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  Nacional  Beatriz Izquierdo: «No hay que tener miedo a bajar de los 14 años la edad de responsabilidad penal de los menores»
Nacional

Beatriz Izquierdo: «No hay que tener miedo a bajar de los 14 años la edad de responsabilidad penal de los menores»

octubre 27, 2025
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<p>La divulgadora y formadora de profesores <strong>Beatriz Izquierdo</strong>, experta en Criminología y miembro del comité de 50 <i>sabios</i> que asesora al Gobierno en su plan para proteger a los menores en los<a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/06/25/685c2f63e9cf4a03318b459d.html»> entornos digitales</a>, llama a bajar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en los <strong>14 años</strong>, porque considera que se ha quedado «desactualizada» ante el incremento de hechos constitutivos de delito cometidos por niños más pequeños. En el libro, <i>Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito?</i>, que acaba de publicar La Esfera, pide que se refuerce en los colegios la enseñanza de las leyes.</p>

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 Criminóloga y miembro del comité de 50 ‘sabios’ que asesora al Gobierno con las pantallas: «Hay que explicar al adolescente que su conducta tiene consecuencias»  

La divulgadora y formadora de profesores Beatriz Izquierdo, experta en Criminología y miembro del comité de 50 sabios que asesora al Gobierno en su plan para proteger a los menores en los entornos digitales, llama a bajar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en los 14 años, porque considera que se ha quedado «desactualizada» ante el incremento de hechos constitutivos de delito cometidos por niños más pequeños. En el libro, Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito?, que acaba de publicar La Esfera, pide que se refuerce en los colegios la enseñanza de las leyes.

