<p>La defensa de <a href=»https://www.elmundo.es/e/be/begona-gomez-fernandez.html»>Begoña Gómez</a> ha sostenido hoy ante el juez <strong>Juan Carlos Peinado</strong> que no hay base para sentarla ante jurado. Lo mismo han hecho los abogados de su asesora en La Moncloa, <strong>Cristina Álvarez</strong>, y del empresario <strong>Juan Carlos Barrabés</strong>, al que supuestamente favoreció por haberla ayudado a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense.</p>
Las acusaciones populares ratifican las imputaciones por cinco delitos a la esposa del presidente del Gobierno de cara a un juicio con jurado
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La defensa de Begoña Gómez ha sostenido hoy ante el juez Juan Carlos Peinado que no hay base para sentarla ante jurado. Lo mismo han hecho los abogados de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, al que supuestamente favoreció por haberla ayudado a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense.
Acusaciones y defensas se han reunido hoy ante en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para cumplir uno de los pasos requeridos por la Ley del Jurado. En la diligencia, las acusaciones populares unificadas en torno a Hazte Oír han ratificado sus imputaciones a la esposa del presidente del Gobierno y los otros dos investigados. Las defensas se han opuesto a que el procedimiento siga adelante, como ya han expuesto en los recursos en los que piden el archivo.
El letrado de Begoña Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, ha comunicado al juez que, si no se acuerda el archivo, presentará tres informes periciales: uno sobre sobre las funciones que ejercen quienes asisten en La Moncloa a los cónyuges de los presidentes del Gobierno, otro sobre las cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y un tercero sobre los supuestos perjuicios a la UCM por el fracaso del software de la cátedra, que la propia universidad ha estimado en 113.000 euros.
El primero en intervenir ha sido el fiscal del caso, que se ha remitido a sus exposiciones previas en las que pedía cerrar el caso. Porque no es la primera vez que el magistrado celebra la diligencia practicada este miércoles. Peinado ya acordó el año pasado llevar el asunto por la vía del jurado y celebró las correspondientes comparecencias -dos, porque la causa estaba entonces fraccionada-.
Como en esas ocasiones, los investigados no han comparecido personalmente, tan solo sus letrados. El de la asesora, José María de Pablo, ha expuesto que, si el juez rechaza el sobreseimiento, solicita que se encargue un informe a Presidencia del Gobierno sobre si ha existido algún «menoscabo» en las funciones su representada, imputada por su dedicación a las tareas profesionales privadas de la esposa del presidente.
Por su parte, la representación de Barrabés ha pedido al juez que se abstenga de investigar el supuesto tráfico de influencias, alegando que se tarta de una materia que ya está indagando la Fiscalía Europea.
En cuanto a las acusaciones, la letrada de Hazte Oír ha indicado que no son necesarias nuevas diligencias, más allá de algunas menores, como aportar la vida laboral de Begoña Gómez, completar los salarios abonados a la asesora y pedir datos de lo pagado o no por una editorial jurídica a la cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM.
El pasado febrero, la Audiencia de Madrid revocó el primer intento de Peinado de tramitar el asunto por la vía del jurado decisión y le exigió que para ello necesitaba dictar una resolución motivada que concretara los indicios de delito que veía.
El trámite practicado este miércoles se denomina en la ley «traslado de la imputación» y se suele celebrar en los primeros compases de la investigación, cuando el juez detecta que el asunto es de los encuadrados en la Ley del Jurado. Pero el caso Begoña está a punto de cumplir dos años de investigación, lo que a juicio de la Audiencia Provincial requiere del juez una fundamentación mucho mayor.
Así lo asumió Peinado el pasado 20 de marzo, cuando dictó un auto con doble objetivo: unificar las dos ramas de la investigación e impulsar de nuevo la causa hacia un jurado, esta vez detallando los indicios que a su parecer lo justifican.
Peinado ha acumulado al resto de delitos del procedimiento la pieza separada que investigaba la posible malversación por la dedicación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez a tareas privadas profesionales de la esposa del presidente del Gobierno. En la pieza principal se le investigaba por otros cuatro delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por haber presuntamente beneficiado al empresario Juan Carlos Barrabésen adjudicaciones públicas; y apropiación indebida e intrusismo profesional, por su actuación relacionada con el software empleado en su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (en cuya puesta en marcha colaboró Barrabés).
Todo ello se ha unificado y se está tramitando por el procedimiento del jurado, puesto que dos de los cinco delitos (malversación y tráfico de influencias) deben enjuiciarse de esa manera.
El auto del pasado 20 de marzo con el que convocó la vista celebrada hoy no era el que daba por concluida la investigación y la enviaba a juicio, pero por su contenido era equivalente. El próximo paso del juez será responder a las peticiones de diligencias presentadas hoy y responder a las solicitudes de archivo, resolviendo si sigue adelante con el procedimiento.
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