La Comisión Europea acusa a las plataformas pornográficas Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat de incumplir el reglamento de servicios digitales al permitir a los menores consumir pornografía. Las conclusiones “preliminares” de la investigación del Ejecutivo de la UE son contundentes. Señala que “no se evaluaron con la debida diligencia los riesgos” o que “no han aplicado medidas eficaces para impedir que los menores accedan a sus servicios”. Las compañías pueden presentar alegaciones y medidas que corrijan las ilegalidades detectadas, apunta la Comisión en un comunicado emitido este jueves. No obstante, si tras este paso las empresas siguen incumpliendo la ley, se exponen a una sanción que puede llegar hasta el 6% de su facturación anual.
Si las empresas no toman medidas eficaces, se exponen a una sanción de hasta el 6% de su facturación anual
La Comisión Europea acusa a las plataformas pornográficas Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat de incumplir el reglamento de servicios digitales al permitir a los menores consumir pornografía. Las conclusiones “preliminares” de la investigación del Ejecutivo de la UE son contundentes. Señala que “no se evaluaron con la debida diligencia los riesgos” o que “no han aplicado medidas eficaces para impedir que los menores accedan a sus servicios”. Las compañías pueden presentar alegaciones y medidas que corrijan las ilegalidades detectadas, apunta la Comisión en un comunicado emitido este jueves. No obstante, si tras este paso las empresas siguen incumpliendo la ley, se exponen a una sanción que puede llegar hasta el 6% de su facturación anual.
Junto a esta acusación, este jueves Bruselas tomado otra decisión. Ha lanzado una investigación sobre Snapchat ante la sospecha de que esta red social puede “estar exponiendo a los menores a intentos de reclutamiento para fines delictivos, e información sobre ventas de productos ilegales, como drogas, o sujetos a restricciones de edad, como cigarrillos electrónicos y alcohol”.
Hace ya casi un año que la Comisión abrió el expediente sobre estas cuatro plataformas digitales. Fue en mayo de 2025. Buscaba “evaluar riesgo y medidas de mitigación de cualquier efecto negativo sobre los derechos del niño y el bienestar físico y mental de los usuarios”. También quería conocer las “medidas para impedir que los menores accedan a contenidos para adultos, en particular mediante herramientas adecuadas de verificación de la edad”.
Pasados 10 meses, las conclusiones preliminares −acompañadas por Bruselas de la habitual advertencia de que este paso no “prejuzga el resultado final de la investigación”− son demoledoras. “Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron con la debida diligencia los riesgos que sus plataformas suponen para los menores que acceden a sus servicios”, señala la obligación que tienen la empresas propietarias de las plataformas de examinar el peligro que supone su producto. “Incluso en los casos en que se identificaron riesgos, no llevaron a cabo una evaluación exhaustiva, ya que no utilizaron metodologías objetivas. Por ejemplo, la evaluación hizo un énfasis desproporcionado en cuestiones centradas en el negocio, como el daño a la reputación, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores, tal y como exige el DSA”.
En el caso de Stripchat, XVideos y XNXX, propiedad de las europeas Technius, Webgroup Cezch Republic y NKL, respectivamente, la Comisión cree, además, que “tergiversaron o no tuvieron en cuenta sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de los niños y las herramientas de verificación de la edad”.
La evaluación de riesgos en el primer elemento que deben cumplir las consideradas grandes plataformas digitales según los criterios del reglamento de derechos digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Son las que tiene más de 45 millones de usuarios o una cantidad equivalente al 10% de la población la UE (alrededor de 450 millones de habitantes en los 27 Estados miembros). Eso obliga a los propietarios de estos servicios digitales a cumplir ex ante con unos requisitos de los que se libran los más pequeños. La lógica es que su tamaño convierte su actividad en un peligro potencial mayor.
Tras ese examen, estas plataformas debían aplicar “medidas eficaces para impedir que los menores accedan a sus servicios”. No lo han hecho, “por lo que no han protegido los derechos y el bienestar de los menores”. Indicar que el contenido “está destinado exclusivamente para adultos” cuando con un simple clic se puede consumir ese contenido no es suficiente: “La autodeclaración no es una medida eficaz”. Añade además la Comisión que “Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben aplicar medidas de verificación de la edad que respeten la privacidad para proteger a los niños de contenidos nocivos”.
Una de las características reseñables de este expediente es la nacionalidad de las empresas investigadas: Pornhub pertenece a un conglomerado canadiense; XVideos y XNXX, a un grupo checo propietario de más páginas pornográficas; el dueño de Stripchat es Technius, ubicada en Chipre. Esos pasaportes desmontan la acusación habitual de Estados Unidos cada vez que Bruselas da un paso en los expedientes e investigaciones abiertos a las grandes plataformas digitales, muchas de ellas de nacionalidad estadounidense.
La Casa Blanca o destacados portavoces de la Administración Trump suelen criticar con dureza a la UE por atacar la libertad de expresión y centrarse sobre todo en compañías estadounidenses. Esto pudo verse con la multa de 120 millones a X, antigua Twitter, el pasado diciembre. La sanción provocó la reacción del secretario de Estado, Marco Rubio, en la propia red social calificándola de “ataque” y el presidente Donald Trump dijo que era “asquerosa”.
La cuantía de esa sanción supone todo un aviso. Aunque los 120 millones de euros pueda parecer una cantidad baja tratándose del mundo digital, no lo era para X, puesto que superaba el 5% de su facturación el año anterior. Es decir, si sigue ese patrón, las empresas incumplidoras ya saben a lo que se exponen.
Sí es estadounidense Snapchat. La investigación abierta sobre la red social de videos cortos tiene varias vertientes. La primera, como en el caso de las plataformas pornográficas, indaga sobre la eficacia de la autodeclaración sobre la edad como herramienta eficaz para vetar el acceso de menores a contenidos lesivos para ellos. La segunda busca averiguar si otras salvaguardas que buscan proteger a los menores tienen efecto. Otra de las sospechas de Bruselas es que Snapchat está incumpliendo su obligación legal de mitigar los riesgos de su actividad: “Sus herramientas de moderación no parece ser efectivas para prevenir la venta de productos ilegales, como drogas, or productos vetados a menores, como alcohol o vapeadores”. Una última sería que los mecanismos de denuncia cuando se detectan este tipo de contenidos no son fáciles de utilizar.
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