La Comisión Europea ha dado este miércoles un paso sustancial frente a Israel por su guerra contra Gaza y la vulneración de los derechos humanos en el enclave palestino. El Ejecutivo comunitario ha aprobado un plan para suspender ciertos aspectos del acuerdo comercial entre la UE e Israel —que está en vigor desde hace tres décadas— y restituir los aranceles a bienes procedentes de ese país, que hasta ahora disfrutan de un trato preferente en el club comunitario. La UE es el principal socio comercial de Israel en el mundo.
La medida de presión de la Unión Europea sobre el Gobierno de Netanyahu por su guerra contra Gaza necesitará la aprobación de una mayoría cualificada
La Comisión Europea ha dado este miércoles un paso sustancial frente a Israel por su guerra contra Gaza y la vulneración de los derechos humanos en el enclave palestino. El Ejecutivo comunitario ha aprobado un plan para suspender ciertos aspectos del acuerdo comercial entre la UE e Israel —que está en vigor desde hace tres décadas— y restituir los aranceles a bienes procedentes de ese país, que hasta ahora disfrutan de un trato preferente en el club comunitario. La UE es el principal socio comercial de Israel en el mundo.
La medida, que llega cuando la situación en Gaza es ya crítica, no pretende suspender todo el flujo comercial con Israel, sino únicamente acabar con el trato preferente, y afectará sobre todo a productos agrícolas, indican fuentes de la Comisión. El plan se aplicaría sobre exportaciones por valor de unos 5.800 millones de euros (el 37% del total de las ventas de Israel a la UE), lo que implica que la reimposición de aranceles puede derivar en un coste extra de unos 227 millones de euros al año para los exportadores israelíes, según los cálculos de Bruselas.
La propuesta del Ejecutivo comunitario, liderado por la alemana Ursula von der Leyen, pasa ahora a los 27 Estados miembros de la UE: necesitará el respaldo de una mayoría cualificada de estos para salir adelante definitivamente. No hay un plazo fijado para esa aprobación final.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, uno de los altos responsables europeos más críticos con la ofensiva israelí en Gaza, ha saludado las propuestas que, ha subrayado, “no van contra el pueblo israelí”. Su objetivo, ha dicho en un mensaje en las redes sociales en el que ha dejado clara su esperanza de que salgan adelante las medidas, es “demostrar que Europa no puede aceptar las acciones del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, que han ido mucho más lejos del derecho legítimo de Israel a defenderse”.
La Comisión lanza la propuesta tras establecer que determinadas medidas adoptadas por el Gobierno israelí constituyen una violación de elementos esenciales relacionados con el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, un punto fundamental del acuerdo con la UE. Eso, dicen los expertos del Ejecutivo comunitario, faculta a la Unión a suspender el acuerdo unilateralmente. “Lamentamos tener que dar ese paso, pero creemos que es apropiado y proporcionado teniendo en cuenta la crisis humanitaria en Gaza”, ha declarado este miércoles el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.
Para llegar a esa conclusión, Bruselas pone bajo el foco en particular en el rápido deterioro de la situación humanitaria en Gaza tras la ofensiva de Israel, el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, la intensificación de las operaciones militares y la decisión de las autoridades israelíes de avanzar con el plan de asentamientos en Cisjordania, lo que socava, remarcan, aún más la solución de los dos Estados (palestino e israelí) propuesta por buena parte de la comunidad internacional.
Dentro del paquete de medidas de presión a Israel, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, propone también, por primera vez, sancionar a dos ministros israelíes (el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir), considerados extremistas. A ellos se plantea Bruselas imponerles una lista de restricciones (entre ellas, congelación de activos y prohibición de entrar en territorio comunitario) en la que ha incluido asimismo a varios miembros de Hamás y a un grupo de colonos israelíes violentos y organizaciones. Este es el punto más complejo: sacar adelante las sanciones individuales necesita la unanimidad de los Estados miembros. “El objetivo no es castigar a Israel, sino mejorar la situación humanitaria en Gaza”, ha remarcado Kallas en una rueda de prensa en Bruselas.
Bajo una intensa presión política y ciudadana, la Comisión Europea de Von der Leyen —que en los últimos meses ha recibido duras críticas por su cercanía al Gobierno de Netanyahu— dará, en primer lugar, un paso inmediato para el que no necesita el respaldo de los gobiernos de los Veintisiete: la suspensión del apoyo bilateral a Israel. Esta medida supone congelar pagos y ciertos programas bilaterales de respaldo a ese país (con excepción de los de sostén a la sociedad civil y al memorial sobre el Holocausto) y a su Ejecutivo —unos 20 millones de euros— enmarcados en los planes de apoyo a la vecindad, desarrollo y cooperación internacional.
Pero el corazón de la propuesta de Bruselas es la suspensión de algunas partes del acuerdo comercial con Israel, que data de la década de 1990. Una medida que propusieron por primera vez España e Irlanda hace año y medio ante la ofensiva militar israelí en Gaza, que ha matado ya a cerca de 65.000 civiles. Los expertos de la Comisión Europea estiman que, de todo el flujo comercial con Israel, un 37% disfruta del trato preferente en aranceles que marca el acuerdo comercial. Ese porcentaje (unos 5.800 millones de euros) es el que se vería afectado por la medida.
La iniciativa, así, no es solo simbólica, sino también práctica y potente económicamente. Afecta a la UE (ya que también los productos europeos hacia Israel afrontarían aranceles), pero sobre todo a Israel, que tiene al club comunitario como su primer socio en este ámbito (supone el 32% de su flujo comercial). No obstante, el procedimiento político y legal que se requiere para paralizar ese acuerdo que Bruselas quiere usar como palanca de presión sobre Benjamín Netanyahu puede convertir la medida en humo: el Ejecutivo comunitario pasa ahora la pelota a los gobiernos de los 27 Estados miembros, y en esa fase puede aparecer la dura oposición de República Checa, Hungría y Austria, que han sido los aliados más importantes de Israel en la UE hasta ahora.
Para que la medida salga definitivamente adelante hace falta una mayoría cualificada de países, esto es, se requiere el voto favorable de al menos el 55% de los Estados miembros (15 de 27) y que estos representen como mínimo el 65% de la población total de la UE. Eso significa que la postura de los grandes de la Unión, como Alemania, Italia y Polonia, será decisiva. Lo que haga Berlín, que se ha opuesto tradicionalmente a las medidas contra Israel, es crucial y puede movilizar a otros socios. Roma también ha sido reacia hasta ahora.
“No vamos a especular sobre si habrá o no una mayoría cualificada. Creo que la presidenta ha sido muy clara al respecto. Asumiremos nuestra responsabilidad, ella asume la suya, la Comisión y el Colegio [de comisarios] asumen la suya hoy y, por supuesto, esperamos que otras instituciones hagan lo mismo”, señala una fuente del Ejecutivo comunitario. Si la decisión sale adelante en el Consejo de la UE —por esa mayoría cualificada requerida de los Estados miembros—, Bruselas informará de ello a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y habrá que esperar 30 días a que entre en vigor, según precisa un funcionario europeo.
Bruselas, no obstante, aspira a entablar un diálogo con Israel para que respete la legislación internacional y humanitaria en Gaza, y no tener que imponer las medidas, precisan fuentes de la Comisión.
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