<p>Finaliza la <a href=»https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/03/16/69b7e0a821efa060298b4582.html» target=»_blank»>segunda semana de paro nacional de médicos</a> sin atisbo de desbloqueo en las posturas distantes entre el Ministerio de <a href=»https://www.elmundo.es/t/sa/sanidad.html» target=»_blank»>Sanidad</a> y el Comité de Huelga. En los últimos cinco días, <a href=»https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/03/17/69b98dd5fc6c83711d8b456e.html» target=»_blank»>los socios del gobierno, PNV y Junts</a>, junto a <a href=»https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/03/20/69bd216021efa0822d8b45a3.html» target=»_blank»>las CCAA, han pedido que «se negocie por el bien de los pacientes y la factura que pagan las autonomías</a>».</p>
El conflicto por el Estatuto Marco se recrudece tras diez días de paros. Mientras el Ministerio se remite al Foro de la Profesión y a las competencias autonómicas, regiones como Madrid y Castilla y León ya contabilizan pérdidas millonarias y miles de intervenciones suspendidas
Finaliza la segunda semana de paro nacional de médicos sin atisbo de desbloqueo en las posturas distantes entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga. En los últimos cinco días, los socios del gobierno, PNV y Junts, junto a las CCAA, han pedido que «se negocie por el bien de los pacientes y la factura que pagan las autonomías».
Por un lado, la postura del departamento que dirige Mónica García está enrocada en tres pilares: «Sanidad ha llegado al límite de la legalidad en la negociación del Estatuto Marco con el Comité«; «las CCAA, en el marco de sus competencias, pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios»; y, «ya existe un espacio legítimo y plenamente operativo de diálogo, el Foro de la Profesión Médica, donde están representadas las principales organizaciones del colectivo».
Al otro lado de la mesa, el Comité de Huelga sigue esperando la llamada del Ministerio para sentarse a negociar. Durante la última concentración de la semana, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, pidió ayer a Sanidad y a la Comunidad de Madrid que organicen reuniones oficiales con los comités de huelga para «tratar de impedir» llegar a la siguiente semana de abril, aunque les ha lanzado una advertencia: «Si hay que llegar, llegaremos, porque esto no se puede parar».
Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se cifra el seguimiento de entre un 80% en hospitales y un 50% en atención primaria como media de las distintas CCAA, y con especial incidencia en servicios como Anestesiología y Reanimación y entre los médicos residentes. Sin embargo, la media del seguimiento que dibujan las consejerías es inferior, poco más del 15% de media.
En medio de todo, tres CCAA han intentado dar un paso en la mediación del conflicto. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explicó ayer esta iniciativa. «El Gobierno de Castilla-La Mancha, en coalición con Canarias y con el País Vasco, ha remitido una petición formal al Ministerio de Sanidad para que no se eternice la huelga de los médicos». A su juicio, puede «haber discrepancias, pero lo que no se puede entender es que no se hable porque al final los que lo estamos pagando somos las comunidades con suspensiones de operaciones, de intervenciones y de pruebas diagnósticas».
También desde Cantabria se pedía esta semana que a Mónica García que «ejerza de ministra y se siente a negociar, que es su obligación». El consejero de Cantabria, César Pascual, opinaba que ella es «la responsable» de la huelga médica, que «está haciendo un daño muy importante al SNS«. Pascual advertía de que se corre el riesgo de volver a unas listas de espera similares a las de la pandemia de covid.
Joseba Andoni Agirretxea, el portavoz del PNV, advirtió el martes, durante la Comisión de Sanidad en el Congreso, de que «igual que está el derecho a la huelga, está la obligación de negociar». También aprovechó su intervención para reprochar a García que «algo tendrá que hacer porque dejar pasar el tiempo no es la solución». Y recordó que no debe dejar la pelota en el tejado de los pacientes, «mientras las comunidades no somos competentes, pero sufrimos la falta de acuerdo».
Pilar Calvo, de Junts, también fue muy crítica con la ministra por este y otros temas relacionados con el anteproyecto de ley de Gestión de la Sanidad Pública. «Usted y el Gobierno tienen a los médicos en pie de guerra» y recriminó a García que el Estatuto Marco afecta a las competencias de las comunidades y que les diga que sean ellas las que resuelvan los problemas.
Mientras siguen los paros, la cifra de la factura la van dibujando los datos de las consejerías de sanidad, todavía preliminares en algunos casos a falta del cierre de ayer viernes. Por ejemplo, en Castilla y León, los cinco días de huelga han obligado a suspender 52.124 consultas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas. En la Comunidad de Madrid, cifran en ocho millones de euros el impacto económico de la huelga, por la suspensión de unas 130.000 consultas externas, 13.000 pruebas diagnósticas y 6.000 cirugías. La factura económica sumaba 5,5 millones de euros. Una cifra que la propia consejera Fátima Matute elevó hasta los 6,3 millones el pasado mes de febrero en la primera tanda de paros médicos.
En Baleares, ha provocado la suspensión de un total de 19.194 actuaciones sanitarias entre consultas y pruebas diagnósticas en el conjunto del archipiélago. La mayoría han sido visitas de atención primaria, 9.547. En el acumulado desde que los médicos comenzaron a hacer huelga, el IBSalut ha tenido que reprogramar un total de 51.844 actuaciones médicas.
En Andalucía, el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, cifraba esta semana en 77 millones de euros el impacto económico total en las dos huelgas que, hasta la fecha, han secundado los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta cuantía englobaba el coste de tener que reprogramar los más de 500.000 actos asistenciales (consultas y cirugías) que se han perdido desde el inicio de las protestas. Solo en la primera fase de paros en febrero (del día 16 al 20 de ese mes), la factura ya alcanzaba los 39,4 millones.
Desde Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ya señaló en febrero que el impacto económico sería de un millón de eurospor cada semana de huelga y habría que tener en cuenta el coste de las horas extraordinarias necesarias para recuperar la actividad perdida solo en esa semana.
Bancalero ha puesto sobre la mesa el concepto de «gasto añadido por duplicidad», detallando que el retraso y suspensión de alguna de las actividades asistenciales obliga a repetir pruebas diagnósticas y analíticas que caducan, lo que eleva la factura por encima de los balances de febrero. Así, los daños de esta semana han supuesto la suspensión de mil operaciones y 15.000 consultas y ha elevado el coste por encima del millón de euros.
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