¿Hay muchos menores de 14 años cometiendo delitos?
En la última memoria de la Fiscalía General del Estado, la mayoría de secciones muestra su alarma por los delitos que cometen los menores de 14 años, es decir, los inimputables. Aunque muchos no son graves, no deja de aumentar la preocupación de los fiscales por el despunte de la presunta intervención de estos menores en otros delitos más graves, como el acoso escolar, delitos contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar y otros cometidos a través de las redes sociales. En 2023, las causas archivadas por ser los encargados menores de 14 años, inimputables por ley, sumaron 11.143, un incremento del 45% respecto a 2022 y de un 32% respecto a 2021.
¿Por qué han aumentado?
La Fiscalía desde hace tiempo está preocupada por la banalización de la violencia, por la hipersexualización de nuestros menores por el acceso a contenido pornográfico y por una falta de autocontrol y de mecanismos para gestionar la frustración. Es necesario que abordemos estas cuestiones y que lo hagamos desde la prevención para evitar que nuestros menores sean víctimas, pero igualmente para evitar que se conviertan en perpetradores de delitos. Hay un choque frontal entre los valores que les estamos intentando inculcar y el contenido que se están encontrando en sus habitaciones a través de las pantallas. Las habitaciones han dejado de ser un lugar seguro si nuestros menores están en ellas con un acceso ilimitado a internet, sin una previa preparación y sin un posterior y progresivo acompañamiento. La banalización de la violencia puede provocar en ellos una inmunización ante la misma; es decir, que ni sientan ni padezcan y que reaccionen sólo ante determinados hechos extremadamente violentos. Un menor que se inmuniza frente a la violencia es un menor menos empático, pero puede ocurrir el caso contrario: que consuma tanta cantidad de violencia que emita determinados comportamientos, como pegar una paliza a un compañero, grabarla y difundirla.
¿Qué medidas se toman contra los menores de 14 años que cometen un delito?
La ley que regula la responsabilidad del menor dice, en su exposición de motivos, que se ha fijado los 14 años como edad para poder exigir responsabilidad penal porque se entiende que, por debajo de ella, los delitos que se cometen son irrelevantes o, en los casos que causan alarma social, muy escasos para justificar la intervención del aparato judicial del Estado. En mi opinión, la ley ha quedado desactualizada porque determinados delitos que están cometiendo los menores no son ni irrelevantes ni escasos. Por ejemplo, una paliza a la puerta de un instituto que además se graba y se difunde, una agresión sexual, un homicidio, lesiones graves, generar pornografía infantil a partir de la imagen de una compañera del instituto… El Ministerio Fiscal, cuando tiene conocimiento de estos actos, lo pone en conocimiento de las CCAA, donde los organismos de protección de menores atienden a las circunstancias del menor y dan lugar a distintas intervenciones
¿Es partidaria de bajar la edad de imputabilidad? En Francia el límite está en los 13 años y en Reino Unido, en los 10 años.
Cuando un menor llega a cometer un hecho de estas características, ya le hemos fallado como sociedad, porque no se levanta de la noche a la mañana y comete la peor de las atrocidades. Si la realidad es que las cifras nos están diciendo que nuestros menores inimputables están cometiendo determinados hechos delictivos de gravedad considerable, es necesario que podamos intervenir desde la Justicia penal, donde el Ministerio Fiscal y los jueces de menores velarán por el interés superior del menor. Si a un menor con 14 años o más se le impone una medida de internamiento, cuya finalidad no es castigar sino dar herramientas para la reeducación, por qué vamos a privar de ese derecho a un menor que tiene, por ejemplo, 13 años y medio. Ese menor necesita ayuda, y eso pasa también por que asuma la responsabilidad de sus actos. No deberíamos tener miedo a bajar la edad, entendiendo que esas medidas, como la amonestación, las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, el internamiento o la libertad vigilada, van a ser beneficiosas para su desarrollo posterior en sociedad.
¿No se ponen ya esas medidas desde los servicios sociales de las CCAA?
Gran parte de las secciones de la Fiscalía critica que no se está dando cumplimiento al plan de seguimiento de los menores inimputables en los términos dispuestos en la ley. Madrid tiene un programa específico para inimputables, que ha denominado «menores en conflicto con la ley», pero debería haber un programa específico para todos. Y, si no lo hay, me gustaría que determinados hechos de cierta gravedad estuvieran en manos de Fiscalía y de los jueces de menores porque deben estar igualmente protegidos los menores de todas las comunidades autónomas.
En su libro habla de que los menores cometen delitos, pero no son conscientes de que lo son. Falta una asunción de responsabilidades.
Es fácil que un menor sepa que agredir físicamente a un compañero es delito porque les educamos en eso desde pequeños. Pero es imposible que entiendan que desnudar a una compañera a través de una aplicación de inteligencia artificial pueda ser constitutivo de un delito de pornografía infantil o de un delito contra la integridad moral si los padres no se lo transmiten. A nuestros niños y niñas hay que explicarles la ley. Si no les decimos que pueden ser víctimas de determinados delitos o que su conducta puede ser constitutiva de delito, es como mandarles desarmados a la guerra.
Por primera vez, las Fuerzas de Seguridad tienen pruebas, porque los agresores se graban agrediendo y lo ponen en redes sociales.
La falta de asunción de responsabilidades de los menores llega hasta tal punto que, en muchos casos, graban las agresiones sexuales que han cometido y las difunden, lo que se llama «pornografiar las agresiones». Nadie grabaría una imagen y la compartiría si pensara que es la prueba para inculparse. Nuestros menores viven bajo el yugo de la tiranía del like y el like lo reciben cuando consiguen impactar. Y como ya hay mucho que impacta, tienen que dar un paso más. Nos corresponde a los adultos sacarles de su error.
En su libro dice que los autores de agresiones sexuales grupales tienen edades inferiores a las de los delitos sexuales individuales. ¿Por qué?
En la adolescencia, el poder del grupo envalentona, les hace ser capaces de hacer algo que no harían de manera individual. Cuando se actúa en grupo, muchas veces se difumina el concepto de la responsabilidad por los actos propios.
¿La falta de asunción de responsabilidades que ve en los menores se extiende también a los adultos?
Nos hemos relajado en muchos aspectos y hemos pensado que todo vale. Mientras se viralizan unos chupetes que están comprando adultos porque consideran que les pueden quitar el estrés o la ansiedad, se produce una hipersexualización feroz de nuestros menores. Mientras los menores quieren hacerse pasar por adultos para acceder a páginas no destinadas para ellos, los adultos quieren hacerse pasar por menores para engañar a nuestros niños. El ordenamiento jurídico impone una serie de obligaciones a los padres, como velar por ellos y alimentarlos, pero también darles una educación, que pasa por decirles que sus hechos tienen consecuencias y que, si traspasan determinados límites, el ordenamiento jurídico les va a exigir responsabilidad y también se las va a exigir a ellos como padres.
Como miembro del comité de 50 expertos que ha asesorado al Gobierno, ¿qué le parece cómo ha quedado la ley de protección de menores en entornos digitales que se está tramitando en el Congreso?
Tiene medidas necesarias y adecuadas, pero hay que seguir trabajando para ver más modificaciones. Necesitamos más. Por ejemplo, no debería hablarse de pornografía infantil, sino de material de explotación sexual infantil. Por otro lado, echo en falta que se penalicen las aplicaciones que nacen con la finalidad de desnudar a alguien sin su consentimiento o los dibujos animados que representan a menores siendo vejados.
¿Debe reforzarse en los colegios el conocimiento de las leyes?
A los menores hay que explicarles la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y que su conducta tiene consecuencias. Que, si se pasan determinadas líneas rojas, interviene el ordenamiento jurídico y se van a tener que enfrentar a un fiscal o un juez de menores, más intimidantes que una madre o un padre. Tienen que entender que su comportamiento es sancionado porque se produce un daño en una víctima. Es una asignatura pendiente que nos queda.
¿Es partidaria de prohibir el uso del móvil hasta los 16 años?
No soy partidaria de decirle a los padres que no pueden entregarle un dispositivo móvil a sus hijos, ellos saben el nivel madurativo que ha alcanzado. Pero sí creo que no hay que entregar nunca un smartphone sin una preparación previa y posterior y un progresivo acompañamiento.
¿Los padres deben revisar el contenido del móvil de sus hijos?
Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones, pero también tienen que ser protegidos por sus padres. Y, ante la posibilidad de que puedan estar siendo víctimas de un delito o lo estén cometiendo, no podemos ampararnos en que existen estos derechos fundamentales para no protegerlos.
¿Son los y las adolescentes más machistas que antes?
Se están viendo comportamientos machistas en menores que no tenían mis abuelos. Están usando la tecnología como un medio de control a sus parejas. Se geolocalizan las 24 horas del día y comparten sus contraseñas de redes sociales y sus conversaciones como un símbolo de confianza absoluta y de lo que debe ser la transparencia en una relación. Esto está causando estragos. Es algo en lo que hemos fracasado estrepitosamente.
¿Por qué son así, si reciben mucha más formación en igualdad?
Los menores están teniendo acceso por las redes sociales a contenidos que chocan con los valores de una sociedad democrática. Además, muchos adolescentes refieren hartazgo ante la información que les ha podido llegar. No es que estén desinformados, dicen que no quieren oír una charla más de igualdad en el colegio y que ya les han dado muchas. Ha llegado el momento de buscar otra manera de comunicarnos con ellos. Si se imparte una charla sobre violencia de género en un instituto, al día siguiente aparece una pintada que dice «las mujeres, a la cocina».

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