<p class=»ue-c-article__paragraph»>El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró ayer por mayoría a los magistrados <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/07/23/68809b0621efa020098b4586.html»>Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas</a> como presidentes de la Sala Penal y Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Estas designaciones son de suma importancia dentro de la cúpula judicial ya que serán las personas que dirijan en un momento especialmente delicado para la Justicia, por los ataques políticos que reciben sus miembros, las dos Salas clave del Alto Tribunal.</p>
El CGPJ nombra a los magistrados Lucas y Arrieta presidentes de las Sala III y II
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró ayer por mayoría a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de la Sala Penal y Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Estas designaciones son de suma importancia dentro de la cúpula judicial ya que serán las personas que dirijan en un momento especialmente delicado para la Justicia, por los ataques políticos que reciben sus miembros, las dos Salas clave del Alto Tribunal.
La Sala Segunda investiga a los aforados nacionales, como lo son en la actualidad el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por amañar obra pública en el seno del Gobierno, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, la Sala Tercera es la encargada de revisar las decisiones del Consejo de Ministros.
Además, estos nombramientos no suponen sólo una derrota del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces -que lo es sin paliativos- sino también del Gobierno de Pedro Sánchez ya que durante muchos meses en el Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños, se hizo una defensa a ultranza de las candidaturas de las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, pese al perfil progresista de Lucas y moderado de Martínez Arrieta. El Gobierno no escondió que no los quería de presidentes de Sala.
Los nombramientos de los candidatos del sector conservador llegan tras la retirada de las candidaturas de las magistradas Ferrer y Teso. Ambas juezas decidieron la semana pasada dar un paso atrás ante la imposibilidad de que ambos bloques del Consejo lograran un acuerdo con el consiguiente daño institucional que se estaba produciendo en sus respectivas Salas. Sabían que el grupo conservador del CGPJ había señalado en reiteradas ocasiones que «jamás» las apoyaría por lo que la situación de bloqueo era total.
En el caso de Martínez Arrieta contó ayer con el respaldo de 15 vocales del Pleno mientras Pablo Lucas obtuvo 16 votos, diez de ellos del bloque conservador. La presidenta Isabel Perelló también votó a ambos. Además, no hubo votos en contra sino abstenciones entre quienes no han querido mostrar su apoyo a sendos magistrados. En el sector progresista del Consejo hay malestar interno. También falta de unidad mientras que los conservadores han operado desde el primer día de mandato del órgano como un grupo unido y cohesionado.
Todo el bloque progresista, menos el vocal Carlos Hugo Preciado que votó a favor del nombramiento de Pablo Lucas, firmó una nota ayer para explicar por qué ha actuado de esta forma. En el escrito, expusieron que han propiciado los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas por «lealtad institucional», enfatizando que «en ningún momento» han dudado de «su valía» como magistrados.
Más allá de las designaciones efectuadas ayer, el cómputo total de los nombramientos discrecionales llevados a cabo por este Consejo en el primer año de mandato demuestra que han sido designados una abrumadora mayoría de magistrados conservadores frente a progresistas. Fuentes jurídicas sitúan en el 68 por ciento y, otras en más del 70, los jueces de sensibilidad conservadora que han sido aupados a puestos estratégicos de la cúpula judicial: presidentes de Sala y magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional, de distintos Tribunales Superiores de Justicia, etc. Otras fuentes, si bien admiten que los conservadores han copado la mayoría de plazas clave de la cúpula judicial, rebajan el porcentaje a un 60 por ciento del total de los nombramientos.
El CGPJ que preside la progresista Perelló ha realizado 161 nombramientos, de los que 68 han recaído en candidatas mujeres, lo que representa el 42,2 por ciento del total. Dentro del grupo de consejeros nombrado a propuesta del PSOE estas cifras se perciben como la «pérdida de una oportunidad histórica» ya que, por ejemplo, de los cuatro presidentes de Sala que ha elegido este CGPJ sólo una es mujer, Concepción Ureste (presidenta de la Sala Cuarta).
Por otro lado, el órgano de gobierno de los jueces realizó ayer otros 24 nombramientos, además de Martínez Arrieta y Lucas: tres magistrados de la Sala Tercera del Supremo; las presidencias de los TSJ de Andalucía y Aragón; las de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Cataluña y de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; y las de las Audiencias Provinciales de Albacete, Baleares, La Coruña, Málaga, Soria, Valencia, Jaén, Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Castellón.
Fueron designados magistrados de la Sala de lo Contencioso del TS, el fiscal de Sala y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, así como a las juristas Margarita Beladiez Rojo y Dolores Rivera Frade. Por su parte, Lorenzo del Río (miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria) continuará como presidente del TSJ de Andalucía mientras el conservador Juan José Carbonero (miembro de Asociación Profesional de la Magistratura) ha sido designado presidente del TSJ de Aragón. Asimismo, fueron retirados del orden del día el nombramiento de dos magistrados de la Sala Quinta del Alto Tribunal por falta de acuerdo entre progresistas y conservadores.
Por último, el Pleno designó nuevo director de la Escuela Judicial al magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco Segura, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.
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