La Comisión Europea sigue analizando el uso de fondos europeos que, como ha certificado el Tribunal de Cuentas, hizo España para pagar pensiones. Y aunque Bruselas subraya que todavía está «revisando la información» y no hay una conclusión final, en el Ejecutivo comunitario sí se apunta a que esta operación podría ser legal.
La Comisión todavía está «revisando la información», pero incide en que «es totalmente posible que un Estado tenga que prefinanciar determinadas inversiones antes de recibir un siguiente pago»
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La Comisión Europea sigue analizando el uso de fondos europeos que, como ha certificado el Tribunal de Cuentas, hizo España para pagar pensiones. Y aunque Bruselas subraya que todavía está «revisando la información» y no hay una conclusión final, en el Ejecutivo comunitario sí se apunta a que esta operación podría ser legal.
«Es totalmente posible que un Estado miembro tenga que prefinanciar determinadas inversiones antes de recibir un siguiente desembolso del MRR. Del mismo modo, un Estado miembro también puede utilizar la liquidez procedente de los pagos del MRR para cubrir otros gastos«, explica un portavoz de la Comisión a este periódico.
«Este tipo de operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros no tienen impacto sobre los intereses financieros de la Unión ni consecuencias sobre la aplicación del MRR», añaden. La primera impresión en la Comisión, por lo tanto, es que se trata de un movimiento normal.
«El MRR desembolsa fondos a los Estados miembros tras el cumplimiento de hitos y objetivos, tal y como se establece en la Decisión de Ejecución del Consejo sobre cada Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Los hitos y objetivos comprenden tanto reformas como inversiones, y el importe de cada desembolso individual no está vinculado a los costes reales incurridos», añaden desde la Comisión.
El Tribunal de Cuenta certificó ayer que «la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
Esta afirmación generó preguntas e inquietud en la Comisión Europea, que comenzó el análisis que tiene en marcha. Y tanto el PP como Vox han trasladado preguntas parlamentarias a la Comisión para conocer la legalidad de la medida del Gobierno de Pedro Sánchez. La delegación española del Partido Popular Europeo señala, incluso, que la medida podría en realidad no ser legal.
«El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prohíbe expresamente el uso de estos recursos para cubrir gasto corriente de los Estados miembros. Por ello, miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas español han tenido que emitir un voto particular por su negativa a aprobar este informe y validar así este flagrante incumplimiento del Reglamento de estos fondos europeos«, señala una pregunta parlamentaria firmada por cinco eurodiputados del PP y que fue presentada ayer.
«¿Es conocedora la Comisión Europea del uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por parte del Gobierno español para pagar gasto corriente del Estado? ¿Qué piensa hacer ante este grave incumplimiento del Reglamento?«, prosigue el documento que está suscrito, entre otros, por Isabel Benjumea, Raúl de la Hoz o Esteban González Pons.
Y también Vox se dirigió este martes a la Comisión para conocer si «el Ejecutivo comunitario considera este desempeño del Gobierno de Sánchez una irregularidad»; «si le pedirá explicaciones»; y si «esta forma de actuación respecto de los fondos Next Generation puede acarrear una suspensión, reducción o cancelación de futuras inyecciones».
«Además, es fundamental encasillar este episodio en su debido contexto. VOX considera que este es un capítulo más del nulo respeto que Sánchez tiene por la limpieza en el uso del dinero público«, añadía la formación.
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