<p>El científico <strong>Mariano Barbacid</strong> blindó contractualmente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (<strong>CNIO</strong>) a <strong>Juan Arroyo</strong>, el ex gerente acusado por dos ex altos cargos de dirigir y amparar el<strong> desfalco de entre 25 y 30 millones en 17 años</strong>, en denuncia que investigan en profundidad la<strong> Fiscalía Anticorrupción</strong> y la <strong>Policía Nacional</strong>, y cuyas pruebas han supuesto el despido de Arroyo y dos subordinados suyos de la institución.</p>
El científico otorgó un plus de responsabilidad de 25.000 euros y unas condiciones insólitas en caso de despido a Juan Arroyo, y siempre ha ejercido como gran protector del ex gerente ante el Ministerio
El científico Mariano Barbacid blindó contractualmente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a Juan Arroyo, el ex gerente acusado por dos ex altos cargos de dirigir y amparar el desfalco de entre 25 y 30 millones en 17 años, en denuncia que investigan en profundidad la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, y cuyas pruebas han supuesto el despido de Arroyo y dos subordinados suyos de la institución.
Barbacid, que como han recabado los agentes forma parte del círculo íntimo de Arroyo desde hace más de 20 años, promovió a la llegada del ex gerente al CNIO en 2002 dos operaciones para blindarle.
Por un lado, que se le pagara un sobresueldo de prácticamente 25.000 euros al año por «especial responsabilidad». Por otro, que echarle fuera inusitadamente caro para las cuentas del centro. Así, firmó una cláusula por la que, «en todos los supuestos de resolución del contrato por iniciativa del empleador» -es decir, sucediera lo que sucediera-, se le pagarían a Arroyo 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 36 meses, y no los habituales 20 días de salario con 12 meses como tope.
EL MUNDO ha tenido acceso a dichas cláusulas, consideradas «muy inhabituales» en la actual gerencia del centro, y que denotan uno de los aspectos que centran las investigaciones de Anticorrupción y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF): la enorme cercanía de Barbacid y Arroyo, y una confluencia de intereses que los agentes observan con lupa.
Fue el propio Barbacid, en aquel momento director científico del CNIO -que se había puesto en marcha en 2000- quien firmó en 2002 tanto el plus que se le pagaría a Arroyo, que había trabajado en los 80 en el Ministerio de Hacienda, como su blindaje laboral. Y fue Barbacid también quien, como ha constatado EL MUNDO, defendió siempre a capa y espada al gerente de facto del centro entre 2002 y 2025 (aunque entre 2002 y 2007 su cargo oficial fuera el de Vicedirector de Asuntos Económicos).
Como ha publicado este diario, Barbacid tiene al menos una empresa, Herdon Inmobiliaria, radicada en el mismo lugar que varias de Arroyo con su hermano José Luis (en un edificio en que los Barbacid ostentan varias propiedades, en Don Quijote, 11, Madrid), y donde también se fundó Zeus SL, una de las proveedoras del CNIO, montada por un ex directivo, a través de la cual se habrían detraído hasta 1,4 millones en fondos públicos, según la denuncia.
La importancia de las sociedades radica en que a través de una pléyade de ellas, creadas por ex directivos del CNIO, se habría cobrado por prestaciones al centro que en realidad o se daban en menor medida, o directamente no se daban, como pudo advertir el aún gerente, José Manuel Bernabé, a quien varios trabajadores admitieron estos servicios ‘fantasma’, como ha podido comprobar EL MUNDO -Gedosol, una de estas empresas, fundada por el ex jefe de Personal, ya ha sido ‘prohibida’ por el Patronato-.
De remate, se llevaban a cabo operaciones de ‘limpieza’ de los rastros de estos enjuagues en el sistema SAP del propio CNIO, uno de cuyos responsable era precisamente, han descubierto los investigadores, hermano del administrador de Zeus -otras fuentes exculpan a esta persona, que declaró voluntariamente ante la UDEF-. Así habrían desaparecido, por ejemplo, rastros de un viaje de Arroyo y su pareja, mexicana, a México, pagado por el CNIO y documentalmente injustificado.
A través del sistema informático, según otros testimonios recabados por la UDEF, se espiaba a otros trabajadores, para mantener la operativa controlada. Todo esto se realizaba, tal y como están recogiendo los agentes en las declaraciones -se ha producido una auténtica avalacha de declarantes-, con el presunto control, a veces explícito según algunos testimonios recogidos, de Arroyo.
¿Cómo habría sucedido todo esto, durante casi 20 años, en el centro puntero de la investigación oncológica de España, y que nadie le pusiera coto? Se estudia meticulosamente el papel de Barbacid como protector, muy público al menos en el caso de Arroyo. Sucesivos ministros fueron ocupando y abandonando las carteras responsables del centro, al principio Sanidad y luego Ciencia, y siempre que hubo dudas sobre las cuentas del CNIO el difícil carácter de Barbacid y la popularidad de su figura pública desincentivaron cualquier actuación -tanto con ministros cercanos a la ciencia, como en el caso de ‘paracaidistas’-.
Titulares de Sanidad con el PP tuvieron serias dudas sobre su ejecutoria: Celia Villalobos mantuvo un enfrentamiento casi público con él, y un ex director del Instituto Carlos III, Antonio Campos, se negó a firmarle unas cuentas del CNIO por un descuadre no justificado de 9,5 millones. La sangre nunca llegó al río en la etapa ‘popular’: Barbacid había vuelto de Estados Unidos, adonde había emigrado con una beca Fulbright y donde había hecho carrera, con el apoyo de Aznar. Cualquier desaire, o descuadre de cuentas, era soslayado.
