<p>»Chantajes». «Presiones». «Ilegalidades». A estas acusaciones se ha llegado en las últimas horas entre las empresas del transporte escolar en <strong>Extremadura</strong> y la <strong>Consejería de Educación</strong> mientras 5.000 alumnos, sobre todo de las zonas rurales, continúan <a href=»https://www.elmundo.es/espana/extremadura/2025/09/12/68c46022fc6c8393638b45b5.html»>sin poder acudir a sus clases</a> por cuarto día consecutivo desde que comenzó el nuevo curso escolar el pasado jueves.</p>
Un total de 223 rutas escolares no se cubren por falta de acuerdo económico mientras se producen graves acusaciones entre ambas partes, que hablan de «presiones», «ilegalidades» e «intimidaciones»
«Chantajes». «Presiones». «Ilegalidades». A estas acusaciones se ha llegado en las últimas horas entre las empresas del transporte escolar en Extremadura y la Consejería de Educación mientras 5.000 alumnos, sobre todo de las zonas rurales, continúan sin poder acudir a sus clases por cuarto día consecutivo desde que comenzó el nuevo curso escolar el pasado jueves.
La falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y varias empresas del sector que no se presentaron a la última licitación por considerar insuficiente la oferta económica ha dejado sin cubrir a 223 rutas diarias, sobre todo en las zonas rurales de esta comunidad autónoma. El lunes parecía cercano el acuerdo tras un fin de semana intenso con negociaciones entre las partes, comprometiéndose la administración a retirar la denuncia por vía penal que había realizado contra las empresas. De hecho, al mediodía, la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, convocó a los medios para anunciar el desbloqueo de las negociaciones, pero todo terminó dinamitándose y se pasó a un grave cruce de acusaciones entre las partes. Mientras, el caos sigue siendo generalizado para los niños, familias y profesores, sobre todo en las zonas rurales..
Ante la situación generada, parte de las propias familias afectadas son las que estén llevando a sus hijos en sus coches particulares. Como consecuencia de ello, la Junta les aseguró que les iba a cubrir los gastos con el abono de 0,26 euros por kilómetros. Estas ayudas, que serán de concesión directa y estarán operativas hasta que se restablezca la total prestación de las rutas de transporte en la comunidad, tendrán en cuenta dos recorridos por día lectivo (uno de ida y otro de vuelta entre el domicilio familiar y el centro educativo en el que se encuentran matriculados). Además, la Junta ha propuesto clases telemáticas hasta que se resuelva el conflicto del transporte, a lo que se han negado, de manera generalizada, los sindicatos docentes. La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha anunciado hoy que recurrirá el auto de un juzgado de Mérida que ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de la Administración regional para obligar a varias empresas de transporte escolar a reanudar sus servicios, dentro de la denuncia interpuesta por incumplir supuestamente un acuerdo marco suscrito con el sector en 2024.
Mientras tanto, la tensión entre el sector del transporte y la Consejería de Educación es manifiesta. Las más de 40 empresas que no se han presentado a los últimas concursos han asegurado este martes que el motivo del conflicto es el «grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la Administración y las operadores» y han matizado que nunca han reclamado nada «ilegal», respondiendo así a las acusaciones vertidas por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, quien aseguró que la administración regional había aceptado todas las reivindicaciones del sector salvo firmar «compromisos contrarios a la ley». Las empresas señalan que estas acusaciones son «falsas».
Este colectivo ha explicado en un comunicado que, tras meses de diálogo, el 12 de marzo de 2025 Vaquera entregó a estas empresas un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas la modificación del acuerdo marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas. «En un acto de buena fe, confiando en la palabra de la consejera, y bajo un claro compromiso con los miles de usuarios del transporte escolar y sus familias, las empresas aceptaron la formalización de contratos menores con el único objetivo de poder finalizar el curso escolar 2024/25, a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento», han indicado. El documento recogía que este mes de septiembre, con el inicio del curso escolar de este curso, se pondrían en marcha las nuevas condiciones. «La sorpresa y el engaño llegaron cuando la Consejería les comunicó que continuarían adelante con la tramitación del acuerdo marco sin realizar en él modificación alguna, incumpliendo con ello lo prometido, acordado e incluso firmando tan solo unos meses atrás», han criticado estas empresas.
