021 para censurar y perseguir los «acuerdos ilegales entre operadores económicos destinados a falsear la competencia en los procedimientos de adjudicación», y señala que «pueden adoptar diversas formas: fijar el contenido de sus ofertas, abstenerse de presentar una oferta, asignar el mercado basándose en la ubicación geográfica […]».
Anticorrupción sigue señalando que la Comisión Europea recomienda a los órganos responsables de contratación pública «que estudien cuidadosamente los precios que ofrecen los licitadores, especialmente precios que no tengan sentido por ser o bien excesivamente bajos o excesivamente altos en comparación con el coste estimado del contrato, sin motivo aparente». La oferta que dejaba el camino expedito a Servinabar era, dice la OANA, «realmente extraña», «teniendo en cuenta además» los parabienes a su oferta técnica, que se consideraba «muy detallada», «la mejor», con «amplio conocimiento del proyecto» y «alto grado de estudio»: y luego se equivocaban de forma infantil en lo más esencial: el precio.
«No es aceptable pensar» que la empresa «desconocía el modo de realizar una oferta en un proceso de licitación», porque «resultó adjudicataria en multitud de proyectos antes», zanja el informe, que apunta directamente a la presidenta de la mesa, Berta Uriz, por ni siquiera incluir el tema en la carpeta de «banderas rojas» por posible fraude. Servinabar, pues, se llevó finalmente el concurso.
DEFECTOS. Además de la sospecha de colusión, el informe de Anticorrupción de Navarra sostiene la nulidad del concurso de las 46 VPO de Erripagaña porque «no consta el informe de necesidad, ni tampoco el informe jurídico ni la fiscalización de la intervención, ni actas preparatorias, ni resolución del expediente de contratación».
CUOTAS. Servinabar y Acciona tampoco acreditaron, dice la OANA, que destinaran a la ejecución de contrato a tres personas con un 33% de discapacidad mínima, o a perceptoras de renta garantizada, a víctimas de violencia de género, a lo que obliga la ley foral que Nasuvinsa, la empresa navarra de vivienda, desoyó.
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