Ya con Cristina Garmendia, en etapa PSOE, sus peloteras fueron también públicas, por la pretensión del científico de introducir financiación privada en el CNIO, y también al empeñarse en conseguir dinero privado para financiar una presunta cura del cáncer de pulmón de la que nunca más se supo, y que llevó al Ministerio a emitir una durísima nota pública, acusándole de «jugar con el dolor de las víctimas» -en una situación con reminiscencias a la actual, por las serias dudas que suscita su proyecto sobre el cáncer de páncreas, que se vendió prácticamente como una cura y en realidad es una remotísima expectativa-.
Garmendia se empleó a fondo para cortarle todo acceso, desde el CNIO, al dinero privado, y en 2011 salió Barbacid de la dirección científica, entrando María Blasco.
Sin embargo quien permaneció fue su brazo derecho en la gerencia: Juan Arroyo, quien, según las denuncias que investigan Anticorrupción y UDEF, ya en ese tiempo presuntamente lideraba la red de empresas satélite, creadas en torno a 2007.
Blasco no confiaba en él e intentó muchas veces que Arroyo fuera destituido –tanto en la etapa Rajoy, cuando se le prometió su salida, como con Pedro Duque, al regreso de los socialistas en 2018-, pero Barbacid protegió a Arroyo hasta tal punto que fue finalmente Blasco la que acabó defenestrada, en 2025, tras varias estruendosas publicaciones de El País acerca de denuncias de acoso e irregularidades sobre las que, a la postre, no se ha vuelto a saber.
En los últimos dos años, quienes se negaban a la salida de patentes del centro en dirección a Barbacid, o a acuerdos con patrimonio privado en proyectos de este, eran descabezados, casi siempre con denuncias de acoso.
Así ‘murió’ Blasco, y también el entonces director de Innovación, Roke Oruezábal, como contó EL MUNDO. Ambos se fueron al actual secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, a denunciar que Arroyo y Barbacid intentaban despatrimonializar el centro. Pocos meses después ella era destituida, y él despedido por un proceso impulsado, presuntamente, por el entorno de Arroyo.
Luego fueron ‘eliminados’ también los directores de Operaciones y Compras, que habían denunciado el presunto desfalco en Anticorrupción tras realizar secretamente, durante casi un año, una auditoría en profundidad, y que fueron despedidos en septiembre pasado en tan evidente represalia que la Autoridad de Protección al Informante ya ha anunciado, como adelantó este diario, que el CNIO será sancionado por ello.
También ellos habían denunciado ante Cruz Cigudosa, y en dos ocasiones, las oceánicas presuntas irregularidades, de casi dos decenios, que estaban advirtiendo, pero de nuevo el Ministerio se inhibió y quienes fueron despedidos fueron ellos.
Y llegó, en septiembre pasado, el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, un alto funcionario de enorme prestigio, que venía a terminar su carrera desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se dijo entonces que Bernabé llegaba con el mandato de la ministra Diana Morant de «limpiar la casa», pero nada más lejos de la realidad: como él mismo ha señalado a su entorno en los últimos meses, sólo un equipo bien coordinado y con apoyo gubernamental al 100% habría podido enfrentarse a lo que se encontró, y nadie le avisó de ello.
Cuando EL MUNDO publicó a mediados de noviembre en exclusiva la denuncia del ex director de Operaciones, trufada de indicios del desfalco, y Anticorrupción se puso en serio con la investigación, Bernabé comenzó a presentar sus propias denuncias, y a ampliarlas: en apenas dos meses había visto indicios de corrupción por todas partes, y se sospechaba vigilado a todas horas.
Pidió, a su vez, la salida de Arroyo y dos de sus principales subordinados, se opuso a alguno de los proyectos supuestamente despatrimonializadores de Barbacid, incluso descubrió que se habían hecho obras no autorizadas en el laboratorio del científico… Y en apenas semanas caía sobre él un viejo estribillo en la casa, el rayo paralizador habitual: una denuncia por acoso, precisamente de una de las subordinadas de Arroyo cuyo despido él había solicitado, y el Patronato concedido.
Insólitamente, el Ministerio, de nuevo, e incluso con un ‘soldado’ por él mismo comisionado, miró para otro lado y dio por buena la denuncia, aireada en ‘ABC’ y que la trabajadora ni siquiera llegó a ratificar, por lo que el proceso ha quedado, una vez cobrada la pieza, olvidado: para los responsables ministeriales, más importante que el CNIO era, observan varias fuentes en toda esta historia, proteger la candidatura de Diana Morant a la Generalitat Valenciana de cualquier denuncia por acoso no atendida en su haber.
Bernabé, en fin, ya había manifestado a Ciencia -por medio del Instituto Carlos III- que el CNIO se caía «a cachos» por falta de inversión, y probablemente por los efectos de un presunto desfalco de casi dos decenios. La situación actual es kafkiana: los sondeos a diversos gestores para que se hagan cargo de la gerencia son completamente infértiles. Nadie quiere responsabilizarse de un polvorín tal, tras años de supuesta red clientelar y con posibles ‘minas’ ocultas tras cada decisión.
A este panorama se enfrentan actualmente la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional, que, como ha podido saber EL MUNDO, avanzan en sus pesquisas.
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