El momento de que BBVA se siente en el banquillo de los acusados está cada vez más cerca. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña emitió ayer el auto de apertura de juicio oral para la entidad, que se convertirá en la primera empresa del Ibex 35 juzgada por su papel en el ‘caso Villarejo’. También su ex presidente Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano y varios cargos directivos antiguos del grupo financiero se enfrentarán a un proceso que prorroga la sombra del espionaje y las actividades ilegales que pesan sobre el banco desde el origen de la causa.
El juez de la Audiencia Nacional atribuye a la entidad delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos
El momento de que BBVA se siente en el banquillo de los acusados está cada vez más cerca. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña emitió ayer el auto de apertura de juicio oral para la entidad, que se convertirá en la primera empresa del Ibex 35 juzgada por su papel en el ‘caso Villarejo’. También su ex presidente Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano y varios cargos directivos antiguos del grupo financiero se enfrentarán a un proceso que prorroga la sombra del espionaje y las actividades ilegales que pesan sobre el banco desde el origen de la causa.
El magistrado se basa en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares y envía a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En el caso de Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Además, el auto establece una fianza de 1,73 millones de euros para las responsabilidades civiles, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no la deposite en el plazo de 3 días.
Junto a González, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado del banco Ángel Cano y el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari. Asimismo, el juez envía a juicio al que fuera comisario de policía y ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; a Eduardo Arbizu, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la entidad durante 20 años; a Antonio Béjar, ex director de Riesgos del banco; a José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del grupo, y a Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA durante una época.
Tras conocerse el auto, la entidad defendió ayer que «de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal» para el banco. Otra cosa es el impacto reputacional que persigue al grupo desde el inicio de las investigaciones.
En el auto de instrucción emitido en 2024, el juez Manuel García-Castellón ya subrayó la importancia de que una compañía como BBVA estuviera imputada, por su naturaleza de gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado regulado. «Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo. Ahora bien, tal y como se expone con precisión en la multitud de ejemplos obrantes en el escrito del Ministerio fiscal, la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumplían, o no respetaban, tales Códigos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos», concluyó entonces el magistrado.
Para García-Castellón, que se ocupó de la instrucción del caso, no bastaba con la existencia alegada por el banco de un código de conducta, sino que el código se tiene que ejecutar y cumplir. Y ello, explicó entonces, dentro de una estructura jerárquica piramidal enmarcada en las relaciones laborales en que la desigualdad de posiciones es obvia entre la Alta Dirección y los empleados, condujo a que se implantase la premisa de que las órdenes que venían de «arriba» se cumplían cuando la Alta Dirección así lo decía, con independencia de que las mismas respetasen las normas internas o no.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción relata que el origen de los hechos estuvo en la contratación por parte de BBVA del que fuera comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2022. Dicha contratación «contó con la expresa aquiescencia» de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió «un enlace» entre la entidad y sus ex compañeros en la Policía aún en activo, entre ellos Villarejo y Enrique García Castaño.
La Fiscalía atribuye a Villarejo la creación de una empresa, Cenyt, que presuntamente se servía de su posición en el cuerpo policial y de sus relaciones con diferentes miembros para acceder a información restringida a las fuerzas de seguridad. Según el informe de Anticorrupción, Corrochano informó de esta unidad a González, quien «autorizó y permitió» el recurso a ella.
A raíz de eso, siempre según el auto publicado en 2024 del que se hizo eco este periódico, se firmaron presuntamente una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas. El informe señaló entonces que BBVA fue durante un tiempo el principal cliente de la empresa de Villarejo.
Para el juez García-Castellón, Francisco González no sólo «conocía y autorizó» las actividades ilegales, «sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo, siendo él la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad».
Por todo ello, el magistrado Antonio Piña pide ahora para Villarejo 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.
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