<p class=»ue-c-article__paragraph»>La guerra y la defensa son actos políticos. Los estados los afrontan en función de características fijas, como su situación geográfica; de otros aspectos estables, como su calidad institucional o sus alianzas internacionales, y, por último, por la coyuntura política interna. En las democracias, esos actos políticos deben refrendarlos los ciudadanos.</p>
La guerra y la defensa son actos políticos. Los estados los afrontan en función de características fijas, como su situación geográfica; de otros
La guerra y la defensa son actos políticos. Los estados los afrontan en función de características fijas, como su situación geográfica; de otros aspectos estables, como su calidad institucional o sus alianzas internacionales, y, por último, por la coyuntura política interna. En las democracias, esos actos políticos deben refrendarlos los ciudadanos.
La fractura del orden de Defensa occidental provocada por Donald Trump ha obligado a los gobiernos a poner en revisión la segunda y la tercera variable. Los dirigentes más sólidos se han centrado en el liderazgo internacional. En el caso de España, el parámetro que condiciona la política de Defensa es doméstico y se sustancia en la preservación del poder por parte del presidente. Hay quien pensará que se trata de una perogrullada, pues la conservación del poder es consustancial a su ejercicio. Sin embargo, la singularidad de Pedro Sánchez es que gobierna sin el apoyo de la Cámara que lo invistió después de haber perdido las elecciones.
La declaración más importante del mandatario español se produjo el 8 de septiembre de 2024 y es la que guía toda su gestión: «Será una legislatura larga con o sin el apoyo del Legislativo». El Poder Legislativo está representado en las Cortes, sede de la soberanía nacional. No sólo es el que puede hacer las leyes, sino también controlar la acción del Ejecutivo. Buena parte de ésta se orienta a suplantar al Parlamento por otras esferas donde no está en minoría o donde su palabra es ley, como La Moncloa.
La dinámica de reuniones de ayer constituye un ejemplo. Sánchez citó a los todos los grupos, salvo Vox, en la sede gubernamental y se refirió a sus portavoces como «los representantes de los ciudadanos». Pero para que éstos puedan ejercer las funciones que la Constitución les otorga como tales deben ser reunidos en el Congreso.
De haberlo hecho, podrían haber refutado las cifras de gasto en Defensa del presidente, quien presentó como un mérito que España sea el décimo mayor contribuyente militar de la OTAN. En realidad, se trata de una enorme anomalía, pues nuestro país es la séptima economía de la alianza. Turquía o Países Bajos, con menos PIB, aportan más.
En una ronda de consultas para informar sobre el incremento del gasto en Defensa, Sánchez evitó dar cualquier detalle con la excusa de que la OTAN aún ha concretado la cifra de 2024. Es cierto que hay una redefinición en marcha, pero la organización atlántica sí tiene una cifra estimada para España y no mejora demasiado.
El presidente español lo está dando todo en lo que es su fuerte: el lenguaje y los gestos. El concepto de «defensa» debe dejar paso al de «seguridad», porque «no vamos a ver soldados rusos traspasando los Pirineos». Nosotros quizás no, pero el Ejército francés sí ha visto cómo Putin ha logrado desestabilizar todas sus posiciones en el Sahel hasta forzar su expulsión.
Modificar el concepto de Defensa tiene como objetivo ampliar las partidas de gasto que puedan ser incluidas en él. Sánchez no habló de invertir en drones o tropas -graves carencias españolas-, sino en tecnología frente a los ciberataques, donde Telefónica e Indra se llevan la palma. Ensalzó su arrojo en apoyo a países amenazados con su visita a Finlandia. Debe ser, porque ya ha ido a Helsinki las mismas veces que a Valencia.
Quizá lo único positivo es que evitó entrar al choque con Feijóo. Seguramente, se guarde esa carta para algún mitin. Ojalá fuera para construir una política de Estado sin ningún muro de por medio.
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