<p>La <strong>Comisión Europea</strong> se ha cansado de que los estados miembros, entre ellos España, le dén largas a la hora de prohibir el uso de proveedores de alto riesgo, que suelen ser los <strong>fabricantes chinos como Huawei y ZTE para Bruselas</strong> , en sus redes y ha decidido dar un golpe sobre la mesa que deja como gran víctima al sector de los operadores de telecomunicaciones. </p>
La propuesta busca hacer obligatorio el veto a proveedores de riesgo en infraestructuras críticas ante la dejadez a la hora de aplicar las restricciones voluntarias de países como España
La Comisión Europea se ha cansado de que los estados miembros, entre ellos España, le dén largas a la hora de prohibir el uso de proveedores de alto riesgo, que suelen ser los fabricantes chinos como Huawei y ZTE para Bruselas , en sus redes y ha decidido dar un golpe sobre la mesa que deja como gran víctima al sector de los operadores de telecomunicaciones.
La Comisaria Europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, presentó este martes la Ley de Ciberseguridad, un paquete legislativo que permite a Bruselas determinar qué empresas son proveedores de alto riesgo, prohíbe su presencia en infraestructuras y tecnologías críticas y obliga a los estados a cumplir con este veto..
La ley va dirigida a varias tecnologías como los coches autónomos, el software de las placas solares (otro campo donde Huawei es fuerte), la nube, la red móvil y el 5G, pero también la red fija y los servicios por satélite. El impacto en los operadores iría de 3.400 a 4.300 millones de euros durante cinco años, una factura total de hasta 21.500 millones para un sector que se encuentra en una situación generalizada de tensión económica ante la falta de retorno de sus inversiones.
Este impacto no será inmediato. La Ley tiene que pasar por los famosos trílogos, las reuniones en las que se suman el Parlamento y el Consejo Europeo y, una vez aprobada, se daría un plazo de tres años para ejecutar el reemplazo. En el Consejo es de esperar que todos los países que no han prohibido Huawei en sus redes o aplicado ninguna medida busquen formas de suavizarla.
España es uno de estos países. El Gobierno traspuso la normativa que adaptaba la llamada 5G Toolbox, el conjunto de recomendaciones comunitarias que planteaba vetar a los operadores de alto riesgo en elementos críticos de la red a finales 2023. Así, el decreto aprobado por el Gobierno contemplaba crear una lista de proveedores de alto riesgo donde se incluiría Huawei. Sin embargo, el Ejecutivo nunca ha introducido ninguna empresa en esta lista, por lo que de facto era como si el listado no existiera y de hecho, todos los grandes operadores siguen teniendo en una medida u otra presencia de proveedores chinos.
Precisamente, la Comisión cita en su exposición de motivos para sacar adelante el problyecto de ley el «estancamiento en la implantación» de estas políticas en un entorno de «crecientes amenazas»
El proyecto ha causado la salida en tromba de las dos principales asociaciones que engloban al sector Connect Europe y GSMA (global). En sendos comunicados, han subrayado que esta hoja de ruta política «debilitará el sector de forma significativa» y que «la revisión propuesta de la Ley de Ciberseguridad convierte en un reto y podría al final socavar la capacidad de los operadores europeos de actualizar las redes y cumplir con las ambiciones en conectividad del continente», respectivamente..
Existen cinco países europeos que cuentan con más de un 60% de presencia china en sus redes 5G, según los datos de un informe la firma Strand Consult del que se hace eco Político. Entre ellos están Austria, Hungria, Bulgaria, República Checa y Alemania, el mercado más grande de telecomunicaciones de Europa donde está presente Telefónica.
España, con un tercio, se sitúa en la media, lejos de países que han retirado todos los componentes como Rumanía o donde está muy limitado como Francia. La situación por operadores no obstante es distinta. Telefónica, por ejemplo, apenas tiene una pequeña parte de Huawei en la plataforma de usuario del núcleo de su red 5G, un software que gestiona y encripta la propia Telefónica y adjudicó el resto de su red a Ericsson y Nokia.
Caso contrario es el de MasOrange y Vodafone, donde la presencia del proveedor chino es mayor, especialmente en el radio, la parte más cara de reemplazar, ya que hay que ir antena a antena y en ambos la presencia es mayoritaria, de hasta un 70% en el caso de Vodafone y en torno al 50% en el caso de MasOrange.
En el último año, el operador dirigido por Meinrad Spenger ha estrechado lazos con la compañía china con la que se alió para el despliegue de su 5G Advanced y a la que adjudicó el centro de control de su red de fibra, una decisión que tendría que revisar si la ley prosperara bajo su forma actual, en una factura que se presume milmillonaria.
En este contexto, se podrían acelerar paradójicamente las operaciones de consolidación, en especial con la opción que sobrevuela el mercado de que MasOrange y Vodafone fusionen sus redes móviles en una empresa conjunta más eficiente y que mutualizaría la inversión tanto para extender el 5G como para reeemplazar estas antenas. De momento, toca esperar, ya que la Ley debe aprobarse y ,para ello, es probable que aún haya giros en su texto.
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