Durante las negociaciones mantenidas este pasado fin de semana, aseguran que «habían alcanzado de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad y ofrecían una base de entendimiento para avanzar en la resolución del conflicto». Sin embargo, la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron, según su versión, «que esos puntos pactados no figuraban en el texto». Esta situación, unida a los «reiterados incumplimientos previos por parte de Educación», ha terminado por «minar» la confianza del sector, que considera que «la Administración carece de seriedad y compromiso real para con sus interlocutores».
Además, han lamentado que han estado «meses» sin abonarse los servicios de transporte escolar debidamente realizados, «poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores, ya que algunos transportistas aún tienen parte de la deuda del curso pasado sin cobrar».
En este contexto de tensión, las empresas denuncian que «en la tarde noche del pasado jueves 11 de septiembre de 2025, varios supuestos empleados públicos se presentaron en los domicilios particulares de distintos empresarios del transporte con intenciones desconocidas. Aunque fueron identificados, ninguno de ellos llegó a ser atendido, lo que generó inquietud y desconfianza entre las familias afectadas», han desvelado. A este episodio se suma lo ocurrido en la noche de ayer, «cuando algunas compañías recibieron llamadas telefónicas en las que se las presionaba de manera directa para que retomaran de inmediato el servicio de transporte escolar, llegando incluso a amenazarlas con emprender acciones legales si no se presentaban a realizar los trayectos». A su juicio, estas actuaciones «evidencian una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la Consejería y aleja cualquier posibilidad de diálogo constructivo». A pesar de su malestar, se han mostrado abiertas a negociar, aunque para ello «es fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio», y que la consejera cumpla con todos los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector, incluido el del pasado 12 de marzo de 2025.
La versión de la Consejería de Educación es completamente diferente. Así, la consejera expuso ayer que las empresas han reclamado los últimos días que la Junta de Extremadura desista de ejercitar la acusación particular en la denuncia presentada contra ellas por «coacciones» y que renuncie a presentar recurso contra el auto judicial que rechaza las medidas cautelares solicitadas.
En segundo lugar, la adjudicación directa de las rutas a las mismas empresas que prestaron el servicio el curso pasado, con un aumento del precio que supondría un gasto de más de 1,5 millones de euros más, según ha precisado Vaquera. Finalmente, el compromiso de atender «todas las reivindicaciones de distinto índole», salvo las que no se ajustaban a la legalidad, lo que ha provocado, ha dicho, que finalmente las empresas no suscriban el acuerdo. En este sentido, puso como ejemplo la autorización de vehículos para el transporte escolar, el cambio de categoría de rutas e itinerarios, las plazas de movilidad reducida o la antigüedad de los autobuses.
Vaquera ha recalcado que «la previsión, la coordinación, la gestión y la dotación económica» depende de ellos, pero la prestación última del servicio depende de las empresas, que son las que tienen los medios humanos y materiales
La consejera ha insistido en que la Junta ha ejercido su responsabilidad desde el primer momento, como refleja el acuerdo marco firmado en 2024, que supuso un aumento del precio en más de 16 millones de euros y que fue rubricado por las empresas por unanimidad, y el que haya usado todos los medios administrativos y jurídicos a su alcance para resolver el conflicto. Vaquera ha hecho un llamamiento a las empresas, sobre todo a las que quieran firmar el acuerdo, para que «empaticen» con las familias. A su juicio, esto no se trata de «un pulso con la Administración», ya que afecta a un derecho fundamental.
Por su parte, ha dicho que lamenta «de todo corazón» el problema que tienen las familias y ha pedido «comprensión», porque llevan mucho tiempo trabajando para solucionarlo y porque está situación no la ha provocado la administración. La consejera se ha mostrado abierta a seguir negociando, siempre bajo el amparo de la legalidad, pero no se han emplazado a un nuevo encuentro.
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