<p>Aumenta la tensión entre el <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/consejo-general-del-poder-judicial.html»>Consejo General del Poder Judicial</a> (CGPJ) y el Ministerio de Justicia a cuenta de los tribunales de instancia. Después de que el secretario de Estado de Justicia, <strong>Manuel Olmedo</strong>, enviara el pasado viernes una carta a la presidenta del órgano,<strong> Isabel Perelló</strong>, para reclamarle de forma urgente información sobre la aprobación de cuatro reglamentos relacionados con los tribunales de instancia y afearle que hagan peligrar la citada reforma legal, el Consejo respondió ayer al Gobierno de forma tajante.</p>
La presidenta del Supremo niega por carta hacer peligrar reforma legal alguna
Aumenta la tensión entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia a cuenta de los tribunales de instancia. Después de que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, enviara el pasado viernes una carta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, para reclamarle de forma urgente información sobre la aprobación de cuatro reglamentos relacionados con los tribunales de instancia y afearle que hagan peligrar la citada reforma legal, el Consejo respondió ayer al Gobierno de forma tajante.
En una carta firmada por su secretario general, Miguel Hernández Serna, «en nombre de la presidenta del Tribunal Supremo y el Poder Judicial», el CGPJ respondió al Gobierno que «la ausencia de nuevos textos reglamentarios completamente adaptados a la estructura y nomenclatura» de la Ley Orgánica que regula los tribunales de instancia «no impedirá al Consejo ejercer sus competencias». Asimismo, Perelló defendió que el órgano que dirige «ha cumplido a tiempo con las encomiendas expresas del legislador».
En la misiva, conocida por EL MUNDO, la presidenta del CGPJ insistió en que su preocupación es que la reforma legal impulsada por el Ministerio de Justicia «impacte lo menos posible en los destinatarios de la actividad jurisdiccional, que son los ciudadanos».
Los tribunales de instancia son los órganos que han asumido las competencias de los juzgados unipersonales en asuntos del orden jurisdiccional civil, instrucción de los procesos penales o el enjuiciamiento de delitos leves. Su implantación se está llevando a cabo en tres fases, entrando el próximo 31 de diciembre en funcionamiento los últimos de estos órganos, según recoge la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Por otro lado, Perelló respondió al Ejecutivo que «el Consejo está dedicando todos sus esfuerzos a que la transición al nuevo modelo de organización judicial sea ordenada y fluida y afecte lo menos posible a la prestación de la actividad jurisdiccional».
Destaca que constituyó el pasado 18 de marzo un grupo de trabajo para preparar y monitorizar el despliegue de los tribunales de instancia, desde la perspectiva del Poder Judicial. «Este grupo de trabajo preparó las instrucciones 1/2025 y 2/2025 aprobadas por el Pleno del Consejo el pasado 23 de junio y ha estado en permanente contacto con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Sin ir más lejos, el pasado día 8 de octubre se celebró en la sede del CGPJ una reunión de trabajo entre los miembros del Pleno del Consejo y estos dieciocho presidentes, que pusieron de manifiesto algunas incidencias que habían detectado en las fases I y II de implantación de los tribunales de instancia que consideraban oportuno trasladar al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia en la materia, a fin de procurar que la trasformación sea un éxito», abunda la carta.
En este sentido, la misiva añadía que ayer mismo se reunió el grupo de trabajo -integrado por los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José María Fernández Seijo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Hugo Preciado y Esther Rojo– para preparar un documento con estas observaciones recabadas de primera mano por los presidentes de TSJ que «el Consejo remitirá, a la mayor brevedad, al Ministerio de Justicia».
De igual manera, la presidenta recalcó que, desde el inicio de este mandato, «el Consejo ha considerado esencial reformar los citados reglamentos, no tanto para modificar las nomenclaturas empleadas (por ejemplo, sustituir juzgado por plaza o sección), sino para adaptar su texto a los cambios normativos producidos en las últimas décadas, ya que todos estos reglamentos fueron aprobados hace más de diez años, y algunos hace casi cuarenta».
Pero el órgano de gobierno avisa: no renunciará a sus competencias. Isabel Perelló hace referencia a otra carta, fechada el 19 de junio pasado, enviada al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que la presidenta ya aseguró que la Ley de los tribunales de instancia «no precisa de desarrollo reglamentario por el Consejo, y la ausencia de nuevos textos reglamentarios completamente adaptados a la estructura» y añadía que la «nomenclatura de la citada Ley Orgánica 1/2025 no impedirá al Consejo ejercer sus competencias, como viene haciendo, por ejemplo, con el nombramiento de los Presidentes de Tribunales de Instancia aun no existiendo una regulación reglamentaria actualizada».
Por último, la misiva enviada ayer recoge que la previsión es que el nuevo reglamento, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales para garantizar el cumplimiento del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos judiciales de carácter discrecional, pueda aprobarse definitivamente por el Pleno del Consejo en el próximo mes de diciembre.
En cuanto a los reglamentos de carrera judicial, de órganos de gobierno y de aspectos accesorios, la previsión es que puedan aprobarse provisionalmente y enviarse a informe del Ministerio y resto de entidades interesadas, en la misma fecha, según el órgano de gobierno de los jueces.
«Debo terminar esta carta expresando en nombre de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial su rechazo a la manifestación contenida en tu carta de que la falta de aprobación definitiva de estos reglamentos del Consejo el día 31 de diciembre de 2025 pueda afectar seriamente a la implantación de los Tribunales de Instancia», concluye el texto en respuesta al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
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